14 cuerpos exhumados, tenían heridas perimortem: JEP

Desde la mañana de este martes inició la diligencia mediante la cual la JEP recopiló el testimonio de Timisay Monsalve Vargas, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de este centro de educación superior, sobre las exhumaciones que se presentaron en seis municipios de la zona de influencia de Hidroituango.

En la diligencia, sobre el estudio de medidas cautelares, se indagó sobre la posible existencia de cuerpos de personas desaparecidas forzosamente en el marco del conflicto armado, en las exhumaciones. Los cuerpos de las personas fallecidas reposan en la Universidad de Antioquia.

Cabe recordar que, tras 2 inspecciones de la JEP al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia en 2019, se ordenó proteger los cuerpos que allí se encontraban y eran provenientes de los cementerios de Orobajo, Barbacoas, la Fortuna y el Jardín Cementerio El Universal de Medellín.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó un informe ante la magistratura, sobre los hallazgos encontrados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, en el marco de la investigación.

Se determinó que, de los restos óseos que pertenecían a 178 personas, por lo menos 14 pertenecían a personas que perdieron la vida de manera violenta, tenían heridas perimortem y que posiblemente fueron heridos con arma de fuego.

Ante el hallazgo, el magistrado Gustavo Salazar le preguntó a la antropóloga Carolina Aguilar, quien presentó el informe, si se podía establecer si las personas que estaban con tales heridas en medio de las colecciones de la Universidad de Antioquia, podían pertenecer a personas desaparecidas.

Ante el cuestionamiento, se estableció que no era posible conocer si estas personas fueron desaparecidas o bajo qué circunstancias en puntual perdieron la vida, dado que se tendrían que hacer más estudios de fondo para determinar las circunstancias.

Además, la antropóloga enfatizó que los restos de estas 14 personas, presentaban heridas perimortem, que no fueron denunciadas ante la Fiscalía en el momento que se presentaron las exhumaciones.

Así mismo, Aguilar declaró que, en la Universidad de Antioquia, algunas de las colecciones en donde reposaban los cuerpos, no contaban con las condiciones necesarias para la conservación de los mismos y que incluso había presencia de roedores e insectos, en el momento en que se hizo la diligencia.

Según el informe de la antropóloga, si bien la Universidad de Antioquia entregó todos los documentos que ellos tenían a su disposición, estos no eran suficientes para determinar si existían en las colecciones personas desparecidas, por cuanto faltaban certificados, protocolos de necropsia de Medicina Legal, entre otros.

Ante el cuestionamiento de la falta de documentos y la posible falta de rigurosidad para establecer quiénes eran las personas no identificadas plenamente, la profesora Timisay Monsalve Vargas, aseguró que la misma comunidad de Orobajo (en Sabanalarga); que fue en la que se centró la diligencia, fue la que concedió los permisos para hacer las exhumaciones y que fueron ellos quienes reconocieron los cadáveres.

“La universidad no los asesinó, ni los desapareció. La universidad no tiene nunca la intención de ocultar información. No nos interesa hacerle ese daño a nadie”, aseguró la profesora ante los cuestionamientos.

Así mismo, la profesora dijo que en el momento en que se realizaron las exhumaciones, la Universidad de Antioquia cumplió con el registro de las familias, quienes aceptaron el procedimiento y participaron activamente en el mismo, identificando a las personas que allí se encontraban.

Ante las preguntas del magistrado sobre si Monsalve Vargas sabía que en el lugar había personas desaparecidas, ella aseguró que desconocía por completo esta situación, “Uno como antropólogo parte de entablar una relación de confianza y creencia en la comunidad. A mí me informaron que en ese lugar no había desaparecidos antes de la exhumación. Yo no podía cuestionar a la comunidad, esa no es la ética de mi trabajo”, aseguró la docente.

Monsalve Vargas reiteró en repetidas oportunidades, que el procedimiento que realizaron no fue de carácter forense, sino que se limitaron a cumplir con el contrato establecido entre la EPM, la firma Integral S.A y la Universidad de Antioquia, que consistía en “adelantar la prospección, exhumación y traslado administrativo de restos óseos sepultados en cementerios comunitarios con patrones de enterramiento irregular”.

La profesora insistió que el trabajo que realizaron “No era un contexto forense ni científico, trabajamos en tres cementerios comunitarios rurales, con patrones irregulares de enterramiento a lo largo de siete y hasta ocho décadas, en los que hicimos una prospección, es decir, una exploración para establecer cuántos cuerpos había —en total fueron 349 restos de personas—, los exhumamos y trasladamos al lugar que la comunidad eligió”.

El magistrado nuevamente cuestionó a la profesora: “Cómo es posible que se hayan exhumado esos cuerpos y no notifiquen a la Fiscalía?, ¿Cómo se explica que ustedes exhumaran un cuerpo que tiene una lesión con arma de fuego, de carácter perimortem, y pasen por alto esa situación?», le dijo el magistrado Gustavo Salazar a la docente.

Timisay aseguró que a ella no le correspondía esa competencia y que la Universidad y ella actuaron bajo los parámetros que les indicó la Fiscalía y que en el momento de realizar las exhumaciones ellos no tenían conocimiento de que esas personas hubiesen muerto de forma violenta, sino que establecieron en ese momento que la manera de muerte fue natural.

Tras la intervención de la docente, tomó la palabra Abelardo David, Guardia Mayor del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo, quien primero agradeció ante la JEP poder rendir su testimonio y calificó como un “honor y gozo” estar ante esa entidad.

Luego, Abelardo aseguró que tomó por sorpresa el hecho de que se encontraran en el cementerio de Orobajo cuerpos con heridas por arma de fuego, pues para su comunidad, esas personas hacen parte de su familia y de sus vecinos, por lo que respaldó a la profesora señalando que ellos no tenían conocimiento de que en ese lugar posiblemente hubiera personas desaparecidas.

El líder indígena explicó que antes de realizar las exhumaciones se llegaron a acuerdos con la comunidad y que todos fueron informados del procedimiento que se iba a realizar, para que cada uno de ellos fuera a reconocer a sus familiares.

No obstante, reconoció que el cementerio era “ancestral” y que, en ocasiones, cuando se iban a realizar los entierros, los cajones podían ponerse sobre otros cuerpos, “El cementerio era pequeño, el terreno no era amplio y era difícil cavar un hueco allí. Como se trataba de un lugar ancestral, que se usaba desde hace muchos años, cuando se abría la tierra uno podía encontrar restos de personas allí, entonces lo que se hacía era correr esos huesos y poner el cajón encima”, aseguró Abelardo.

Así mismo, el líder de los Nutabe aseguró que la comunidad reconoció los restos de sus seres queridos por las prendas de vestir que tenían en el momento de la exhumación y que tras las diligencias que está realizando la JEP, espera junto a su comunidad, poder realizar un ritual para darle sepultura en un nuevo cementerio a los restos.

La diligencia, que tuvo una duración de 10 horas, finalizó sin la intervención de Pedro Adán Torres y Apolinar Torres Moreno, representantes de la comunidad de Barbacoas, quienes fueron citados el próximo 19 de julio para que se sigan llevando a cabo los testimonios de rigor ante la JEP.

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