Las verdades que tendría que ratificar ante la JEP el Coronel González del Río

Janiot César Sepúlveda Ámbito y Javier Andrés Moreno fueron engañados por Juan Carlos Arenas Huertas, llevados a la vereda Trocaderos del municipio de Neira, en Caldas, y allí asesinados vilmente por integrantes del Ejército Nacional el 29 de septiembre de 2007.

Luego, fueron presentados a la prensa como integrantes de un grupo guerrillero, en un caso más de la práctica oprobiosa de ejecutar extrajudicialmente a civiles que nada tenían que ver con el conflicto, a cambio de reconocimientos o recompensas, también conocida como ‘falsos positivos’.

Este es el crimen que le valió al coronel en retiro Róbinson Javier González del Río, entonces comandante del Batallón Contraguerrilla N° 57, una condena de 37 años y 5 meses de prisión por parte del Tribunal Superior de Manizales, por la que estaba preso hasta hace unos días. A esa condena, se suma otra más.

El oficial se benefició con la libertad anticipada y condicionada que se le da a los integrantes de las Fuerzas Armadas que anuncian y firman su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC para sellar 50 años de conflicto.

De esta manera, González del Río, quien ha reconocido públicamente su responsabilidad en al menos 26 de estos casos, tendrá que cumplir con todos los requisitos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye tanto a la JEP, como a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, si no quiere perder los beneficios que tiene esta justicia transicional.

González del Río es uno de los 1751 militares y policías que hacen parte de los listados entregados a la Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Ministerio de Defensa y de los más de 1000 que, según esa entidad, ya están en libertad.

Ahora, González del Río deberá esperar a que entre en funcionamiento la JEP para que se defina su situación en esta justicia especial, momento en que deberá precisar si reitera su responsabilidad o no, lo que podría significar que su pena se vea reducida a ocho años de prisión.

Será en ese momento, cuando la JEP defina de una vez por todas la polémica que se ha generado obre si los ‘falsos positivos’ deben o no ser juzgados allí, dado que representantes de las víctimas consideran que nada tiene que ver con el conflicto que sus hijos hayan sido reclutados y asesinados bajo falsas acciones militares.

En este debate, la Corte Suprema de Justicia ya ha sentado jurisprudencia de sí es posible que los condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, cometidas por causa o en relación con el conflicto, se les suspenda la orden de captura cuando estén prófugos. Y ha dejado en libertad a militares que incluso fueron felicitados por este tipo de crímenes mientras su caso llega a la JEP.

Pero si algo llama la atención del caso del coronel González del Río es lo que este polémico oficial tenga por decir ante la JEP, pues sus declaraciones a la Fiscalía General de la Nación han señalado directamente a altos oficiales del Ejército de conocer sobre la forma cómo estaban ocurriendo los ‘falsos positivos’.

Incluso, en una entrevista con Noticias RCN www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/un-20-ciento-las-bajas-eran-falsos-positivos-del-rio en 2014, el oficial reconoció 27 muertos en 17 operaciones de ‘falsos positivos’ y explicó que a cambio de los resultados había estímulos como fines de semana libres, o varios millones de pesos. González del Río señaló directamente al general Mario Montoya de querer “ríos de sangre”.

De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en junio de 2015, denominado ‘El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles’ www.hrw.org/es/news/2015/06/23/colombia-altos-mandos-militares-vinculados-con-ejecuciones-extrajudiciales, que se elaboró en buena parte con grabaciones de conversaciones del coronel González del Río ante la Fiscalía.

El documento, que relaciona presunta responsabilidad de oficiales que comandaron once brigadas del Ejército, devela apartes del testimonio de González del Río:

“A usted lo evaluaban… por bajas… Esto de las bajas es una política que venía implementando el Señor General Mario Montoya… las diez mejores unidades del país, todos los lunes eran resaltadas por él. Pero esas unidades eran evaluadas por bajas (…) Los días que eran el miércoles a domingo los comandantes de las brigadas y de los batallones entraban en crisis porque sabían que el día lunes había que reportar bajas. Si no reportaban bajas, el comandante del Ejército los iba a vaciar, les iba a llamar a la atención, los amenazaba con relevarlos”, dice uno de los apartes del testimonio en el informe.

En ese documento, HRW revela que González del Río también señaló al general Juan Pablo Rodríguez, saliente comandante de las Fuerzas Militares, de hechos que se habrían cometido cuando comandaba la IV Brigada del Ejército.

“González del Río indicó que la presión de Rodríguez Barragán para que hubiera muertes en combate motivaba las ejecuciones: “¿Y por qué se montaron esas operaciones? Producto de que…él todos los días venía pidiendo bajas… Para él (las capturas) no eran resultados; para él los resultados eran bajas”, dice el informe de la organización internacional.

En ese sentido, González del Río tendría que indicar a la JEP qué es lo que sabe sobre el modus operandi de ‘falsos positivos’ en el país, qué altos oficiales habrían participado en ello y de qué forma, entre otros elementos que serían cruciales para develar la verdad de este delito que tiene a Colombia en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI).

Precisamente, en diciembre pasado la Fiscalía de la CPI reveló en su informe anual dos hechos: primero, la forma como se aplique la Jurisdicción Especial para la Paz será primordial para determinar si hay mérito o no de abrir investigación formal. Segundo, que tiene a 29 oficiales identificados por hechos cometidos entre noviembre de 2002 y el año 2009.

El documento de la Fiscalía de la CPI señala que “espera recibir información detallada de parte de las autoridades colombianas respecto de los casos que presuntamente se estarían investigando, y sobre si se han tomado o se están tomando medidas investigativas concretas y progresivas”.

Los casos en concreto son 146 homicidios entre 2004 y 2008 en el Cesar por cuenta de la Brigada 10 del Ejército; 123 casos entre 2002 y 2009 en Norte de Santander y Magdalena cometidos por las brigadas 15 y 30;  224 homicidios en Meta, Casanare y Vichada ocurridos entre 2004 y 2008 por las brigadas 7, 16 y 28; 119 casos en el Huila por la Brigada 9; y 677 ‘falsos positivos’ en Antioquia y Córdoba por las brigadas 4, 11 y 14. Bogotá Colprensa.