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Ministro Malagón, ¿cuál es el negocio socio?

El sector de agua potable en La Guajira fue intervenido por un periodo de 3 años con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, que son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones; y el MinVivienda es la entidad encargada para asumir las competencias generales y las responsabilidades en la prestación de los servicios.

¿De qué ha servido la intervención temporal? ¿Qué ha cambiado? ¿Será que cambiaron un ladrón por otro ladrón? ¿Y si todo sigue igual entonces qué sentido tiene la intervención temporal?

¿Qué ha pasado con las veedurías ciudadanas?

Tengo copias de tres contratos de consultoría suscritos por la ATSAPSB, los cuales pueden observar a través de los hipervínculos, y que indagué para llevar a cabo una investigación responsable, encontrando unos hechos que preocupan, y merecen las explicaciones necesarias de parte de los responsables.

El contrato 016 es una consultoría para elaborar los planes maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Manaure (contrato); el contrato 017 es otra consultoría para revisar y aprobar los productos entregados por las consultorías de sector APSB en el departamento de La Guajira (contrato); y el contrato 018 es otra consultoría para elaborar estudios, diseños y viabilización ante MinVivienda de los proyectos de esquemas de suministros de agua potable para comunidades étnicas rurales en los municipios de El Molino y La Jagua del Pilar (contrato).

Los tres contratos fueron suscritos con Ingeniería e Interventoría Nacional – INALTER SAS, representada por Sandra Jeannette Forero Simijaca, según registros de la Cámara de Comercio. (certificado)

Hasta ahí todo bien. Son tres contratos de consultoría. Y ¿qué es lo malo?

Lo malo es que con el contrato 017 INALTER SAS va a revisar y aprobar lo que ella misma haga en la ejecución de los contratos 016 y 018. Es decir, una consultoría para que revise y apruebe las consultorías!

Muy bonito. ¿Yo con yo? ¿Y eso desde cuándo se puede con recursos públicos?

Pero hay más.

El concurso de méritos 004/21 para elaborar estudios y diseños para la rehabilitación y/o optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Barrancas, San Juan, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.

La ejecución del contrato suscrito estará sometido a la revisión y aprobación de INALTER SAS, en virtud del objeto del contrato 017 que revisa y aprueba los productos entregados en las consultorías del sector APSB en el departamento de La Guajira. (petición)

¡Y quien dijo miedo!

El concurso le fue adjudicado al Consorcio Aguas de La Guajira que lo constituyeron las empresas INALTER SAS e INALDEX SAS.

Pero la empresa INALTER SAS está representada legalmente por Sandra Jeannette Forero Simijaca, y la empresa INALDEX SAS está representada legalmente por José Carlos Vergara Mendoza como principal y Sandra Jeannette Forero Simijaca como suplente. (certificado)

¿Y dónde está la bolita?

En varias partes: 1) la revisión y aprobación del objeto contratado las llevará a cabo una de las partes del consorcio; 2) en una de las partes del consorcio, la representante legal suplente es, al mismo tiempo, la representante legal principal de la otra parte, y hará la revisión y aprobación del objeto contratado, 3) la representante legal de INALTER SAS, es decir, Sandra Jeannette Forero Simijaca, es la esposa o pareja del representante legal de INALDEX SAS, es decir, de José Carlos Vergara Mendoza, donde al mismo tiempo ella es representante legal suplente.

Es decir, la esposa revisa y aprueba lo que lleve a cabo el esposo o pareja. Muy bonito. Yo con yo y todo queda en la pareja.

En razón a todo este entramado me dio la curiosidad de escribir estos nombres en el buscador de google para ver lo que lograba conocer.

¡Háganlo ustedes! Pero deben tener un balde al lado para recoger la cantidad de información judicial que van a conocer…

Y por último, en serio, toda esta situación ha sido desconocida para el administrador Juan Felipe Romero Sierra, el jurídico Rodrigo Paúl Jiménez Martínez, y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón? ¿Todo ha sido a sus espaldas? ¿Cuál es el negocio socio?

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