Construir ciudad en medio de una crisis 

En momentos como el presente, es esencial que las autoridades construyan ciudad con la participación de varios sectores, generando concordia y unión.

La Nueva Agenda Urbana recientemente publicada por la ONU, es una guía de recomendaciones para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades, en las que se requiere la participación de una diversidad de actores para hacer que las ciudades sean incluyentes, sostenibles y principalmente prósperas.

El organismo multilateral insta a los gobiernos locales para que promuevan los consensos y así garantizar también, ciudades seguras y resilientes. Esta agenda, además de enfocarse en las políticas públicas, reglamentación y planeación urbana, adecuación de la infraestructura física y servicios públicos; está encaminada en precisar lineamientos sobre el funcionamiento económico y las finanzas públicas para capitalizar oportunidades y promover emprendimientos, desde la mirada de la sostenibilidad, la generación de empleos, y cuyos resultados, propenden por disminuir los índices de pobreza.

Lamentablemente, en la Perla de América predomina la división, y estamos alejados de alinear intereses comunes y promover el trabajo en equipo. Estamos convencidos que el reconocimiento individual es suficiente para alcanzar propósitos comunes y avanzar en el desarrollo. Nos alejamos de la realidad mundial, donde ciudades han propiciado con sus actores, consensos en lo esencial. No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero sí, en lo que los manuales de las experiencias exitosas promueven para ser competitivos en un mundo donde algunas ciudades crecen y otras se rezagan.

El ejemplo de este análisis lo encontramos en el manejo de la actual coyuntura por el manejo de la pandemia, en el que se expidieron cinco decretos [1] en casi mes y medio, adoptando medidas especiales para contener la expansión del Covid-19 enfocados en preservar la vida, la salud y la seguridad en el distrito de Santa Marta.

Luego de más de un año de convivir con la pandemia y de la implementación de estrictas cuarentenas, hemos avanzado en la manera de cómo equilibrar la vida y superar la pandemia de la pobreza. Pero nuevos confinamientos, nos demuestran que no aprendimos lo necesario ni aplicamos lo requerido para promover en la ciudad una dinámica integral que funcione para todos los frentes. Además de cierres, no se evidencia por parte de las administraciones apoyo para la transformación digital de las empresas, el trabajo seguro, la reactivación de ventas y la mejora del entorno para los negocios. Nada que estimule la inversión y evite la liquidación de empresas.

Atender sólo unos problemas y obviar otros que tienen iguales o peores efectos, no es incluyente realmente. Ser excluyentes, es no atender las necesidades y problemáticas de los sectores microempresariales, tejido empresarial integrado por un 98% de este segmento y el cual se ha visto fuertemente impactado por excesivas restricciones y cierres definitivos. La proliferación de medidas adoptadas sin los resultados esperados demuestra que no se atacaron las reales causas. Lo que sucede es culpa de todos, no de alguien en particular, pero las autoridades y los actores relevantes, debemos asumir lo que nos corresponde, con responsabilidad y determinación, no desviando la atención.

La canciller alemana, Angela Merkel, había decretado una cuarentena general durante la Semana Santa, y ante las críticas fundadas reversó su decisión, demostrando una vez más, su talante de estadista reconociendo públicamente su equivocación.

Entiendo a los gobernantes, en una sociedad donde somos propensos a relajarnos y desconocer normas básicas del autocuidado. Pareciera que lo más fácil es encerrarnos, pero ese no es el camino, es mejor generar consensos y buscar apoyos de actores para que la tarea sea más llevadera. El control social se garantiza con la aprobación y respaldo de la mayoría de los grupos de interés, no sólo de los afectos a los que comparten los idearios. Se gobierna para todos.

En gobiernos garantistas, las disposiciones locales emitidas para estos propósitos tan complejos deben adoptarse aplicando el derecho de participación, el cual consiste en la oportunidad que tienen los ciudadanos, principalmente a través de sus agremiaciones, de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que de alguna forma les puedan afectar. De igual forma, intervenir, informarse y comunicar sus intereses frente a ellas.

El comercio y principalmente los microempresarios, se están afectando con las medidas adoptadas, por eso urge que sean atendidas las recomendaciones y opiniones de todos los gremios, no de unos pocos. Duele pronosticarlo, pero el efecto no será distinto al de más cierres de empresas, pérdidas de empleo y como consecuencia, el incremento de la pobreza.

*Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio