Gobierno rechaza propuesta uribista de armar a los civiles

El consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, se apartó éste miércoles del proyecto de ley que radicó el partido de gobierno Centro Democrático, en el cual se busca permitir que los colombianos tengan la posibilidad de armarse para enfrentar así los hechos de inseguridad. 

En primer lugar Guarín recordó la política del presidente Iván Duque sobre el tema es el desarme general, porque las armas no son un derecho. “Garantizar el principio constitucional de exclusividad de la fuerza y el monopolio estatal de las armas de fuego, son los parámetros de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana que sustentan avanzar hacia el desarme general”, indicó el consejero de seguridad.

Para Guarín el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra, ni el porte de armas, “las armas no son derecho en Colombia, conforme a la Constitución. Controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales, contribuye a reducir el delito”.

Insistió en que en el Estado social de derecho, tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, “jamás un derecho”.

El proyecto, que fue radicado por 12 congresistas del uribismo, tuvo como sus principales autores a la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara, Cristian Garcés, quienes consideran que ante el crecimiento de la inseguridad y la criminalidad, se hace necesario que los ciudadanos tengan derecho a defenderse cuando alguien quiere atentar contra su vida.

 “Con este proyecto queremos tener la legislación que salvaguarde y proteja a los colombianos del crimen y la violencia. El que quiera tener su arma y esté en plenas facultades, que no tenga antecedentes y que va a quedar en un portal y que va a ser responsable de lo que suceda con esa arma es quien va a poder usarla, eso no tiene ningún misterio”, dijo Cabal al insistir que se debe tumbar el actual decreto del gobierno sobre el desarme.

Este decreto del no porte de armas fue expedido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y luego lo retomó el actual jefe del Estado, Iván Duque, quien lo ha renovado en los años 2018, 2019 y 2020. “El famoso porte especial que se inventó Juan Manuel Santos, es un porte especialmente prohibido para que la gente buena pueda usar su arma, pero eso sí le cobran la tenencia y le cobran el porte”, sostuvo Cabal.

A su turno el representante Garcés indicó que “con este proyecto mantenemos el monopolio del Estado en el comercio de las armas y garantizamos las políticas para el control a las armas ilegales, que son las que hay que incautar y perseguir y las legales buscamos que haya facilidades de acceso a personas que hoy temen por su vida o que están siendo amenazados por perseguir sus bienes”./Colprensa

BOGOTÁ (Colprensa).