Judicializan a dos directivos de IPS Guajira por apropiación ilícita de recursos

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La Fiscalía General judicializó a Julio César Castillo, gerente financiero y Juan Carlos de la Cruz, revisor fiscal de una institución prestadora de salud dedicada a la atención de la comunidad Wayuu, por presuntas irregularidades en contratación.

De acuerdo con la Fiscalía las irregularidades se dieron con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure (La Guajira), cuyo valor ascendió a 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses. Parte de los recursos provenían de regalías.

El contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.

Las pruebas muestran que violaron los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Los cargo no fueron aceptados.

En el curso de las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso otras aparentes inconsistencias como que Julio César Castillo, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de 3.000 millones de pesos.

La IPS subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto, 900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.

Además el agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques. De los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto.

Se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron
facturados por cifras superiores a $58’000.000.

 BOGOTÁ (Colprensa).

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