Vacunación privada, ¿sí o no?

¿Debe permitirse a empresas privadas que compren vacunas y las suministren a sus trabajadores? ¿Se pueden brincar las prioridades y principios del plan nacional de vacunación para favorecer a unos privilegiados porque tienen la plata para hacerlo?

Mi respuesta es un sí condicionado. Sí, siempre y cuando el plan oficial no se perjudique; es decir, que no se reduzcan las dosis disponibles para el Gobierno ni se usen recursos logísticos (congeladores, jeringas, etc.) asignados a ese plan.

Estoy convencido de que la distribución mundial de las vacunas ha sido uno de los grandes fracasos éticos de la historia reciente, una injusticia flagrante. Así como la pandemia y su manejo desnudaron y agudizaron las desigualdades de la sociedad, afectando mucho más a los más pobres, la producción y distribución de las vacunas ha mostrado y consolidado el poder los ricos.

Ante una pandemia las vacunas deberían ser un bien público global, al que todos los países tuvieran la misma posibilidad de acceder. La realidad ha sido muy distinta: el monopolio de las patentes, el poder absoluto de las farmacéuticas para imponer sus condiciones y el nacionalismo de las vacunas han llevado a la ley de la selva donde el más fuerte (es decir, con más plata) es el que consigue las vacunas.

Si esta es la situación de injusticia e inequidad, ¿la compra de vacunas por empresas privadas no la empeora? No, si se cumplen las dos condiciones señaladas, porque entonces darle a otras personas la posibilidad de que se vacunen antes no va en detrimento de las prioridades del plan nacional de vacunación, ni se le está quitando a ningún otro la posibilidad de vacunarse cuando le toca. Además hay un beneficio general porque se acelera la inmunidad de rebaño y se reducen los recursos que tiene que gastar el Estado.

El profesor de ética Peter Singer adopta una posición similar cuando dice que en lugar de tirar unas dosis de vacuna a la basura, es preferible usarlas para vacunar a personas no priorizadas.

En ambos casos se puede decir que es una decisión justa en la medida en que cumplen uno de los principios establecidos en la “Teoría de la Justicia” de John Rawls, el Principio de la Diferencia, según el cual ciertas desigualdades no son injustas cuando significan una mejoría en la situación de los más desaventajados, o por lo menos no la empeoran.

Ante la gran injusticia en la distribución mundial de las vacunas, no hay razón ética para impedir la compra por parte de empresas privadas, siempre y cuando no se desmejore la situación de los más necesitados.

*Economista.