Contraloría evidenció un retraso en el programa de formalización minera

Un estudio de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Formalización Minera en Colombia, evidenció que a diciembre de 2016 solo se alcanzaron 764 de las 1050 Unidades de Producción Minera (UPM) en Grado 1 o Básico que se debían tener en el país.

El cumplimiento de la meta fijada a 2016 debió estar en 40,38 % y el avance logrado es de 29,39 %, lo que representa un retraso del 11 %. “Es claro y evidente que se encuentran pendientes significativas acciones y esfuerzos para lograr la expectativa puesta en las metas establecidas”, señaló la Contraloría.

También indicó que actualmente se encuentran pendientes 1836 UPM para alcanzar la meta propuesta para el cuatrienio 2014-2018 de 2600 UPM incluidas en el Grado 1, reflejando que el seguimiento que realiza el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados del Departamento Nacional de Planeación no estaría mostrando el avance real del Programa, sino un avance parcial de la primera fase.

El ente de control también pudo determinar que a diciembre de 2016, los costos del Programa por Unidades de Producción Minera reportadas en proceso de formalización Grado 1 ascienden a 54.164 millones de pesos, es decir 70.89 millones por cada una de las 764 alcanzadas.

Para la Contraloría este es un costo muy alto, porque que se tratan de Unidades de Producción que no han alcanzado el Grado 2 de Minería Formal, que sería la mínima categoría para considerar que el programa de formalización ha obtenido resultados reales.

 

TIEMPO DE PERMANENCIA

La Contraloría señaló que se debe determinar un tiempo límite de permanencia de las UPM incorporadas en el Grado 1, porque muchas unidades preferirían permanecer en este grado sin avanzar en los cumplimientos de los lineamientos para seguir escalando de categoría.

“Lo contrario puede ocasionar que se presente el mismo escenario de los anteriores programas de legalización y formalización, donde el titular prefiere permanecer por tiempo indefinido sin avanzar en el cumplimiento de los requerimientos establecidos para acceder al siguiente nivel, sin que la autoridad minera tome decisión alguna”, indicó el ente de Control.

La Contraloría señaló que la evolución normativa sobre formalización de la minería «no ha tenido en cuenta los argumentos y advertencias de la Corte Constitucional, desconociendo abierta y sistemáticamente sus lineamientos y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes».  Bogotá Colprensa.