JEP aseguró que 10 municipios del país son críticos para excombatientes

Existe un contexto de alto riesgo para los miembros de las extintas Farc que aportan verdad en los siete macrocasos que investiga actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa fue la alerta que lanzó el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en su sexto informe quincenal.

La semana del 14 al 21 de abril del año en curso fue una de las más letales para los excombatientes. De acuerdo con el periodo analizado, se presentaron siete asesinatos, en promedio uno cada 24 horas, y una tentativa de homicidio contra los reincorporados en cinco departamentos. El 100% de las víctimas estaban sometidos a la JEP.

Al conocer el reporte de la UIA, el presidente del tribunal de paz, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, insistió nuevamente en la necesidad de implementar de manera decidida el Acuerdo Final de Paz y en desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las Farc, como lo ha pedido reiteradamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Entre las víctimas, que fueron reportadas por la UIA, se encuentran: Fayber Camilo Cufiño Mondragón, Yeison Ayala Ruiz y John Sebastián Ávila Romero, asesinados en Meta; Adolfo Rodríguez, en Arauca; Luis Fernando Córdoba Hurtado, en Chocó; Mayiber Tapias, en Antioquia; y Wilmer Enrique Álvarez Medina, en Caquetá.

Según la Unidad, la situación de seguridad para los excombatientes de las Farc es crítica en diez municipios: Tumaco, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Caloto, Cali, Tibú, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda. En estos municipios existe un alto índice de afectaciones contra los exFarc y son, simultáneamente, las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP.

En su sexto informe, los investigadores advierten que persisten los hechos violentos contra quienes asumieron roles de liderazgo en el postacuerdo. “Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización”, advierte la UIA.

A la fecha, el Sistema de Monitoreo de la UIA ha logrado determinar que dos de cada 10 reincorporados de las extintas Farc, que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas, o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Tras la alerta que lanzó durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares colectivas que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento para proteger a los firmantes del Acuerdo, la UIA advirtió nuevamente que “si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024”.

LÍDERES QUE PARTICIPAN EN LA JEP TAMBIÉN ESTÁN EN RIESGO

Según el reporte, casi la mitad de los líderes sociales asesinados desde el 1 de diciembre de 2016 tenían algún tipo de relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Entre el 14 y el 21 de abril, cada 56 horas, en promedio, se presentó un nuevo homicidio.

El primer caso reportado corresponde a Francisco Giacometto Gómez quien fue torturado y asesinado en Santa Marta; este crimen representa un riesgo latente para el macrocaso 06: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica”. Se trata del segundo homicidio de un sobreviviente de la UP en menos de cinco meses.

Dionisio Pai Pascal, líder del Resguardo Indígena Awá ‘El Gran Sábalo’, de Tumaco, Nariño, murió cuando un explosivo cayó en su lugar de residencia en medio de un enfrentamiento entre grupos armados. En los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco persiste la violencia contra los titulares de derechos y garantías de la JEP, pese a las insistentes alertas que advierten de la crisis que viven estos territorios.

Otro crimen registrado fue el de la gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna-Siberia Tama Kiwe, Sandra Liliana Peña, en Cauca. Días anteriores a su muerte, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, la lideresa rechazó los cultivos de uso ilícito y su incremento en el territorio. Liliana Peña participaba en uno de los macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento. /Colprensa