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Senado de Brasil investiga la gestión de Bolsonaro

El Senado de Brasil instaló una comisión para analizar la actuación del gobierno frente a la pandemia de coronavirus, una investigación explosiva con potencial de impactar en la tentativa de reelección del presidente Jair Bolsonaro en 2022. 

El mandatario de ultraderecha ha desafiado continuamente las recomendaciones para controlar la propagación del virus, en una actitud que le valió ser acusado de «genocida» por algunos de sus principales adversarios, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde la llegada de la pandemia a Brasil en febrero de 2020, Bolsonaro se opuso a las medidas de aislamiento social, invocando su impacto económico negativo; rechazó igualmente el uso de mascarillas; cuestionó la eficacia de las vacunas y preconizó remedios como la hidroxicloroquina, sin eficacia comprobada contra la enfermedad.

Científicos y políticos atribuyen a esas posturas el retraso en la vacunación y las dificultades para conseguir inmunizantes en este país de 212 millones de habitantes, con un balance que se acerca a los 400.000 muertos por covid, superado solo por Estados Unidos.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) analizará si hubo negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia, incluido en la crisis de suministro de oxígeno que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, capital del estado Amazonas.

«No he cometido ningún error. No tengo una bola de cristal ni doy pálpitos. Yo converso con la gente», reafirmó Bolsonaro este martes, en una charla con simpatizantes en Brasilia.

«Creo que esta investigación le creará muchos problemas al presidente», dijo a la AFP el analista Andre Rehbein Sathler, de la Unidad de Inteligencia del portal de noticias Congresso em Foco. «Ni hace falta una investigación en realidad. Las acciones del gobierno durante la pandemia están allí, a la vista de todos», apuntó.

La comisión parlamentaria de 11 miembros, que tiene un mandato renovable de 90 días, fue instalada por orden del Supremo Tribunal Federal (STF)./AFP

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