Advierten que el Gobierno no garantizó la participación ciudadana en su ‘carrera’ por el glifosato

Desde que la Corte Constitucional fijó las pautas para la eventual reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, contra cultivos ilícitos, hizo especial énfasis en los mecanismos de participación ciudadana en el marco de los trámites que se debían cumplir.

En las últimas horas la ANLA modificó su Plan de Manejo Ambiental, decisión que se considera aval parcial para el regreso de la fumigación aérea y que debe ir acompañada de un dictamen del Consejo Nacional de Estupefacientes y del Instituto Nacional de Salud.

Pero este proceso en la ANLA se encontraba detenido desde enero por cuenta de una medida cautelar derivada de una tutela de comunidades de Nariño que exigieron la realización de una consulta previa, controvirtiendo una resolución del Ministerio del Interior que indicaba que no se requería consulta para los asuntos sobre aspersión de ‘narcocultivos’.

Pero la ANLA reanudó su proceso con base en el reciente decreto presidencial del glifosato, el 380 de fecha 12 de abril, anunciado por los ministros de Justicia y Defensa, que entre otros establece que la consulta previa sólo se efectuaría en el momento en que se radiquen Planes de Manejo Ambiental para territorios específicos, después del aval del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Algunos expertos advierten que estas decisiones vulneran los requisitos de participación ciudadana y que están cometiendo un «grave error» en ese sentido. Sumado al otro decreto que centralizó las tutelas relacionadas con los cultivos ilícitos en un solo juez: el Consejo de Estado.

«Consideramos que definitivamente el auto notificado por la ANLA no cumple con los requerimientos que se han estipulado desde la Corte Constitucional y que se han venido insistiendo por parte de las comunidades qué se verían afectadas a través de otros procesos judiciales y tutelas que han fallado en su favor», expresó la abogada Rosa Mateus, coordinadora del Eje de Trabajo de Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear.

«Consideramos que este auto, y el decreto que expidió el gobierno nacional, son una terrible jugarreta jurídica que incumple con los requerimientos de participación real, efectiva y reforzada que ordenó la Corte Constitucional. Con este auto lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de las comunidades», agregó la jurista.

La Corte Constitucional seleccionó otra tutela radicada por el Colectivo Cajar, el Centro de Estudios Jurídicos DeJusticia, y otras organizaciones, en la que cuestionan que las audiencias que llevó a cabo la ANLA el pasado diciembre, para el Plan de Manejo Ambiental que acaban de anunciar, no garantizaron la participación efectiva de las comunidades.

Camilo González Posso, director de Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, advirtió que «ese plan de manejo ambiental no pudo ser consultado, entre otras cosas por las condiciones de la pandemia. Hicieron unas reuniones apresuradas, manipuladas para decirlo de manera franca, en las que no pudieron expresarse las comunidades.

Muchas zonas sin poder conectarse cuando había eventos virtuales y los eventos presenciales exigían traslados desde zonas muy diversas a la gente y espacios muy limitados de participación. Pero ese no es todo el problema hay que ver el contenido de ese plan de manejo ambiental y los fundamentos completamente insuficientes».

ANLA asegura que sí cumplió con la participación efectiva de las comunidades.

El director de la ANLA, Rodrigo Suárez, aseguró que en términos de participación la entidad realizó más de 23 reuniones informativas y realizó la audiencia pública ambiental. «Resolvimos cerca de 1000 preguntas y contamos con la participación de numerosas personas interesadas en el proyecto. Las audiencias y las reuniones informativas fueron transmitidas en diferentes emisoras locales, lo que sin duda nos permitió garantizar la participación efectiva», puntualizó.

Fuente: La FM