HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Abogado pide indemnización de más de $600 millones como víctima de “chuzadas”

El próximo 27 de abril, ante la Procuraduría, se realizará la audiencia de conciliación entre el abogado Felipe Jaramillo Londoño y la Fiscalía General en la demanda que busca que la entidad indemnice al profesional por las interceptaciones ilegales realizadas desde la Sala Diamante. 

La demanda de reparación fue presentada por el abogado Harold Hernández Albarracín, en representación de Jaramillo y sus familiares más cercanos.

Estos hechos están relacionados con las interceptaciones ilegales que, al parecer, fueron realizadas por el exfiscal especializado contra crimen organizado Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante Luis Carlos Gómez Góngora, supuestamente por solicitud del contratista del Grupo de Energía de Bogotá Laude José Fernández Arroyo, representante legal de la firma BRG Consulting Colombia SAS.

 “En este caso se utilizó fraudulentamente por parte de estos dos altos funcionarios la infraestructura de la Fiscalía General de la Nación para vulnerarles derechos fundamentales como el de la intimidad al doctor Felipe Jaramillo y a su entorno familiar”, dijo el penalista.

El abogado Felipe Jaramillo aseguró que “las labores de inteligencia en mi contra se dieron dentro de un contrato que el Grupo de Energía de Bogotá celebró con la firma de espionaje BRG por medio de la cual pago 285 millones de pesos y obtuvo el denominado informe final “Eje Cafetero de 2018” en el que aparecen fotografías de toda mi familia incluidas mis hijas menores de edad, fotografías de mi vivienda y seguimientos de mis labores como abogado litigante”.

Felipe Jaramillo Londoño representa a varios propietarios de predios que se encuentran en procesos de imposición de servidumbres legales para la transmisión de energía eléctrica en el eje cafetero en los que la contraparte era el Grupo de Energía de Bogotá S.A.

Los demandantes solicitan una indemnización de aproximadamente 635 millones de pesos, por los daños causados por estas interceptaciones telefónicas realizadas de forma ilegal.

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