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Trilogía social
Colombia está a la expectativa de la presentación por parte del Gobierno Nacional de la tal Reforma Tributaria o de la Transformación Social Sostenible que en su contexto recoge temas sociales de palpitante actualidad que interesa a toda la sociedad entera.
La Reforma Tributaria por definición consiste en la modificación de la estructura de uno o varios impuestos del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento para la consecución de sus objetivos. Cada vez que se propone una reforma de este tipo deben existir ciertos elementos o pasos a seguir, los cuales son recomendables para su éxito y aplicación.
La cuestión radica fundamentalmente en la modificación de la enmarañada madeja del Estatuto Tributario o de la estructura de uno o varios impuestos en que conlleva necesariamente ajustes o afectación a otros sistemas de impacto social, asimismo sensibles; entiéndase el sistema laboral y por lo tanto el sistema pensional.
Por eso la sociedad se encuentra a la expectativa porque uno o varios capítulos o artículos del texto de la Reforma Tributaria menoscaba sus intereses, algunos con derechos adquiridos otros con derechos sobrevinientes que ya se habían determinado, de acuerdo con la idiosincrasia de nuestro pueblo.
Por ejemplo, modificar la estructura de producción para grabar con impuestos a la renta y/o al patrimonio empresarial, trae como consecuencia que los empleadores ajusten la manera de contración a su recurso humano, lo cual trae como consecuencia la retribución del trabajo, por lo tanto su contribución al régimen de salud y al régimen pensional.
Esto se puede entender como una carambola de tres bandas, aunque esta figura no sea la más adecuada, pero la gente de a pie sufre la consecuencia de una decisión oficial, bien encaminada, como lo es esta triada social.
Es que de acuerdo con la Dian, para 2019, las exenciones y beneficios tributarios para las empresas y las personas naturales en Colombia suman $92,4 billones de pesos, es decir, 8,7% del PIB.
Por su parte, la reforma laboral tiene el desafío de generar más empleo en medio de una difícil coyuntura económica. El Gobierno ha señalado que esto se podría conseguir flexibilizando el salario mínimo, es decir reduciéndolo de plano o estableciendo cifras diferenciales; disminuyendo los tiempos de trabajo, menores jornadas laborales o evaluar la contratación por horas; entre otras medidas.
La reforma se enfrenta a la necesidad de emparejar la oferta de trabajo creciente frente a una demanda laboral decreciente. Esto empuja hacia abajo los salarios para la mayoría de los trabajos, reduce los ingresos disponibles de los hogares y afecta su consumo.
Los trabajos no calificados son los que sufren en mayor medida por la crisis. En Colombia, esto es más preocupante aún, puesto que la mitad de la población ocupada 48% es informal. En cuanto a la reforma laboral además de ser una oportunidad para tener un mayor ingreso para los hogares puede ser el momento de regular la vinculación de trabajadores a las plataformas tecnológicas y sobre nuevas formas de contratación.
Para 2020, el Consejo Privado de Competitividad CPC indicó que el Gobierno destinó a transferencias cerca de 4% del PIB 42,7 billones de pesos, aún cuando solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva. Según esta entidad, en 2055 habrá cerca de 14,2 millones de adultos mayores, de los cuales 8,3 millones no contarán con protección alguna en su vejez.
En el aspecto pensional uno de los serios retos del gobierno es reformar el modelo pensional de los regímenes especiales, ya que la Nación paga al año más de 40 billones de pesos en pensiones y más del 70 % de este rubro se destina a los tres regímenes especiales del FOPEP exfuncionarios públicos, Magisterio y Fuerzas Militares.
