HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

‘No podemos ser indiferentes con la niñez migrante’ ICBF

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“Siento un nudo en la garganta cuando veo pasar a las familias caminantes acá en Pamplona y aunque quiera ayudarles no puedo ofrecerles nada”, relata Paulina, 15 años. “Se me salen las lágrimas al verlos y aunque fue duro dejar mi país, y acá luchamos día a día por sobrevivir, cada día veo que hay niños y niñas migrantes que ni siquiera tienen un techo para pasar la noche”.

Este breve relato de Paulina, una de las 1.742.927 migrantes venezolanas que ha llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades de vida, representa fielmente la dramática realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a salir de su país de origen, quienes se asientan generalmente en los departamentos de frontera, y Norte de Santander no es ajeno a esta realidad.

La niñez que representa el 25 % del total de migrantes venezolanos residentes en Colombia, migran en condiciones cada vez más extremas, pues además de las barreras económicas y sociales, gran parte de ellos y ellas siguen llegando a sus países de destino sin redes de apoyo ni acompañantes lo que los hace más propensos a riesgos de explotación sexual y laboral, reclutamiento de grupos armados, violencia basada en género (VBG), entre otras afectaciones, ante las cuales no podemos ser indiferentes.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 2018 y 2020 han ingresado al proceso administrativo de restablecimiento de derechos 5.558 niños, niñas y adolescentes venezolanos refugiados y migrantes, de los cuales el 58 % corresponde a niñas y el 42 % a niños.

La violencia sexual continúa siendo el motivo de mayor ingreso con un 25 % seguido por omisión y negligencia con 19 % (1.075); falta absoluta o temporal de los responsables 10 % (538); y niños, niñas y adolescentes no acompañados 9 % (512), entre otros.

Esta  falta de acompañamiento por parte de sus padres, madres, familiares o cuidadores, el contexto propio de las ciudades fronterizas, la falta de oportunidades, y las necesidades básicas insatisfechas, son las que terminan llevando a niños, niñas y adolescentes a ser utilizados en acciones delictivas y denigrantes.

En Norte de Santander por ejemplo entre 2018 a 2021, la Defensoría del Pueblo ha reportado 11 alertas por reclutamiento y utilización, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Coalico, registran un incremento de 2 eventos en 2018, a 4 en 2019 y 4 más en 2020.

Entre 2017 y abril de 2020, se registra el ingreso de 965 adolescentes y jóvenes venezolanos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, principalmente por porte de armas, y tráfico de estupefacientes de los cuales: el 83 % son hombres y el 17 % son mujeres, lo que señala su uso y utilización por parte de organizaciones criminales  aprovechando su situación de desprotección e irregularidad.

Articular esfuerzos y acciones

Para responder de manera oportuna a los riesgos cambiantes a los que se expone la niñez migrante y de comunidades receptoras, Save the Children ha venido actualizando su respuesta humanitaria mediante una evaluación de necesidades en cuatro departamentos del país, entre ellos Norte de Santander.

En los departamentos analizados, en el informe ‘Impactante panorama deja evaluación de necesidades realizada por SCC, frente a riesgos de protección para niños, niñas, jóvenes y adolescentes afectados por el conflicto armado’ realizado por Save the Children, los niños, niñas y adolescentes destacan el temor al reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados y bandas criminales, las rutas a las escuelas son inseguras, el aprendizaje virtual es muy limitado (2 de cada 3 estudiantes de colegios oficiales no tienen conectividad) y persiste el temor a denunciar.

De los 363.126 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos vinculados al sistema educativo colombiano, alrededor de 48.500 están matriculados en colegios oficiales de Norte de Santander. No obstante a este gran esfuerzo, algunas estimaciones señalan que el 53 % niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela, entre los 6 y 17 años, no tienen acceso a la educación formal en lo que limita no solo un aprendizaje digno sino también el acceso a alimentación y a un espacio seguro.

La falta de información sobre sus derechos para el acceso a la educación, el temor por su condición irregular, los cupos limitados y situaciones de discriminación constituyen algunas de las barreras que enfrentan para que su derecho a la educación sea garantizado.

Como organización, Save the Children reitera su compromiso por redoblar esfuerzos para que los niños y niñas migrantes estén protegidos, aprendan y sobrevivan.

“La organización acompaña a las administraciones de 13 municipios y a la Gobernación de Norte de Santander en su fortalecimiento para el acceso a una educación segura y de calidad con énfasis de genero e inclusión, adaptado a contextos de conflicto y migración que contribuya a la protección integral de los derechos de los niños y su participación en las decisiones que los afectan”, detalla María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia.

Save the Children hace un llamado a la comunidad internacional para que apoye con mayores recursos el esfuerzo actual que permita responder al menos a las ;necesidades de protección de más de 248 mil niños, niñas y adolescentes priorizados en el Plan de Respuesta Regional a Migrantes y Refugiados 2021 (RMRP 2021).

Lo anterior para que a crisis migratoria y de refugiados de Venezuela no siga siendo la más desfinanciada en la actualidad (La comunidad internacional ha otorgado 10 veces más recursos a la crisis en Siria que a la de Venezuela). Durante el 2020 se logró financiar sólo el 30 % de los recursos necesarios para la respuesta a la migración proveniente de Venezuela. Sin contar lo que se requerirán dado recientes anuncios frente a Estatuto Temporal de Protección para Migrantes y la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación en donde el rol de las oenegés es vital.

“Apelamos a la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y sociedad civil en la atención, cuidado y protección como garantes en el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes, que al igual que Paulina* tienen los mismos derechos que cualquier niño en el mundo”, agregó la directora ejecutiva de la fundación.

/Colprensa

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