Vuelven a presentar proyecto para derogar la Ley de Garantías

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El Centro Democrático radicó, al inicio de este periodo de sesiones, una iniciativa que busca derogar la llamada Ley de Garantías, una norma creada para prohibir la contratación pública en las entidades territoriales en las cuales se van llevar a cabo las elecciones y así evitar la corrupción electoral con dineros del erario público. 

La iniciativa fue radicada por la Senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal. Entre los argumentos expuestos por los legisladores está que debido a que la Ley de Garantías se creó tras la aprobación de la reelección presidencial y como dicho acto legislativo fue reformado y dejado sin vigencia en 2015, entonces la ley no tendría efectos.

 “Esta Ley prohíbe que autoridades municipales, departamentales y distritales suscriban convenios interadministrativos y modifiquen las nóminas de tales entes, durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. La suma de las restricciones contempladas en la citada Ley ha significado, en la práctica, un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25 % del periodo de los mandatarios”, aseguraron los congresistas.

El Proyecto, que cuenta con dos artículos, “también pretende contrarrestar el cíclico aumento exponencial de la contratación directa en todos los entes del Estado, previo al inicio de la prohibición, en detrimento de los principios de transparencia y planeación. Según la Auditoría General de la República, en 2018, ad portas de la entrada en vigencia de las restricciones contractuales, el número de los contratos directos creció 143,43 %; apenas cuatro días antes del límite para contratar, a nivel nacional, se suscribieron 43.734 contratos”.

En la exposición de motivos del proyecto los autores de la iniciativa indican que el asunto más controversial a la hora de derogar la iniciativa es la eliminación de las restricciones a la contratación en la antesala de las elecciones a cargos de elección popular. Sin embargo, “estudios oficiales y especializados demuestran que, contrario a lo esperado y lo predicado por sus defensores, dichas medidas han provocado un fenómeno exótico, que se repite con idénticas características previo en la antesala de los procesos electorales: el aumento exponencial de la contratación directa”.

Según los autores, “de acuerdo con la Auditoría General de la República, ad portas de la entrada en vigencia de las restricciones en 2018, el número de los contratos directos creció 143,43 % (Solo en el mes de enero de dicho año se suscribieron 127.643 contratos por valor de $3,31 billones); en relación con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento fue del 101,33% (periodo en el que se suscribieron contratos por $1,64 millones). Apenas cuatro días antes del límite para contratar, a nivel nacional se suscribieron 43.734 contratos por valor de $1,39 billones, con algunos picos representativos: Medellín (8.928 contratos por valor de $554.688,86 millones), Cartagena (6.819 contratos por valor de $206.651,25 millones), Cali (4.816 contratos por valor de $240.432,48 millones) y Barranquilla (3.548 contratos por valor de $117.519,37 millones)”.

Sin embargo, no todo está dicho. Por un lado, el constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que para derogar la iniciativa se debe diferenciar cuáles son las normas generales y cuáles las particulares asociadas a la reelección. “La ley por supuesto se puede derogar. Pero hay que diferenciar cuáles son las normas generales y cuáles son para la reelección. Algunas normas generales para proteger y controlar que no haya irregularidades en las elecciones son necesarias. Derogar esa norma del todo me parece que puede hacer que se pierdan unos instrumentos de control para que no haya irregularidades electorales en el futuro”, dijo.

Por otro lado, en el Congreso la oposición no gusta del proyecto. Según el senador Gustavo Bolívar, “eliminar esta ley es un nuevo intento por desordenar la democracia y quebrantar el orden democrático. Esto se presenta desde un punto de vista de conveniencia electoral y también por conveniencia política. Sería un gran golpe a la transparencia que se está buscando en Colombia porque al levantar esta prohibición de contratar personal y obras dentro de los meses anteriores a la realización de las elecciones estamos facultando a los gobernadores y a los alcaldes para que comiencen a comprar votos de la contratación y el clientelismo eso es inadmisible”./Colprensa 

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