Entre lágrimas y recusaciones se movió la primera audiencia de bedoya en la CIDH

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“Mi vida se destruyó. A mi me mataron la mañana del 25 de mayo”, fueron las palabras de la periodista Jineth Bedoya, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que relató la forma en la que en el año 2000, fue víctima de abuso sexual y tortura mientras ejercía su labor como comunicadora.

Pasaron 21 años en su lucha incansable para que se haga justicia y se repare por lo que vivió en la época en la que la violencia en el país estaba más recrudecida. Fue la falta de eficacia en las investigaciones por parte de los entes nacionales y la impunidad lo que motivó a Bedoya a escalar su caso ante instancias internacionales, y su esfuerzo no fue en vano. En 2019, la CIDH confirmó que conocería su caso.

Dos años después, este lunes se concretó la primera audiencia virtual ante más de cinco magistrados, quienes escucharon el relato de la comunicadora, que siente que está muerta en vida, pues según expuso por más de una hora, cuando existe violencia sexual contra una mujer le vulneran lo más íntimo de su integridad al punto de “hacerla pedazos”, esos mismos que tras más de 20 años no ha podido reparar.

La comunicadora, quien para la época de los hechos hacía parte del equipo de reporteros del diario El Espectador, aseguró que empezó a recibir una serie de amenazas que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Policía, sin embargo, su intento por encontrar una solución resultó siendo una de sus peores pesadillas.

“Luego de que denuncio las amenazas en mi contra, un policía de inteligencia nos contacta y nos dice que la mejor solución es darnos entrevista con uno de los exjefes paramilitares en la cárcel, a lo que mi jefe y yo accedemos”, dijo en medio de su relato. Añadió que al día siguiente, junto con su editor y un reportero gráfico, se dieron cita en la entrada de la cárcel Modelo en Bogotá.

En medio de los trámites para el ingreso, el editor va en busca del fotógrafo y Bedoya es abordada por un hombre y una mujer, quienes la encañonan, la suben a un carro, la sacan de la ciudad, la amarran, la torturan y culmina todo este abuso en una “violación masiva”.

“En diferentes oportunidades dijeron que era un escarmiento para la prensa, que el periodismo se estaba metiendo en cosas que no debía, que la real plaga no eran ellos sino los periodistas, que con lo que me estaban haciendo era un escarmiento para la prensa en Colombia”, relató Bedoya ante los magistrados.

Los juristas de la CIDH, en medio de la diligencia, agradecieron la valentía de la comunicadora por exponer su caso ante el más alto tribunal, pero aún más en denunciar incansablemente durante más de 21 años los vejámenes a los que fue sometida.

JUSTICIA Y POLICÍA

Los magistrados indagaron sobre la investigación en Colombia, a lo que con lágrimas en su rostro, Bedoya respondió que la “investigación está muerta”, dado que ni siquiera las amenazas en su contra fueron atendidas. Y respecto de su violación y tortura, aseguró que ha conocido de sus victimarios por cuenta de las investigaciones periodísticas que ha desarrollado, más no por la labor del ente acusador.

Señaló que tiene información sobre la responsabilidad en su caso de un alto mando de la Policía, que aún tiene poder en el país y continúa al frente de empresas de seguridad privada. Sin embargo, la Fiscalía no ha tenido en cuenta esa serie de pesquisas que ella como periodista ha recolectado.

Argumentó que durante todo su proceso de investigación halló una organización integrada por policías activos y retirados que fomentaron una estructura criminal que secuestraba a empresarios y comerciantes porque, a su juicio, tenían todos los medios y todos los uniformes para hacerlo.

“Los secuestros se realizaban en plenas calles de Bogotá acudiendo a retenes, supuestamente, legales de la policía, pero, a través de esta forma secuestraron a muchísimos empresarios y luego estas personas que habían secuestrado se las vendían a la guerrilla de las Farc”.

Bedoya denunció que para la época de los hechos había una “compra y venta” de secuestrados. “Ellos negociaban a las personas como si fueran mercancía y se las llevaban a las filas de la guerrilla, y muchas veces servían de intermediarios para que los familiares pagaran los rescates de estas personas”.

“Había una red de policías activos que secuestraban personas y se las vendían al frente 53 y otros frentes de las Farc. Sabíamos que había agentes del Estado implicados, lo que no entendíamos en ese momento es que hubiera personal de tan alto nivel en esta red criminal, muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas, pero también a los testimonios que han entregado varios paramilitares que han sido llamados al proceso, conocimos que quien dirigía esa red criminal era un general de la policía”, aseveró.

En medio de su relato, aseguró que pese a que muchos de los rescates se pagaron, lo único que recibieron los familiares “fueron trozos de extremidades de las personas que habían sido secuestradas por esta banda identificada como ‘Los Calvos’, que tenía nexos para negociar armas con integrantes del Ejército y que, lamentablemente, tenían todo el poder y las herramientas para poder cometer este tipo de delitos”.

VERDAD Y REPARACIÓN

“He sacado valor en el periodismo, que ha sido mi oxigeno para salir adelante. Mi vida se acabó, lamentablemente, no poder tener libertad, andar escoltada, tener que ver todos los días las cicatrices del abuso sexual y tortura en mi cuerpo, me ha dejado muerta”, dijo Bedoya cuando uno de los magistrados le cuestionó sobre su cotidianidad una vez ocurrieron los hechos.

La comunicadora resaltó que reparar el dolor que enfrenta una mujer después de la violencia sexual es imposible. “He intentado pegar esos pedazos, pero algo que para mí sería reparador es que ese lugar donde empezó ese ciclo de terror se pueda cerrar. Clausurar esa cárcel sería una reparación para mí. Que el símbolo de la impunidad se cierre”.

Bedoya aseguró que para alivianar esa carga que lleva a cuestas durante más de 20 años, es necesario tener un espacio de memoria que si bien recuerda el dolor padecido, servirá para capacitarse, reencontrarse y sentir que desde la fuerza se puede surgir nuevamente, de ahí que considere que censurar el establecimiento carcelario sea la mejor opción no solo para ella, sino para los cientos de personas que perecieron en el lugar.

“La cárcel Modelo, por su ubicación y por tener recluidos a grandes capos y cabecillas de todos los grupos armados, se convirtió en una oficina desde donde se manejaba todo el actuar criminal del país. La cárcel Modelo es el lugar desde donde se siguen cometiendo todo tipo de delitos. He seguido paso a paso lo sucedido en la cárcel y no ha habido un solo momento que se diga que ha sido intervenido por el Estado. Debajo de esas celdas hay cientos de personas descuartizadas que quedaron allí”, agregó en medio de su intervención.

Si bien Bedoya considera que fue en la cárcel donde empezó su tortuosa historia, allí regresó seis meses después de lo que le ocurrió. Fue hallando respuestas. Quería identificar las personas o el grupo delincuencial que le perpetró tanto dolor, de ahí que se diera cita con John Jairo Velásquez Vásquez alias ‘Popeye’, el jefe de sicarios de Pablo Escobar.

Su retorno, según señaló, no fue fácil pero halló más respuestas de las que esperaba. “Seis meses después de mi secuestro fui hasta allí a preguntarles si ellos eran los responsables de mi secuestro y para mi asombro y el asombro de los periodistas quienes me acompañaron a esa reunión, una de las celdas de alta seguridad era manejada por alias ‘Popeye’ y allí tenía carpetas AZ con los documentos privados de muchas personas entre esas yo”.

Lo que halló Bedoya, según relata, era información de otro nivel. “Estaban mis declaraciones ante la Procuraduría, tenían copias de mis declaraciones ante la Fiscalía, tenían informes de inteligencia militar de la Quinta División del Ejército y tenían informes de la DIJIN”.

La comunicadora resaltó que también existía una carpeta que llevaba el nombre del periodista y humorista Jaime Garzón, que fue asesinado en 1999. A juicio de Bedoya, descubrir tales hechos le dio la dimensión de lo que había en el interior de la cárcel y cómo lo manejaban.

“El ala sur estaba controlado por la guerrilla, el ala norte por los paramilitares y había una tregua entre ellos para no cruzar los patios, pero constantemente habían detonantes, un muerto o un secuestro que desataba esa guerra. Eran enfrentamientos con granadas, con fusiles, enfrentamientos que duraban hasta cinco días. Era increíble que en el centro de Bogotá, la capital del país se mantuviera una cárcel en esas circunstancias, era la guerra del campo pero trasladado a celdas”, relató la comunicadora.

Bedoya, si bien buscaba poner de presente lo padecido en ese mayo de 2000, exponía también el motivo por el cual solicitaba que esta cárcel sea clausurada, no solo como parte de una reparación para ella, sino para todas las personas que estuvieron recluidas allí y perdieron la vida.

En medio de su intervención, solicitó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconozca el abuso sexual contra las mujeres como una dinámica del conflicto armado en Colombia, de ahí que considere necesario que se abra un macrocaso que permita sancionar ese tipo de delitos.

EL ESTADO COLOMBIANO RECUSA Y SE VA

Durante la diligencia hizo presencia un delegado del Estado, quien contrario a las preguntas que hicieron los magistrados de la CIDH se rehusó a cuestionar, no obstante, horas más tarde recusó a los magistrados del alto tribunal y se retiró de la audiencia. Su retiro obligó a la Comisión a suspender la decisión mientras se decide la recusación.

El representante de Colombia argumentó falta de garantías pues las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron “evidentes prejuzgamientos” e involucraron nuevos asuntos que no fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por esta razón y ante la falta de garantías, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del Estado, recusó a los jueces Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique.

“Con estas preguntas y comentarios se demostró que los magistrados recusados prejuzgaron sin haber tenido en cuenta las pruebas y los alegatos del Estado colombiano preparados para la audiencia pública del caso”, dijo el delegado del Estado.

BOGOTÁ (Colprensa)

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