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Gobernadores y alcaldes deben alertar amenazas contra los líderes sociales
La medida tiene una gran implicación porque hasta el momento el Gobierno nacional tenía que salir a dar la cara por la creciente violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, que el año pasado dejó como saldo más de 100 crímenes en diferentes regiones del país.
Hasta el momento la responsabilidad total por la seguridad de estas personas recaía en el Gobierno
El presidente Juan Manuel Santos indicó ayer que los gobernadores y alcaldes deben priorizar la protección de líderes sociales, al hacer referencia al Decreto 2252, el cual determina que en adelante estos mandatarios actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores de derechos humanos.
«Mediante decretos que firmamos en los últimos días creamos un nuevo sistema de alertas tempranas, más ágil y más eficaz, e instruimos a gobernadores y alcaldes, como agentes del Presidente en materia de orden público, prioricen la protección de los líderes sociales», expresó el Jefe de Estado.
La medida tiene una gran implicación porque hasta el momento el Gobierno nacional tenía que salir a dar la cara por la creciente violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, que el año pasado dejó como saldo más de 100 crímenes en diferentes regiones del país.
No obstante en adelante, gobernadores y alcaldes tendrán también que responder en caso de que no alerten por amenazas a líderes sociales en sus respectivos territorios.
El Decreto 2252 de diciembre pasado establece que “las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus competencias, con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público, actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos”.
En el marco de las rutas de protección y la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, con el apoyo del Gobierno Nacional las gobernaciones y alcaldías serán responsables de diseñar e implementar acciones tendientes a fortalecer la prevención temprana en el funcionamiento estratégico de los Consejos de Seguridad Territoriales.
Además de ajustar y crear mecanismos institucionales tendientes a evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores de derechos humanos.
De igual manera el referido Decreto fija que gobernaciones y alcaldías establecerán un plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado, en términos de presencia territorial de los programas de protección establecidos a través de la Ley, sin que implique la creación de nuevos programas no previstos en ésta,
Desarrollarán también estrategias dirigidas a la generación de capacidades de los grupos y comunidades para la identificación, análisis de riesgos y el fortalecimiento de prácticas propias de prevención y protección individual y colectiva, que les permita acudir a las autoridades competentes para la salvaguarda de sus derechos, e implementar acciones contingentes, con enfoque diferencial por razones de género y etnia, para contrarrestarlos o mitigarlos.
Además activarán las rutas de protección individual o colectiva previstas en este decreto en favor de líderes de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo.
También mantendrán canales permanentes de interlocución con los inspectores de Policía y corregidores, y con el Gobierno Nacional, con el fin de detectar situaciones de riesgo que requieran la activación de las rutas de protección individual y colectiva de líderes de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores de derechos humanos, la detección temprana de alertas o la necesidad de adoptar medidas urgentes o de emergencia, Para estos efectos, designarán como mínimo un funcionario de sus administraciones que garantizarán este canal con las autoridades de policía y el Gobierno Nacional.
DURO PRONUNCIAMIENTO
A finales del año pasado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un duro pronunciamiento por la violencia que se mantiene contra los defensores en diferentes regiones y la creciente estigmatización, incluso por parte de funcionarios públicos, de una labor que este organismo juzgó es vital para la democracia. Por ello reiteró al Gobierno la necesidad de avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Todd Howland, dijo en un comunicado que “observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”.
