“Se requiere una sociedad que sea capaz de defender los acuerdos”

La presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón, en entrevista  hace un balance agridulce del 2017 en materia de derechos humanos, en particular por las demoras en la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso de la República y por la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

Ortegón hace un llamado a la sociedad civil para renovar el Congreso de la República, pide a sus integrantes que cumplan con su mandato de paz, denuncia que algunas de las instituciones ya creadas por el Acuerdo no han arrancado en la práctica y explica su expectativa sobre las decisiones de paz que tendrá que tomar la Corte Constitucional este año.

 

¿Qué balance se puede hacer en materia de derechos humanos?
Lo positivo es que hay 3.000 víctimas menos del conflicto armado y que se pudo avanzar en los diálogos con el ELN. A pesar de que el año no terminó con mayores progresos, hay un cese el fuego y la posibilidad que este sea prorrogado.

Sobre la implementación del Acuerdo de Paz, el balance no es el mejor. Las cifras de quienes se dedican a ello señalan que la implementación de las medidas contempladas en el Acuerdo no supera el 20 %. El comportamiento del Congreso fue más que lamentable y aquí tendríamos que mirar lo positivo y lo negativo. Lo positivo para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es que hay un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tendrá que implementarse en 2018, pero ya existe, está en la Constitución.

Lo negativo frente al Sistema Integral es que el Congreso no respetó íntegramente el espíritu de los acuerdos, particularmente en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. La decisión de la Corte Constitucional deja un sabor agridulce para las víctimas al señalar que agentes estatales y terceros solamente comparecerán voluntariamente.

 

¿Por qué?
Es un mensaje negativo porque depende de la voluntad de la Fiscalía, que no la ha tenido durante todos estos años. La prueba de ello son las 15.000 compulsas de copias que se ordenaron durante los procedimientos de Justicia y Paz frente a integrantes de la Fuerza Pública, políticos y actores económicos que tuvieron que ver con el paramilitarismo y la Fiscalía no hizo nada con ellas.

Sobre la responsabilidad de mando en la Fuerza Pública la Corte guardó silencio, pero la manera como fue aprobado en el Congreso establece mayores obstáculos para que los máximos responsables en una cadena de mando respondan ante la justicia. Hay una doble sensación de que hay un Sistema de Verdad, Justicia y Reparación que tiene limitaciones importantes.

La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos es un avance importante…
Las víctimas lograron algo muy importante en los Acuerdos y es la creación de la Unidad de Búsqueda. La desaparición en Colombia es uno de los crímenes que durante muchos años fue invisible y hoy nuevamente es visible. Pero a la Unidad no se le está dando un tratamiento compatible con los Acuerdos. La directora de la Unidad ha señalado que no se la ha hecho un recibimiento formal, no hay suficientes recursos, no se ha posesionado. Este tema preocupa.

 

¿En qué puntos del Acuerdo hay mayor incumplimiento?
Hay una coincidencia entre las organizaciones sociales y de derechos humanos en que el mayor incumplimiento está en los puntos 1 y 4: reforma rural y sustitución de cultivos y lucha contra el narcotráfico. Lo más lamentable fue la masacre de (siete campesinos) en Tumaco, que no puede volver a ocurrir, que refleja la necesidad de que todas las medidas sean adoptadas de manera voluntaria y concertada con las comunidades. Y (la masacre) también llama la atención sobre el hecho que no se esté hablando a nivel institucional de la reforma a la Fuerza Pública. En 2017, de acuerdo con las Naciones Unidas, aumentaron las muertes en casos de protesta social, que es otro de los temas que preocupa.

Este año es electoral y no se sabe cómo actuará el Congreso con lo que falta por implementar. ¿Cuál es su mensaje?
El mensaje para el Congreso es que tiene que cumplir, particularmente en lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Hay una decisión de la Corte Constitucional sobre el blindaje jurídico los acuerdos, que dice que la paz es una política de Estado y que los poderes están igualmente comprometidos con su cumplimiento. Entonces es un mensaje al Congreso, que tiene una labor importante y debe cumplirla. Y el mensaje para la ciudadanía es que esté vigilante a esa actuación y que el Congreso tiene que renovarse ojalá totalmente. El comportamiento del Congreso fue sinvergüenza, lento, moroso y muchos de los congresistas con sus actuaciones, reflejan más intereses privados o particulares que actuar por el colectivo. Hay que fijarse bien por quién se va a votar.

Se terminó el año con la incertidumbre de las 16 circunscripciones de paz…
Esta era la posibilidad de que el Congreso se democratizara, que llegaran caras nuevas, personas realmente afectadas por las violaciones a los derechos humanos, que pudieran participar en la construcción de esta legislación y lo que tenemos es un Congreso que se niega a aceptar que lleguen las víctimas a hacer parte de este escenario legislativo.

 

¿Es un riesgo para la implementación del Acuerdo una presidencia del Centro Democrático?
Es un riesgo importante, un riesgo real, porque la promesa de campaña del Centro Democrático ha sido la de “hacer trizas” los Acuerdos de Paz. Y debe valorarse al mismo tiempo los contrapesos para que ello no sea posible y uno importante es el Congreso de la República. Si no se elige un Congreso que tenga una mayoría capaz de limitar el riesgo, ahí se entra perdiendo. Segundo, que ya se haya integrado a la Constitución el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación fija de entrada un límite a esas posibilidades de hacer trizas los acuerdos.

Y la tercera y la más importante es que se requiere una sociedad que sea capaz de defender los acuerdos. Las movilizaciones que se hicieron después del plebiscito no se han vuelto a ver y se requiere una sociedad activa, que crea en el proceso de paz y, sobre todo, que sea un límite al ejercicio del poder gubernamental en caso de que quien llegue a la Presidencia intente retroceder en lo que se ha avanzado. El acuerdo de paz debe ser irreversible, lo que tenemos que hacer es avanzar en los puntos que no se han cumplido.

 

¿Qué decir frente a las muertes de los defensores de Derechos Humanos?
De las situaciones más graves durante 2017 fue el asesinato de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, con todo lo que ello implica para los procesos organizativos y que desdice de la posibilidad real de tener una paz sostenida. Tenemos una serie de garantías para los defensores y defensoras en varios puntos del Acuerdo, pero todavía no se han tomado las medidas efectivas para protegerlos. Y allí es importante destacar que varias de las Instituciones que se crearon en el Acuerdo y que empezaron a operar, no se sienten en la vida práctica.

 

¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad empezó a funcionar hace varios meses, pero hasta donde tenemos entendido todavía no tiene reglamento, su principal tarea es la de proponer la modificación de la política pública para enfrentar el paramilitarismo y en ello todavía no se ven avances.

La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales incluyendo los sucesores del paramilitarismo, fue creada al interior de la Fiscalía y en el camino se utilizó su creación para reformar la Fiscalía y usar la figura del Acuerdo para fines que no tienen relación con este. En los acuerdos se contemplaba que la unidad tenía una actividad autónoma y el Fiscal se ha empeñado por hacer lo posible porque eso no sea así.

Se ha nombrado ya a la directora de la Unidad pero no se conoce absolutamente nada de sus planes para el funcionamiento de la misma, no ha tenido una reunión con las organizaciones sociales y, si nos atenemos a las cifras del programa Somos Defensores, estos grupos son responsables del 80 % de las amenazas. 

LA EXPECTATIVA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

Otro tema es lo que se viene en la Corte Constitucional. Hace falta la decisión sobre el Estatuto de Oposición, la Ley de Amnistía, los decretos que crean la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el del trato equitativo a los agentes de la Fuerza Pública. ¿Cuál es la expectativa?
La Corte ha dejado una sensación agridulce y esperamos que lo dicho en su último comunicado, sobre la condicionalidad de los beneficios y la integralidad del Sistema, se refleje en todas sus decisiones.

El decreto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tiene elementos muy importantes y sería vital que la Corte respaldara todas sus facultades y nosotros, como Colectivo, sí esperamos que se pronuncie sobre dos puntos. Uno, que la Corte reitere su jurisprudencia sobre acceso a archivos, el que no es oponible la reserva en casos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y, segundo, pensando más con la esperanza, tiene que ver con aquellos elementos que permiten que el Sistema sea realmente Integral. Entonces, cómo se puede aprovechar las conclusiones de la Comisión de la Verdad para la construcción de contexto e identificación de responsabilidades.

Sobre las libertades (de la Fuerza Pública) y las decisiones que tiene pendiente la Corte sobre víctimas, la aspiración central tiene que ver justamente con que se cumpla aquella idea que condicionalidad, es decir, que no puede haber beneficios sin que se satisfagan los derechos de las víctimas.

Otro tema en el que esperamos pronunciamiento de la Corte es el de participación, porque se han venido ganando cosas en el camino, pero aún quedan bastantes vacíos sobre las reales facultades de las víctimas y es importante que la Corte tenga una línea más coherente sobre cómo hacer realidad ese postulado de que las víctimas son centrales en el acuerdo de paz.

La ley estatutaria de la JEP puede tardarse varios meses en ser analizada en la Corte y sin ella no puede funcionar. ¿Cómo ven este limbo?
Hay temas en los cuales es importante que se vaya avanzando. Uno, en las reglas de procedimiento y prueba que deben ser redactadas por los magistrados, para que pasen luego al Congreso. Dos, ellos tienen que avanzar en la construcción de su propio reglamento. Y, hay una opción que hemos escuchado, y es que algunas de las salas que ya tienen creación legal por la ley 1820 de 2016, empiecen a funcionar. Bogotá Colprensa.