Vacunación peligra por embargo del Hospital

El embargo del HUJMB al Distrito, impide disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación.  

El Hospital Julio Méndez Barreneche, intervenido por la Superintendencia de Salud, decidió embargar las cuentas de salud de la Alcaldía de Santa Marta impidiendo así poder disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación dirigido a contrarrestar el contagio de coronavirus, lo que pone en riesgo a la población.

Así lo confirmó el Secretario de Salud, Henrique Toscano Salas, afirmando que “todos los programas de salud pública que son atención primaria están paralizados, vacunación regular y Covid-19, enfermedades transmisibles por vectores como el dengue, tuberculosis, lepra y salud ambiental”.

Es válido mencionar que, por esta situación, la alcaldesa Virna Johnson se pronunció, indicando que “es inadmisible que frente a la difícil situación que afronta el ente territorial por causa de la pandemia, el Distrito enfrente ahora el embargo de sus cuentas, en las que están los recursos del Sistema General de Participaciones, por causa de un proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital Julio Méndez Barreneche, ente que está intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Además, la decisión del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de embargar las cuentas de la Alcaldía Distrital, pone en ‘jaque’ el trabajo que ejercen algunos profesionales en la cartera de Salud del Distrito, debido a que no se pueden invertir dineros para el funcionamiento de los programas ejecutados por la Secretaría de Salud.

En este sentido, el jefe de la cartera de Salud del Distrito, mencionó que “esto preocupa porque estamos perdiendo un equipo de profesionales en la secretaria de salud, y ahora hay incertidumbre por este proceso. Nosotros estamos trabajando con las uñas, no podemos realizar auditorías a las IPS vacunadoras, inspección vigilancia y control a las entidades del sistema”.

La deuda actual al HJMB asciende a cerca de $13.600 millones correspondiente a la atención a la población vulnerable y migrantes venezolanos.

«El proceso adelantado por la Supersalud, que además se da por concepto de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a población vulnerable no asegurada, particularmente a los migrantes en condiciones de irregularidad; es fatal para la salud del Distrito, más aún en tiempos de pandemia. Saldar esa obligación requiere el aporte de la Nación, que aún no ha girado los recursos necesarios para subsidiar el pago a las entidades de salud que les prestan servicios asistenciales», reseñó la Alcaldía.

La alcaldesa Virna Johnson radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital, ante el amparo de la Constitución Política de Colombia y otras leyes a los recursos embargados.

Entre tanto, miembros de la duma departamental rechazaron las acciones de embargo a las cuentas del distrito. A través de comunicado, los diputados aseguran que es un atentando flagrantemente contra la salud de los samarios en medio la difícil situación que está atravesando la ciudad por la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19.

ACUERDO DE PAGO CON EL HOSPITAL  

Por otra parte, en manifestación de buena fe, y con el ánimo de proteger a los samarios y garantizar su derecho a la salud, la Alcaldía Distrital radicó ante el Hospital Julio Méndez Barreneche una solicitud de acuerdo de pago en el que se compromete a pagar la deuda de la población samaria, dado que la de los migrantes le corresponde al Gobierno Nacional; sin embargo, como respuesta se recibió un oficio negando la propuesta de conciliación.

“La Alcaldía de Santa Marta cataloga el accionar del interventor de la Supersalud, Oscar Gálvez, como inaudito, irresponsable, inhumano, e inconstitucional; por lo que denunciará a todo aquel que mediante actuaciones indebidas y con fines politiqueros, acuda a la justicia para menoscabar los intereses de los samarios”, concluye la Alcaldía.