Otra demanda contra la aspersión con glifosato

La  demanda sostiene que la inconstitucionalidad de la norma se explica por cuanto “estaría reglamentando directamente una sentencia judicial de la Corte Constitucional (T-236 de 2017) y no una Ley de la República, y ello desconoce el sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución Política”. 

Ante el Consejo de Estado fue radicada una segunda demanda contra el Decreto 380 de 2021 expedido por el Gobierno nacional que autorizaría el regreso de la aspersión aérea con glifosato en Colombia.

El argumento de esta acción jurídica es que el Gobierno “está cometiendo una grave violación a la Constitución Política y la Ley”, de acuerdo con el representante a la Cámara Carlos Ardila, que lleva las firmas de otros once congresistas entre ellos dos del departamento del Putumayo, y varios diputados de la Asamblea seccional.

En esta demanda se solicita como pretensión principal que el Decreto 380 de 2021 sea declarado nulo en su totalidad “por no tener el Presidente de la República la competencia para reglamentar, sin la expedición previa de una Ley de la República, los mecanismos de protección y reivindicación de derechos individuales y colectivos que pudieran ser vulnerados con ocasión de la aspersión aérea de herbicidas en la lucha contra los cultivos ilícitos y con ello ir en contravía de lo estipulado en los artículos 4, 89, 150 numerales 8 y 23, y 189  de la Constitución Política. Igualmente, resulta en su integridad violatorio del derecho fundamental a la consulta previa”.

Otro argumento de la demanda sostiene que la inconstitucionalidad de la norma se explica por cuanto “estaría reglamentando directamente una sentencia judicial de la Corte Constitucional (T-236 de 2017) y no una Ley de la República, y ello desconoce el sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución Política”.

Así mismo, señala la demanda que la norma “vulnera el principio de reserva legal, no permite la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración de los informes en salud y medio ambiente que deberán formular las autoridades correspondientes, y viola el principio de independencia y separación de poderes, y la competencia del Congreso de la República para expedir las leyes”.

Y concluye con otro argumento: “el Decreto no es claro al determinar la manera en que se aplicará el principio de precaución y da a entender que aún en presencia de riesgos o sospecha razonable de riesgos excesivos a la salud, de cualquier modo se podrá seguir asperjando y realizando la actividad riesgosa”.

Esta demanda se suma a la que hace justo un mes, el 21 de abril pasado, habían presentado la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y el Colectivo Orlando Fals Borda, señalando también una presunta inconstitucionalidad de Decreto.

En la demanda también se pidió al Consejo de Estado medidas cautelares debido a las posibles afectaciones a la salud de los ciudadanos y el medio ambiente con la reanudación de la fumigación con glifosato.

Camioneros están siendo atacados en carreteras 

Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, dijo que no hay garantías para poder laborar ya que los vehículos y conductores están siendo atacados en las carreteras en el marco del paro nacional.

Por esta razón, la Federación envió una carta al presidente Iván Duque para comunicarle que los camioneros no seguirán trabajando en el suroccidente del país, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

“Por más que quiera el Ejército o la Policía por ayudarnos en los corredores humanitarios esto no es suficiente, en las carreteras vandalizan los carros, atentan contra los mismos transportadores”, puntualizó.

De acuerdo con Cárdenas, este problema agrava la crisis que vive el país por el desabastecimiento.

“Anoche quemaron a un tractocamión que venía de Buenaventura . Al conductor le tocó parar porque lo hirieron a piedra y le quemaron el vehículo”, señaló Cárdenas.

 “Tenemos más de 2.500 vehículos detenidos y los 200 que han salido han sido abatidos como si estuviéramos en una guerra”, puntualizó el presidente de Fedetranscarga.

De acuerdo con el agremiado, las pérdidas en estos 23 días de paro para el sector ya ascienden a los dos billones de pesos.

COLPRENSA

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