Faltan reglas

Confío en que el tema de si la protesta social debe ser regulada, ya está superado. La terrible realidad es más contundente que diversas opiniones sobre el tema. No he podido encontrar un país o una ciudad donde el asunto no sea objeto de unas reglas mínimas. Y organismos multilaterales se han ocupado de esta importante cuestión, ¡como que se ha convertido en el pan nuestro de cada día!

Recordemos el debate en Estados Unidos por el tratamiento tan diferente que recibió la manifestación que resaltaba la importancia de la vida de la población negra y lo que ocurrió con la insurgencia (así se denominó), que se tomó el Capitolio el seis de enero pasado. Y la controversia en torno de los eventuales excesos de la Policía como el lamentable caso de George Floyd que dio lugar a una condena judicial.

Si no me equivoco, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema han dictado sentencias con claros lineamientos sobre la reglamentación de la protesta social. Y claro, sobre el comportamiento de los ciudadanos. Por ello, fue tan insólito que el exministro de Defensa, Guillermo Botero, hubiera sido objeto de todo tipo de críticas por haber hablado de la necesidad de reglamentarla. Nada sorprendente como que venía de ser el exitoso Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el gremio que sufre una y otra vez los desmanes y abusos de los vándalos. Apenas obvio que hubiera estudiado el tema.

Un buen conocedor del asunto me recordó, en estos turbulentos días, que la Corte Constitucional en abril de 2017, hace cuatro años, al declarar inconstitucional el Código de Policía por haber regulado derechos fundamentales sin tener la categoría de una ley estatutaria, le otorgó al Congreso un plazo de dos años (hasta el 20 de Junio de 2019) para expedir una nueva norma. Así lo precisa un informe elaborado por María Isabel Ortiz en El Tiempo (2 de Octubre de 2020). La periodista recuerda que el ponente de la sentencia, el magistrado Alberto Rojas, aclaró que el hecho de que no exista una ley estatutaria no significa que ese derecho a manifestarse sea inoperante. Y dijo, también: “La violencia y el ataque a edificios públicos no están protegidos por la Constitución”.

Curioso que ninguna autoridad haga buen uso del contenido de esta sentencia. ¿Y el Congreso qué? ¿No tiene responsabilidades en razón de esta grave omisión? ¿Puede ser negligente ante una instrucción de tanta importancia? La periodista cita a los ponentes de un proyecto de Ley Estatutaria presentado por los conservadores: “Resulta evidente que el Congreso se encuentra en mora de cumplir con este deber y por lo tanto está incurso en una omisión legislativa que es imperativo corregir”.

En esta semana, revisé una especie de manual publicado por Dejusticia, tan alerta ante los temas jurídicos, para que los manifestantes y, en general, la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos y deberes cuando sale a protestar: ‘Guía Básica para Protestar’ (noviembre de 2019). Hacen falta otras guías similares. En ausencia de la formación cívica, son una ayuda indispensable. Es que la confusión que embarga a la mayoría de los ciudadanos en esta materia es grande. ¡Difícil que una democracia pueda funcionar bien en ausencia de una apropiada educación cívica! eso no es adoctrinamiento.

​*ExMinistro de Estado