Gobierno y oposición se atacaron duramente por cifras del paro nacional

Durante el debate de Control Político: ‘violaciones a Derechos Humanos en el marco del Paro Nacional’, citado por la bancada de oposición en el Senado de la República, haciendo uso del Estatuto de la Oposición, tanto los funcionarios como los citantes expusieron las cifras que ha dejado el Paro Nacional. Las intervenciones generaron tensiones durante todo el debate.

“¿Podemos hablar de protesta pacífica cuando esos grupos minoritarios que se aprovechan de la protesta acuden armados? La fuerza pública ha incautado 36.000 armas de corto, automáticas, neumáticas y cortopunzantes. ¿Quién que quiera acudir a una protesta se va armado?. Esos grupos minoritarios son los que están dedicados a incitar, generar caos y destruir el patrimonio público y la propiedad privada”, aseguró la canciller y vicepresidente, Marta Lucía Ramírez.

Insistió en que algunas personas “han utilizado las redes sociales para incitar al odio. Qué otra cosa si no cuando llaman ‘cerdos’ a los policías, que los llaman ‘asesinos’. Si hay uno que cometió un crimen se le juzgará, pero llamarlos así a todos no es una manera de solucionar los problemas a través de las instituciones. Aquí son muchas las vidas perdidas, como mamá y funcionaria pública me duele cualquier vida que se pierda aquí”.

La vicepresidente también indicó que en Colombia, según cifras del Gobierno, “hay 18 muertos comprobados derivados de la protesta, 1106 civiles heridos 1250 uniformados heridos, muchos de ellos de gravedad, dos policías muertos un funcionario del CTI y todos los destrozos que se han presentado, las vías, los peajes, el transporte público, ese es el balance vergonzoso”.

Indicó que “hemos tenido 11.683 marchas en el país y solo ha habido necesidad de intervención en 1335, es decir, menos del 10 % de los casos han requerido la intervención del Esmad, porque la mayoría son expresiones pacíficas. La protesta no es un derecho absoluto, por encima está la seguridad nacional, la seguridad pública y los derechos de los demás ciudadanos”.

Julián Gallo, senador del partido Comunes, antiguo Farc, indicó que según “cifras de indepaz, hay 71 víctimas de violencia homicida, hasta el 31 de mayo, esas 71 víctimas que han caído asesinados, según la misma investigación, son atribuibles 17 al Esmad, 13 a otras unidades de la policía, 1 conjunta entre la policía y el Esmad, 3 al grupo de operaciones especiales de la misma institución, 2 a un agente del CTI, 8 a civiles, 22 cuyos autores no se han podido identificar y 5 casos por establecer”.

Sostuvo que según la misma investigación, se documentaron “346 casos con nombres, lugares, fechas de colombianos desaparecidos en un derecho de petición que radicó esta organización a la fiscalía y a la Defensoría. Cosa que obviamente es muy grave que colombianos y colombianas que participan de las movilizaciones y la protesta desaparezcan, se esfumen como por arte de magia”.

Según denunció, “bajo la figura de traslado de protección, la Policía captura a personas que hacen uso de la protesta para llevarlos a sitios de detención, algunos que se desconocen, pero se han logrado registrar a través de la campaña defender la libertad se han documentado al menos 872 casos”.

El también citante, Antonio Sanguino, indicó que “hay una ruptura por parte del Gobierno a una tradición con el mundo de los Derechos Humanos, que era la apertura al escrutinio internacional. En los últimos días hemos visto una pretensión de romper con esa tradición, una negativa como si fuéramos una dictadura tropical a que la CIDH viniera a documentar en terreno las violaciones de Derechos Humanos que han ocurrido y que ocurrieron en noviembre de 2019 y septiembre de 2020, porque este gobierno se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y de graves violaciones de DD.HH.”.

Según dijo, “el gobierno quiere poner otro obstáculo a esa visita y es que debería comenzar con una reunión a puerta cerrada con los organismos de Colombia, como si esta visita de la CIDH fuera turística y guiada por el Gobierno. Propongo en nombre de la Alianza Verde que el gobierno facilite la creación de una comisión especial, con presencia de organismos internacionales que documente investigue y ayude a identificar responsabilidades disciplinarias y penales de servidores públicos”.

EL OTRO ENFRENTAMIENTO

El senador del Polo Alexander López, denunció en la plenaria que la Procuraduría “me abre una investigación disciplinaria por cumplir con mi deber, por garantizarle los derechos humanos a los jóvenes, el día de los hechos, para que el país y el mundo lo sepan yo llamé al despacho de la procuradora para que enviara delegados a Cali urgente. Supuestamente la investigación es por obstruir un procedimiento de los policías”.

Según el senador, “aquí sacan un argumento de que el paro es financiado por el ELN, las exfarc y los narcotraficantes, pero no se dan por enterados que hay unos ciudadanos mamados, dolidos y rabiosos de ver cómo les roban sus derechos y sus presupuestos públicos, hago un llamado a los Congresos de América, de Europa, de Asia y África. Aquí se roban miles de millones de dólares los políticos de este país, que le hacen falta a los niños para educarse. La misma oficina de Transparencia de la Presidencia lo ha dicho. Aquí los bancos son los que menos impuestos pagan, mientras los pobres y la clase media son estrangulados con altos impuestos y rentas que los condenan a la miseria”.

Según cifras del congresista, “aquí dicen que el ELN se metió en los barrios y que las Farc están en los más de 700 municipios que protestaron, ¿Cuáles guerrillas? Las que necesitan que se mantengan para apoyar la barbarie. La gente reclamando comida, que no se roben más los recursos, que haya democracia, reclamando derechos y la respuesta del presidente es dispararles en la cabeza a los jóvenes. Vamos a encargarnos de que en todo país que haya democracias se conozcan las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que “por más veces que afirmemos algo aquí eso no interesa a algunos sectores. El gobierno garantiza el derecho a la protesta, en ningún momento el Gobierno irrespeta la Constitución. Para que el mundo lo sepa el gobierno del presidente Duque garantiza no solo el derecho a la protesta, todos los derechos que están consagrados en la Constitución. Gran favor harían quienes hacen oposición de reconocer los hechos de violencia innegables y lástima que en esos periplos que hacen fuera del país nunca hagan referencia a la afectación de la propiedad privada, la propiedad pública y los bienes, además de nuestros miembros de la fuerza pública”.

El ministro indicó que “hemos dicho a la saciedad que no aceptamos ningún abuso de la fuerza pública, que esas circunstancias deben investigarse, y entonces se manifiestan por parte de la Fiscalía unas cifras muy exactas, siendo la única con la facultad de determinar los hechos sobre un fallecimiento, determinar el homicidio o el responsable. Como información oficial de 308 casos de personas por localizar, el mecanismo de búsqueda urgente ha resuelto la gran mayoría, esperando resolver 111 casos, de las 48 muertes registradas 20 están relacionadas con las protestas, 10 en Cali, 4 en valle, 1 en Bogotá, 3 en Cundinamarca, uno en Cauca y uno en Tolima.  Además ha determinado que 19 de esos homicidios no registran relación con los hechos de protesta”.

Explicó que según datos de la Procuraduría, “hay más de 170 investigaciones internas de la Policía por estos hechos, 82 por abuso de autoridad, 32 por agresiones físicas, 11 por homicidio, 18 por lesiones personales, 9 por incumplimiento de órdenes y 18 por otras conductas; Además de 54 indagaciones a miembros de la fuerza pública. Pero para muchos es más rentable desacreditar a las instituciones”.

Indicó que “nos duelen los policías heridos: 31 policías heridos con arma cortopunzante, me imagino elemento esencial en la protesta pacífica, 31 con explosivo incendiario, elemento básico también, 30 con arma de fuego, no creo que haga falta en alguien que sale a protestar, 7 con arma traumática, 6 con agente químico, entonces ahí hay unos hechos innegables que ojalá cuando presentemos la historia al mundo la mostremos entera”.

El jefe de la cartera se refirió a los bloqueos: “es una violación de Derechos Humanos no permitir el acceso a alimentos o a medicinas. Si la condición para negociar es seguir en el bloqueo, no lo vamos a aceptar, eso es inhumano y por eso hay que denunciarlo y ese ha sido un esfuerzo del gobierno, algunos dicen que el gobierno no ha escuchado, pero no es verdad. Ese clamor de algunos ciudadanos, porque el comité de paro no representan a mucha gente, de mi reunión con la primera línea de Cali me dijeron que el comité no los representaba, lo han dicho con claridad como muchos sectores sociales”.

BOGOTÁ (Colprensa).  

También podría gustarte