El panorama criminal de Arauca por cuenta de las disidencias de las Farc y Eln

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Al menos 15.000 personas residentes de cuatro comunas ubicadas en el sur de Arauca están en inminente riesgo por cuenta de los grupos al margen de ley que derivan sus rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal. Se trata del ELN y los frentes de las antiguas FARC-EP, 28 y Décimo Martín Villa, quienes han adelantado homicidios selectivos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamientos, extorsiones y amenazas.

Estas acciones violentas amenazan con incrementarse en 2021, expresó el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que los sectores poblacionales más afectados, que han sido blanco de los grupos armados son los niños, adolescentes, mujeres, población migrante venezolana, líderes sociales y políticos o exmandatarios, así como algunos miembros de la población con orientación sexual
e identidad de género diversa.

“Estos grupos armados no estatales aprovechan las condiciones fronterizas del territorio araucano que limita con el Estado Apure venezolano a través del cauce del río Arauca, para sacar ventajas del factor sorpresa cuando realizan incursiones o ataques contra la Fuerza Pública o contra personas de la población civil. Esta ubicación también les facilita ocultar sus unidades o comandos ante la reacción de las autoridades”, expresó el documento del órgano defensor.

Lo anterior, según las autoridades, es el modus operandi de las estructuras que buscan el dominio del territorio.

UN LUGAR APETECIDO POR LOS GRUPOS ILEGALES

La jurisdicción del municipio de Arauca limita al norte con la margen derecha del río Arauca, que divide a Colombia y Venezuela. Al frente, en la otra orilla del río Arauca, se encuentra la población de El Amparo, jurisdicción del Estado Apure venezolano, conectadas por el Puente Internacional José Antonio Páez, único paso terrestre para el tránsito de personas vigilado por las autoridades migratorias de esta jurisdicción fronteriza binacional.

En Arauca, una vez se adelantó el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, el ELN abarcó las zonas que en el pasado estuvieron bajo influencia de la extinta guerrilla, con la intención de tener dominio de la región, esto pese a que dicha estructura también adelantaba conversaciones de paz con el Gobierno, sin embargo, la ruptura de las mismas llevó a intensificar su accionar contra la Fuerza Pública, imponiendo control social y territorial en las zonas aledañas de los corredores de movilidad fronterizo.

Respecto a la recomposición de las disidencias de las antiguas FARC, el informe tiene registró que fue a partir del segundo trimestre del 2018, en el que se evidenció la reagrupación y conformación de estructuras que se declararon disidentes de las negociaciones, y terminaron resurgiendo en las armas. Estas estructuras, inicialmente, recibieron apoyo del ya conformado Frente Primero, en Guaviare y sur del Meta, reinstalando lo que anteriormente las FARC llamó Frente 10, denominado ahora como ‘Martín Villa’. El posterior fortalecimiento de este Frente le ha permitido extenderse en todo el departamento.

De ahí el recrudecimiento de la guerra y el conflicto en esa zona del país, pues los lugares periféricas de Arauca, donde los residentes conviven en altas condiciones de vulnerabilidad ambiental y precariedad socioeconómica, son áreas que precisamente coinciden con puntos de acceso al rio y, por lo tanto, cruzar con relativa facilidad la línea internacional resulta ser de ventaja para los grupos al margen de la ley.

Cabe mencionar que las dinámicas estratégicas de la zona permiten el ocultamiento de milicianos y combatientes del ELN y disidentes de las antiguas FARC, por lo que este lugar se convierte en el escenario perfecto para mantener su actividad ilícita de vigilancia, control social y extorsiones sobre la población. Del mismo modo, las condiciones sociales de pobreza se han convertido en su mejor aliado para tener dominio sobre la comunidad.

La falta de capacidad institucional por parte del Gobierno, no solo frente a las necesidades básicas, sino en medio de la emergencia por el COVID-19, ha fomentado que los grupos ilegales aprovechen la situación para utilizar el territorio como corredor de movilidad, ocultamiento de sus miembros, realización de actividades ilícitas como el contrabando, el aprovisionamiento, la movilidad y zona de descanso.

LAS AMENAZAS

Las mencionadas acciones desplegadas por las estructuras al margen de la ley ha dejado, según la Defensoría, hechos violentos en contra de la población civil y la fuerza pública que se han registrado con más fuerza a partir de diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021.

El reporte da cuenta que los hechos registrados permiten inferir que ante los avances y operaciones que adelantan las autoridades en la ribera araucana, tanto de control de migrantes, decomiso de mercancías de contrabando, captura de delincuentes, patrullajes y demás operativos de vigilancia y control, los grupos subversivos, en retaliación, han desatado una nueva oleada de ataques contra la Fuerza Pública y contra personas que consideran no cumplen las imposiciones que han establecido en los sectores urbanos y rurales, como es el relacionado con el consumo y expendio de sustancias psicoactivas.

A juicio del órgano defensor, la alta informalidad económica que padece esta zona fronteriza del país ha permitido que su población tenga contacto directo con actuaciones ilegales como lo son el contrabando de combustibles, alimentos, víveres, semovientes, carnes, queso, pescado y autopartes. “Esto vincula un gran número de personas que encuentran en estas actividades la forma de obtener los ingresos para vivir, particularmente personas de doble nacionalidad o de nacionalidad venezolana, que intentan vender cualquier producto que les represente obtener dinero colombiano y aprovechar las ventajas de la tasa de cambio existente entre el peso (COP) y bolívar (VES)”.

Si bien, las autoridades locales tienen claro que las posibilidades de obtener recursos lícitos se convierte en un reto imposible de superar, y que, básicamente, los pobladores deben someterse a las dinámicas propuestas por los grupos al margen de la ley, estas no escatiman en adelantar labores que terminan generando un malestar social, que posteriormente, culmina propiciando ataques contra miembros de la Fuerza Pública colombiana o contra sus instalaciones a través de ataques terroristas e instalación de artefactos explosivos improvisados.

“Ahora bien, el malestar social que genera la inseguridad ciudadana por los reiterados raponeos, robos a mano armada y demás contravenciones que afectan a los habitantes de la ciudad de Arauca, como también el extendido consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y el creciente narcomenudeo de dichos estupefacientes, son conductas que los miembros de estos grupos armados no estatales sancionan de forma ejemplar a través de homicidios o atentados contra la integridad personal”, reposa en el documento de la Defensoría.

Cabe mencionar que los miembros del ELN y disidentes en su lógica político-militar, consideran necesarias estas acciones para legitimarse e imponer su orden violento ante la población local, quienes perciben en las autoridades administrativas, judiciales y policiales, poca o mínima efectividad para controlar la problemática social relacionada con la drogadicción, la inseguridad ciudadana, la indigencia y demás problemas exacerbados por la creciente migración de ciudadanos venezolanos.

LOS HOMICIDIOS DE VENEZOLANOS

El Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal reportó para el 2020 un total de 25 homicidios ocurridos en el municipio de Arauca.

De acuerdo con la información suministrada por la Seccional Arauca del órgano forense, el 60% de los homicidios, es decir 15 registrados en ese año, fueron perpetrados en el marco de la violencia sociopolítica o del conflicto armado interno. De este porcentaje, seis de los cuerpos presentaban signos de tortura y nueve de las víctimas, tenían nacionalidad venezolana o considerados población migrante.

Algunos de estos homicidios fueron perpetrados en las áreas de la periferia urbana de Arauca. Se registran los barrios Cabañas del Rio y Santa Fe, los asentamientos humanos informales de Brisas del Puente, inmediaciones al Puente Internacional José Antonio Páez y de la vereda Monserrate, ambos asentamientos ubicados sobre la ribera del rio Arauca, frente a la margen venezolana.

Esta situación fue registrada en una Alerta Temprana emitida por el órgano defensor cuando se dijo que “el riesgo en el que se encuentran los ciudadanos venezolanos que han migrado al municipio de Arauca, se encuentra relacionado con las amenazas contra su vida e integridad física por parte de los grupos armados ilegales como el ELN y las presuntas disidencias de las FARC, en sectores como la vereda Barrancones, Monserrate y asentamientos humanos informales como Brisas del Puente y Llano Alto, donde se registran altos índices de violencia”.

Las más recientes cifras dan cuenta que en un lapso de 22 días, es decir desde el 31 de enero al 21 de febrero del año en curso, Arauca registró el homicidio de nueve personas, entre ellas población migrante.

• El 21 de febrero, en el asentamiento humano informal conocido como El Recreo, inmediaciones al puente Internacional José Antonio Páez, zona periurbana del municipio de Arauca, fue asesinado Wilson Vivas, quien se dedicaba al transporte informal como mototaxista.

• El 18 de febrero en el sector conocido como Pescadito, zona periurbana del municipio de Arauca perteneciente al barrio 1 de enero, fue atacado con arma de fuego un hombre, de acuerdo con las autoridades en un posible ajuste de cuentas dentro de disputas territoriales por el control de tráfico y venta de estupefacientes.

En los hechos falleció un adulto y un menor de 5 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en inmediaciones al lugar del atentado.

• El 14 de febrero, fue hallado a orillas del río Arauca en el sector del Malecón Ecoturístico de la Avenida Quinta, y a pocos metros del Puente Internacional José Antonio Páez, el cadáver de una mujer, al parecer de nacionalidad venezolana y quien habría sido estrangulada y atacada con arma corto punzante.

• El 9 de febrero dos hombres fueron asesinados en el sector conocido como La Mediagua en el barrio Los Libertadores. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, estas personas eran hermanos, procedentes del municipio de Arauquita y habrían sido retenidos, llevados a territorio venezolano, trasladados por canoa por el rio Arauca y posteriormente asesinados. Los cuerpos presentaban signos de tortura.

• El 4 de febrero fue asesinada una persona de sexo masculino en el asentamiento humano informal El Refugio, en inmediaciones del Puente Internacional José Antonio Páez. En el cuerpo sin vida de esta persona fue dejado un escrito “Plan Pistola”.

• El 31 de enero fueron asesinados con arma de fuego dos personas de sexo masculino pertenecientes a la comunidad LGTBI. El hecho se registró en el barrio Los Libertadores, zona de frontera con el Estado Apure – Venezuela.

LO QUE SE DEBE HACER

Por las constantes amenazas que se ciernen en esa zona del país, la Defensoría del Pueblo solicitó a la
Policía, la Armada y el Ejército en coordinación con la Alcaldía Municipal de Arauca y la Gobernación de Arauca, reforzar las medidas de seguridad para prevenir de forma eficaz e inmediata atentados contra la vida e integridad física de la población civil.

Del mismo modo, la fuerza pública debe coordinar y realizar acciones urgentes que logren contrarrestar las acciones de los grupos armados que tienen presencia en el área urbana y peri-urbana del municipio. Además, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía Municipal deben evaluar la efectividad de los dispositivos y estrategias creados para mitigar el contexto de amenaza y violencia existente, así como el riesgo representado en los grupos armados, y realizar las acciones de seguimiento.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Arauca, deberá definir y adoptar medidas prioritarias urgentes encaminadas a la protección de derechos de niños, la Personería Municipal, por su parte, debe realizar acompañamiento, seguimiento y vigilancia a las acciones de los organismos competentes del orden local, de acuerdo con lo reseñado en las alertas emitidas por la Defensoría.

La Fiscalía deberá impulsar las investigaciones que se adelantan por amenazas y atentados contra la vida de la población civil afectada por las acciones violentas de los grupos armados principalmente aquellos atentados contra líderes de defensores de derechos humanos.

BOGOTÁ (Colprensa).

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