Se retomó el juicio contra la periodista Jineth Bedoya

Tras declarar improcedente la recusación presentada por el estado, en el juicio que se surte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia por el caso de la periodista Jineth Bedoya. La audiencia continuó con la comparecencia de algunos testigos.

Esta audiencia que se realizó de manera virtual, contó en primera medida con la presencia del periodista Jorge Cardona, exjefe de Bedoya en el momento de los hechos. Es decir, el 25 de mayo del año 2000.

En esta oportunidad Cardona se refirió a la denuncia que colocó apenas conoció el caso, en la cual dijo que sólo dio datos del secuestro, porque lo que sucedió durante este, no lo conocía y destacó que este caso “perdió importancia porque no hubo mayores manifestaciones del estado para que se le diera interés al tema y porque el interés de la opinión pública fue desapareciendo poco a poco, en simultánea con actos de violencia en el país”.

Cardona también destacó los riesgos para ejercer el periodismo en el momento de los hechos, donde destacó que la cárcel `Modelo´ era un centro de noticia “porque se estaba librando una guerra y esa fue la razón por la que masivamente, los periodistas estaban allá.

En esta audiencia también habló la fiscal María Ospina, adscrita a la dirección especializada contra los derechos humanos y quien trabaja con casos de violencia sexual, quien habló sobre los protocolos de atención a las víctimas, los protocolos de violencia sexual, y todo lo relacionado con esta normatividad desde el ente acusador.

En esta declaración se le cuestionó en repetidas ocasiones sobre cifras y documentos acerca de este flagelo en el país, elementos que dijo no tener en su poder.

Esta audiencia también abrió el espacio para escuchar a la perita experta Daniela Kravetz. La cual mediante una introducción dijo que el estado debe actuar con diligencia y facilitar “el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, frente a diversas formas de violencia específicamente contra la mujer”

Añadió que el estado tiene la obligación de proteger a las mujeres de la violencia de género, y que por eso se deben realizar investigaciones serias cuando son denunciados estos hechos.

Resaltó que la violencia en este tipo de hechos es empleada “tanto por parte de actores estatales, como no estatales en contra de periodistas y defensoras, con distintos fines, incluyendo una forma de represalia o castigo en razón de su trabajo, como una forma de silenciar y deslegitimar su trabajo”.

Agregó que precisamente por esto, debe “operar desde el inicio una presunción de que los hechos pueden guardar relación con la labor de la persona y se deben tomar los riesgos diferenciales de la víctima”. Además, que dijo que la investigación debe tener un contexto, se debe realizar sin prejuicios de género, y no debe buscar solamente a los autores materiales, sino intelectuales.

Bogotá (Colprensa)