Al Congreso no le suenan facultades extraordinarias para el presidente Duque

No cayó bien en el Congreso de la República la propuesta de las facultades extraordinarias que tendría el Presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley con miras a suprimir, fusionar, reestructurar o modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva. 

El tema se suscitó tras la presentación la semana pasada de la Ley de Solidaridad Sostenible, que plantea una serie de ajustes en materia tributaria para organizar las finanzas del país, en medio de la crisis que ha dejado la llegada de la pandemia del Covid-19 en el último año.

Este reforma tributaria, como también se le conoce, plantea en el artículo 34 una serie de facultades extraordinarias para que el presidente de la República, en este caso Iván Duque Márquez, pueda suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva.

También estipula que puede disponer de la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas.

Aunque no se involucra la estructura de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, si existe cierto temor porque además de los ministerios, estas facultades se extenderían a otros órganos del Estado, que con la excusa de ahorrar gastos, terminarían desfinanciados.

Precisamente, varios congresistas han criticado el actuar del mandatario colombiano en la primera emergencia económica que se decretó en el país por cuenta de la pandemia, donde firmó más de 40 decretos con fuerza de ley y le habría quitado fuerza al legislativo, imponiendo al ejecutivo.

Incluso, en la discusión sobre el pasado Código Electoral, la cámara de Representantes no dio paso a las facultades que esa vez se pretendían, para que el Presidente de la República modificara la estructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.

La otra gran crítica del Congreso está en que, precisamente, el Gobierno Nacional no ha dicho de manera específica qué quiere escindir o liquidar y mucho menos ha hecho la cuenta de cuántos funcionarios saldrían producto de esa decisión.

HABLAN LOS CONGRESISTAS 

Las voces desde el Congreso no han dejado de sonar una vez el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el pasado jueves la reforma tributaria. Una de las primeras en pronunciarse sobre este tema fue la senadora Claudia Rodríguez, del partido Cambio Radical.

La congresistas destacó que “las facultades extraordinarias al presidente por seis meses para hacer ajustes al impuesto de renta, no pueden ser un cheque en blanco para el Gobierno. Hay que revisar y discutir los ajustes en renta y evitar un impacto negativo al tejido productivo del país”.

La representante Katherine Miranda, de los verdes, indicó que estas facultades no encuentran una conexión con la ciudadanía, pues esta ya no confía en un mandatario que “ha demostrado estar desconectado de la realidad nacional, haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña”.

Según dijo, la actual reforma tributaria “centró su objetivo en perjudicar a la clase media; me preocupa que de esa supresión y fusión de entidades, muchos trabajadores del Estado pierdan su empleo y sus ingresos en medio de la pandemia. Ya han demostrado que están dispuestos a sacrificar condiciones laborales de los trabajadores de clase media del Estado con tal de generar ahorro fiscal”.

Indicó que “darle estas facultades significa poner en riesgo a una porción importante de clase media que recibe el sustento de su trabajo con el Estado. Es un cheque en blanco para tomar decisiones sobre una mayoría que el Gobierno no representa, y la que este Congreso debe hacerle todo el control político. Ya tenemos suficiente con esta nefasta reforma tributaria que nos quieren imponer”.

El ponente de la norma, senador Iván Marulanda, indicó que esas atribuciones “no pueden salir de forma tan sencilla. Tiene que haber una propuesta concreta por parte del Gobierno, porque las implicaciones del tema son profundas”.

Destacó que “no se le puede entregar por parte de la oposición, a un gobierno con el que tenemos tantas distancias doctrinarias, la posibilidad de disminuir el campo de acción del Estado en ciertas áreas que para nosotros son esenciales. De nuestra parte no habrá posibilidad de que apoyemos unas facultades para cambiar la organización del Estado de una forma inconsulta con el propio Congreso”.

Marulanda indicó que se debe recortar todas las oficinas asesoras de la Presidencia, que replican funciones del gobierno y de los ministerios; así como revisar el gasto en defensa, eliminar los gastos en publicidad y propaganda, “que parecen extravagantes en esta crisis que tenemos”.

El senador Rodrigo Lara afirmó que no está de acuerdo con entregarle al Gobierno un cheque en blanco en plena campaña electoral y que si el Gobierno quiere dar ejemplo en materia de austeridad, debe eliminar primera todas las consejerías que se crearon “desproporcionadamente”.

 “Que nos presente un plan de austeridad serio y real, qué pretende el Gobierno hacer con esas facultades. De lo contrario sería participar en una masacre laboral de personas de clase media y de sectores populares que viven y le prestan dignamente un servicio al Estado”, resaltó Lara.

Por último, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, manifestó que hay muchos riesgos, por lo que el Gobierno debe tener claro cuáles son los recortes que haría en un plan de austeridad y se los cuente al Congreso y al país.

 “Yo soy amigo de tomar decisiones un poco dolorosas, aunque necesarias, pero qué confianza podemos tener algunos para entregarle semejantes facultades a un Gobierno que dice que esta no es una reforma tributaria sino una estrategia de cohesión social. A mi me parece francamente muy riesgoso”, concluyó. /Colprensa