Unimagdalena acompaña denuncias de estudiantes amenazados en marchas

Las acciones se han adelantado en pro de la garantía y promoción de los derechos en el entorno universitario. 

La Universidad del Magdalena respalda el derecho constitucional de los ciudadanos a indignarse pública y pacíficamente, por eso, ha rechazado la estigmatización, intimidación y cualquier tipo de violencia en contra de los manifestantes en el marco de las jornadas nacionales de movilización y protesta; en especial, en los seis casos de sus estudiantes que denunciaron amenazas en las movilizaciones realizadas en Santa Marta.

La movilización de la Universidad del Magdalena en favor de sus estudiantes ha permitido que entre el 12 y el 27 de mayo, luego que el Doctor Pablo Vera Salazar, Rector de esta Casa de Estudios Superiores, fuera informado de la amenaza y estigmatización de que fueron objeto dos estudiantes, casos que hoy son seis en total; se hayan ejecutado 24 acciones en materia de acompañamiento, apoyo y orientación.

De esas 24 acciones, 14 han sido desarrolladas interinstitucionalmente sirviendo la Universidad del Magdalena como gestor, facilitador y apoyo para los estudiantes afectados; ante instancias como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Santa Marta, la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación; ayudando en el trámite de denuncias, asistencia en diligencias judiciales y acompañamiento en el impulso de las investigaciones.

En el marco del acompañamiento integral por parte de la Universidad del Magdalena, de esas 24 iniciativas, 10 se han cumplido institucionalmente, a cargo de la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, brindado acompañamiento y orientación psicológica para fortalecer las redes de soporte personal y familiar, así como la autorización de un apoyo del Fondo de Solidaridad.

Esta ruta de atención comenzó el pasado 12 de mayo, cuando el rector Pablo Vera Salazar, mediante oficio REC-146-2021 remitido a los estudiantes afectados, manifestó su solidaridad y apoyo, y convocó al Comité de Derechos Humanos para que de inmediato estableciera estrategias para la contención de la vulneración de los derechos humanos de los miembros de su comunidad que participan en las jornadas de movilización y protesta.

Además, requirió a la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Bienestar Universitario para que desde su competencia y funcionalidad ejerzan acciones inmediatas en pro de proteger la vida e integridad de los estudiantes, en especial de todos los que denunciaron intimidaciones. Se dio traslado y puso en alerta a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería de Santa Marta y demás entidades con competencia para que prevengan la vulneración de los derechos humanos de los manifestantes.

El Comité de Derechos Humanos a través de su Secretaría Técnica participó el 18 de mayo en la reunión de coordinación y análisis de los hechos de amenazas, en la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta y a la que asistieron los estudiantes amenazados, la Procuraduría Regional y Provincial, la Personería de Santa Marta, la Defensoría Pública, la Policía Metropolitana de Santa Marta y docentes de Derechos Humanos de la Alma Mater. En este sentido, la Universidad del Magdalena ha solicitado acompañamiento y seguimiento de los organismos de control, supervisión a las investigaciones de tipo penal y disciplinario, en razón a lo expuesto por los estudiantes.

El 20 de mayo los estudiantes amenazados fueron asistidos por funcionarios de la Alma Mater en la diligencia de radicación de denuncia ante la Fiscalía Seccional de Santa Marta, por el delito de Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Allí expusieron los hechos de que fueron objeto, allegaron todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.

En corto tiempo se logró que la Subdirección de la Fiscalía asignó a la Fiscalía 36 Seccional, la investigación penal y expidiera las órdenes de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación. La Universidad del Magdalena también gestionó en la reunión con el Defensor de Pueblo del Magdalena, las comunicaciones al Director Seccional de Fiscalía, el Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y al Coordinador Regional de la Unidad Nacional de Protección; para que desde sus competencias, asuman el conocimiento y apremien las medidas tendientes a garantizar la vida e integridad física de los estudiantes amenazados. Estas autoridades deben informar permanentemente las acciones que emprendan.

El 24 de mayo se desarrolló la reunión con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta en la que el Comité de Derechos Humanos de la Alma Mater verificó la activación de la ruta de protección y seguimiento a los estudiantes afectados. En tal sentido, el Área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación se ha asesorado y acompañado a las autoridades frente a las acciones judiciales en favor de los estudiantes en riesgo.

Estas 24 acciones que ha implementado Unimagdalena hasta el momento, se traducen en el seguimiento a la garantía, defensa y promoción de los Derechos Humanos en el entorno universitario, siendo 10 acciones propias de la Institución y 14 acciones desarrolladas conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería de Santa Marta, la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, la Procuraduría Regional y Provincial, la Policía Metropolitana de Santa Marta y Fiscalía Seccional de Santa Marta.

“Invitamos a los miembros de la comunidad universitaria en especial a los estudiantes a que ante una vulneración de sus derechos humanos en el entorno universitario, acudan al Comité de Derechos Humanos, porque ese es su objetivo, para eso fue creado, para buscar el goce efectivo de sus derechos, pero, sobre todo para generar los mecanismos que permitan su garantía”, manifestó el abogado magíster Christian Rodríguez Martínez, secretario técnico del Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena.