‘Lupa’ de la MOE a las campañas al Congreso

La directora de la MOE, Alejandra Barrios dijo que resulta preocupante el hecho de que haya una falta de información y de control al financiamiento y a la propaganda de algunos movimientos políticos

 

Cuando faltan dos meses para los comicios parlamentarios la financiación de las campañas políticas es lo que más le preocupa a la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

La entidad no gubernamental anunció que tendrá un número importante de observadores en todo el país para darle mayor transparencia tanto a los electores como a las campañas.

¿Qué alerta hace hoy la MOE?

Resulta preocupante el hecho de que haya una falta de información y de control al financiamiento y a la propaganda de algunos movimientos políticos

¿Cómo se ha preparado la MOE para esta campaña?

Nos hemos estado reuniendo para realizar la planeación estratégica. Vamos a definir cómo será el despliegue nacional para las elecciones. Incluso tenemos contemplado una observación especial por si al final se decide que habrá circunscripciones de paz. Para toda la jornada tenemos pensado movilizar cerca de 7.000 observadores, sin incluir los equipos internacionales. Creo que las elecciones de 2018 van a ser las más interesantes en los últimos años. Es la primera vez que no podemos leer el panorama. En las otras elecciones la gente podía acercarse y atreverse a decir quién ganaría las elecciones, pero en estas todo es incierto

¿Qué traerán estas las elecciones a Colombia?

Para la MOE este proceso electoral puede ser el primer acercamiento a la democracia participativa por parte de una gran cantidad de ciudadanos que vivían en municipios afectados por el conflicto armado. Al mismo tiempo la MOE señaló que debido al retorno de colombianos desde Venezuela, más evidente en estos últimos tres años, el censo electoral se podría modificar principalmente en los departamentos de frontera y en algunos de la costa Caribe. Es importante adoptar las medidas necesarias para que estos fenómenos no sean entendidos de manera equívoca como trashumancia electoral.

¿Cuáles son los retos para las elecciones tanto del Congreso como las presidenciales?

El gran reto tiene que ver con las variaciones de censo que puede presentar el país para este proceso electoral. Según la MOE existen 214 municipios con censos electorales demasiado pequeños para el tamaño de su población, lo que sugiere que tienen población no cedulada y que en la mayoría de los casos corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal.

¿En lo que tiene que ver con la financiación?

Para la MOE, la falta de mecanismos para frenar el uso desmedido e ilícito de la financiación es la puerta de entrada a la corrupción en el Estado. Según datos de Cuentas Claras en total los candidatos se gastaron 196 mil millones de pesos en la campaña electoral de Congreso 2014. La financiación estatal mediante anticipo fue de 15 mil millones, lo que representa apenas el 8% de lo gastado por los candidatos. Otro 12% fueron créditos bancarios, lo que significa que el 80% de la financiación de las campañas proviene de donaciones, créditos personales y familiares, que en la práctica son difíciles de verificar y controlar.

En el caso de Presidencia los candidatos (5) gastaron 66 mil millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19 mil millones en la de segunda vuelta en 2014. Es decir que la campaña de las dos vueltas presidenciales costó 85 mil millones de pesos. De los 66 mil millones gastados en la campaña de primera vuelta, el 45% (casi 30 mil millones de pesos) fueron cubiertos por anticipos del Estado. Los anticipos fueron solicitados por cuatro de los cinco candidatos. En la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal.

¿Cuál es la realidad colombiana en este aspecto?

Hoy en Colombia, para la MOE, hay una opacidad real en el control de las contribuciones a través de fundaciones de “papel”; de los créditos otorgados por personas naturales (sobre los cuales no hay control para saber si se pagan realmente o si son en realidad aportes) y sobre las donaciones, en donde es posible que recursos de origen ilícito ingresen a nombre de “personas fachada”.

 

FIANCIACIÓN ESTATAL

El 87% de los congresistas comparte la financiación 100% estatal de las campañas, como inicialmente se había planteado en la reforma política, que hace unas semanas fue hundida por solicitud del Gobierno, pues no se contaba con los consensos necesarios para sacarla adelante por la vía del fast track. Así lo revela una encuesta de opinión de la Misión de Observación Electoral (MOE), que muestra las diferencias entre lo que piensan en privado y lo que finalmente votan los parlamentarios.

Con respecto a la discusión de la reforma política, el estudio presentado por la MOE encontró que había temas en los que existía un acuerdo mayoritario de los congresistas, en orden estos temas eran: la financiación totalmente pública de las campañas electorales (87%), las listas cerradas para Senado y Cámara (57%), las listas cerradas para Asambleas y Concejos (55%), y limitar a un número determinado de períodos la posibilidad de reelección de miembros del Congreso (58%).

Un tema de alto consenso que no estaba en esta reforma fue el de la creación de un órgano electoral judicial especializado en investigar y juzgar altos dignatarios (83%).

Finalmente, una reforma al Código Electoral vigente, con 71% es el tema que más genera consensos dentro del Congreso según las respuestas de los congresistas encuestados.

Para Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “a pesar de que estos puntos tienen un acuerdo mayoritario de los miembros del Congreso, en el texto debatido en plenaria de Senado ya no estaban. Es real decir que la reforma hundida el 29 de noviembre por el Senado de la República estaba lejos de cumplir sus objetivos principales de modernizar el sistema de partidos y transparentar el sistema electoral”.

Por otra parte, este estudio permitió ver en qué temas no hay consenso y que pueden seguir generando un debate ideológico en futuras propuestas de reforma política: hacer obligatorio el voto de manera temporal o permanente; limitar la posibilidad de reelección de miembros de corporaciones públicas de elección popular; la conformación de movimientos políticos a través del registro de un número significativo de afiliados; la inclusión de listas cremallera; la eliminación de la figura de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales y que la Procuraduría afecte derechos políticos a través de sanciones disciplinarias.

Una de las propuestas centrales de la reforma era la modificación del actual Consejo Nacional Electoral. Se les preguntó a los encuestados qué creían que se debía crear en caso de ser reestructurado este órgano: el 36% prefiere un solo órgano electoral que asuma las funciones de la Registraduría y el CNE.

Las otras opciones presentes en las respuestas de los congresistas fueron un órgano con funciones administrativas y jurisdiccionales 24%, una corte electoral en la Rama Judicial 19%; no estar de acuerdo con la reestructuración del CNE 15%.

 

OTROS RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos, la corrupción es el problema político más importante para los congresistas con un 35%, seguido por la politización de la justicia y de los organismos de control con 19% y desequilibrio en las ramas del poder público con 11%.

Los problemas políticos que siguen son abstención electoral, 7%; incertidumbre en la implementación del proceso de paz, 7%; financiación de campañas, 6%; violación de derechos humanos y asesinatos de líderes políticos, 4%; falta de representación regional en el Congreso, 2%; relación de política con grupos armados ilegales, 3%; ausencia de mujeres en la política, 2%; seguridad en el ejercicio de la política, 2%; representatividad y participación de minorías políticas 2%.

En el desarrollo de la encuesta se preguntó por el nivel de acuerdo o desacuerdo con la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz que se discutían por esos días a través del proceso del fast track en el Congreso de la República. El porcentaje que estaba de acuerdo fue del 50.3%.

“La polarización manifiesta frente al tema explica la polémica con la aprobación de este proyecto de ley que daba vida a las 16 Circunscripciones de Paz y el debate jurídico sobre su aprobación o no. Se evidenció que mientras en la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto tenía un apoyo apenas mayoritario con el 51.9%, el del Senado solo fue de 47.2%”, explica la MOE.