Reforma al Código Disciplinario con más enemigos que amigos

El coordinador ponente, senador liberal Fabio Amín, defendió las funciones jurisdiccionales, “hay que darle cumplimiento a ese artículo de la Constitución y permitir las funciones jurisdiccionales que en este caso le son atribuibles a un órgano de control, a una autoridad administrativa, pero de manera precisa, solo para conocer los procesos disciplinarios”, sostuvo. 

En un verdadero ‘tire y afloje’ se convirtió la votación de la reforma al código disciplinario, en donde la oposición acusó que la ley es inconstitucional y violatoria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó reformar la ley colombiana para garantizar que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos.

El proyecto además contempla una serie de cambios al sistema de investigación a los servidores públicos, como también la creación de cargos en el aparato de la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue ampliamente rechazado.

La mayor controversia se dio con el artículo 15, en el cual el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, sostuvo que lo aprobado sólo busca acabar “la democracia y avalar una dictadura”. En su criterio los senadores y representantes incumplieron una sentencia judicial la cual el Estado Colombiano la debe cumplir.

Según Petro, el proyecto va en contravía de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dio en su caso cuando fue destituido cuando era alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez, en la que se prohíbe quitarle derechos políticos a un ciudadano por vía distinta a una sentencia penal. Por lo anterior Petro dijo que irá a demandar ante la Corte Suprema de Justicia a quienes votaron el proyecto.

Por su parte el representante a la Cámara, César Lorduy, negó que se estuviera incumpliendo la sentencia, como tampoco que se crea un mecanismo judicial para perseguir a la oposición, en especial a los alcaldes y gobernadores.

El coordinador ponente, senador liberal Fabio Amín, defendió las funciones jurisdiccionales, “hay que darle cumplimiento a ese artículo de la Constitución y permitir las funciones jurisdiccionales que en este caso le son atribuibles a un órgano de control, a una autoridad administrativa, pero de manera precisa, solo para conocer los procesos disciplinarios”, sostuvo.

En la votación también se cayó un artículo que pretendía que la sala de juzgamiento de funcionarios de elección popular fuera elegida por el Congreso de la República, esto porque la misma deberá investigar a los congresistas.

Previamente la procuradora Margarita Cabello, defendió el proyecto y resaltó la necesidad del mismo, porque el país está ad portas de declarar la impunidad de al menos 10 mil procesos disciplinarios si no se aprueba el código disciplinario.

Explicó la procuradora que “al 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. El primero de julio debe estar en vigencia el nuevo código, de lo contrario prescribirían cerca de 10 mil procesos en la Procuraduría, existiría total impunidad”.

Precisó que hasta que no se expida la reforma estarán paralizadas todas las investigaciones disciplinarias que existen contra funcionarios públicos de elección popular. Además sostuvo que “alrededor de la reforma se han querido tejer decenas de rumores buscando satanizarla. Pero lo cierto es que ésta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría, permitiéndole hacer su trabajo que no es otro que evitar la impunidad”.

El proyecto pasa ahora a la discusión de las plenarias de Senado y Cámara, las cuales le tendrán que aprobar máximo el 16 de junio, día en que cierran las sesiones ordinarias del Congreso./Colprensa

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