Críticas al Gobierno por negar visita de la CIDH a Colombia

Revuelo ha causado la declaración de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, en el que indica que el Gobierno colombiano, por ahora, no aceptará la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar la situación de los presuntos abusos de la fuerza pública en el marco de las protestas. Según algunos, es necesario permitir la visita de la comunidad internacional. 

Tras la visita de la funcionaria, la CIDH publicó un trino en el que asegura que se reunió con Ramírez “para abordar la situación de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas y los actos de violencia registrados. El organismo reiteró importancia de la visita de trabajo y se trataron sus alcances y formato”.

Según Roy Barreras, el hecho de que el gobierno no permita la visita de la CIDH es otro error enorme, “el Gobierno niega la visita del organismo igual que lo hizo Maduro. Los regímenes totalitarios son autistas, no oyen lo que les dice la calle, no ven las causas de la protesta y en su fase degenerativa tampoco quieren que los vea la comunidad internacional”.

La excongresista Piedad córdoba también se refirió al hecho, indicando que las investigaciones internas de Colombia son las mismas que dicen que Dilan Cruz “se atravesó”, y las mismas que “hicieron nada con pistoleros en camionetas disparando en Cali, las mismas que ignoraron 6403 falsos positivos”.

Para la representante a la Cámara Ángela Robledo, la visita de Ramírez está placada de “un recital de mentiras, la más evidente: que se ha respetado la vida y los derechos humanos en la protesta social. ¿Si esa así por qué se negaron a la vista de la Comisión? 59 asesinatos no se ponen debajo de un tapete y ya. ¡Infames!”

La representante Katherine, Miranda del Partido Verde, sostuvo que “un circo de sangre es Colombia para este gobierno. En medio de las protestas y las violaciones de DDHH, se desgarran las vestiduras por traer la copa America, pero niegan la presencia de la Comisión.

DESDE OTRAS ORILLAS 

La profesora de la Universidad de Georgetown sobre Derecho Internacional, Silvia Serrano, sostuvo que Colombia históricamente ha dado anuencia a la Comisión para visitar su territorio. “Los informes de país han sido producto de visitas, y así ha sido por décadas. Hoy Iván Duque marca un cambio radical y se ubica junto a los países que más criticó por lo mismo, como Venezuela y Nicaragua”.

Según la profesora, esperar a que los órganos de control actúen antes de la visita de la CIDH implica que el Gobierno confunde el sistema de casos individuales con el monitoreo general. Además, sostiene que “mediante un monitoreo oportuno como el que pide la Comisión con visita, puede coadyuvar a tiempo a los órganos de control para que respondan adecuadamente a las violaciones de DD.HH. y eviten que Colombia comprometa responsabilidad internacional”.

Para Serrano, romper la tradición de Colombia frente a la CIDH “es una torpeza, porque al negar la visita pierde la oportunidad de poner a los DD.HH. en el centro de la salida a la crisis, lo que le podría ayudar al gobierno de crear condiciones de confianza para el diálogo y la negociación después de la mala experiencia de 2019; y una irresponsabilidad, porque siendo la presencia de la CIDH una medida solicitada por tantos sectores y que es factible en lo inmediato para bajar tensiones y dialogar, el Gobierno insiste en su soberbia en vez de dar un gesto tan elemental”.

Por otro lado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, calificó de alarmante el rechazo. Para la funcionaria, “esa postura hace parte de un enfoque negacionista muy peligroso”, y es una oportunidad perdida del presidente Iván Duque “de mostrar voluntad política para reconocer las graves violaciones de Derechos Humanos que cometen las fuerzas de seguridad”.

A su turno, Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Dejusticia, sostuvo que la negativa “es muy desafortunada, porque hay una profunda desconfianza hacia la Fiscalía, Procuraduría y la Defensoría, por su enorme cercanía al gobierno y por su pobrísimo desempeño durante esta crisis aguda de derechos humanos asociada a las protestas, con un uso desmesurado de la Policía que se ha traducido en decenas de muertes, desapariciones y violencia sexual”.

Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, indicó que la negación es “lamentable, porque se priva al Estado y a la sociedad de una herramienta muy valiosa para resolver un problema muy grave, pero no es sorprendente porque el manejo que el gobierno le ha dado a este problema es profundamente desacertado, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos”.

COLPRENSA

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