HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

JEP lanzó SOS a la defensoría del pueblo para cuidar a líderes y exfarc

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le solicitó a la Defensoría del Pueblo que realice un informe donde se detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos registradas contra ilos líderes sociales y excombatientes de las Farc.

Además, le pidió al órgano de control que, con fundamento en sus hallazgos, emita una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado y a la sociedad para que se detenga dicha situación.

El reporte más reciente del tribunal de paz da cuenta que, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, 904 líderes han sido asesinados.

El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP arrojó este hallazgo después de realizar el proceso de contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones. Solo en 2020 se documentaron 297 casos.

Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país, es decir, 280, se han cometido homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos.

Frente a los asesinatos de los excombatientes de las Farc, la UIA registra 276 homicidios perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. El 92% de los asesinados, es decir 253, eran personas que comparecían ante la JEP. Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios.

Además, de estas cifras, hay reportes de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, ocho secuestros, dos desapariciones y dos actos de tortura, consumados entre 2016 y 2021.

La situación de derechos humanos, y la falta de medidas de seguridad que garanticen participación de las víctimas y los excombatientes está poniendo en riesgo la misionalidad de la JEP, la CEV y la UBPD, según reportaron los jefes del tribunal de paz. “Hoy la violencia contra los líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final de Paz se está convirtiendo en una barrera de acceso a la justicia transicional”.

A este crítico panorama de seguridad se le suma la falta de implementación integral y cabal del Acuerdo Final de Paz, señalan las tres entidades que componen el Sistema.

“Las deudas históricas del Estado en materia de desarrollo, inversión social y política aún están por cumplir. Antes de que terminara 2020, la Procuraduría General informó que apenas se han adjudicado 30.318 hectáreas de tierra de tres millones que el país se comprometió a entregar en 2027”, expusieron.

¿POR QUÉ TRAMITAR UNA RESOLUCIÓN DEFENSORIAL?

Para los delegados de la justicia transicional, la intervención de la Defensoría del Pueblo permitirá delinear una articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, implementar medidas colectivas eficaces que aborden los riesgos estructurales y, a su vez, endurezcan las medidas de autoprotección existentes en coordinación con las comunidades más afectadas.

De ahí que la JEP, la CEV y la UBPD le soliciten a la Defensoría del Pueblo que realice este estudio y emita la Resolución Defensorial para que las autoridades competentes les pongan fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.

En concreto, el Sistema Integral le solicita al Defensor Carlos Camargo, que evalúe la situación que enfrentan estos grupos poblacionales, víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Se le pide al Defensor que se identifiquen las causas, se evalúen las medidas actuales, las posibles formas de prevención y los riesgos que corre el país si no se toman las medidas adecuadas.

BOGOTÁ (Colprensa).

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