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Juez niega tutela contra Caicedo y Martínez presentada por Diputada
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha asegurado que los miembros de la mayoría de la Asamblea del Magdalena, de la que hace parte la diputada Molina, se han enfrascado en evitar que se desarrolle un verdadero cambio en el departamento.
El Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad Distrito Judicial de Santa Marta, negó una acción de tutela presentada por la diputada Elizabeth Molina, contra el gobernador Carlos Caicedo y el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, por presunta vulneración de derechos fundamentales.
La acción de amparo presentada por la asambleísta contra el Gobernador y el vocero de Fuerza Ciudadana, fue negada por el juzgado, luego que la defensa del Gobernador, adelantada por la Oficina Jurídica, señalara que las afirmaciones que realiza la accionante en los hechos de la tutela, son simples percepciones personales, ya que, en las redes sociales, el gobernador no ha hecho referencia a la señora Elizabeth Molina Campo.
La juez Mónica Lozano Pedrozo, negó “el amparo constitucional a los derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad dentro de la acción de tutela promovida por la señora Elizabeth Molina Campo, en condición de diputada del Departamento del Magdalena contra los señores Carlos Eduardo Caicedo Omar como gobernador del Magdalena y el particular Rafael Alejandro Martínez, atendiendo las consideraciones que preceden”.
Además se indica que de acuerdo a las pruebas aportadas a la demanda, la única prueba con la que se pretende acusar al Gobernador del Departamento del Magdalena, es el pantallazo señalado en el numeral sexto del acápite de los hechos, de un supuesto Twitter del mandatario; en la cual asegura que el mandatario no realizó ningún señalamiento directo o expreso en contra de la accionante ni de ningún otro diputado, o particular, por el contrario es un mensaje en términos genéricos, por tanto considera que no se avizora vulneración alguna a los derechos alegados por la accionante.
Señala la decisión judicial que “no existe sentencia proceso penal por esas conductas, vulneran sus derechos al buen nombre en conexidad con la honra, y la presunción de inocencia como también la legitimidad de la demandante como diputada dada que fue elegida por voto popular para ejercer control político al gobernador y su labor no puede ser cuestionada con injurias y calumnias”.
