‘Investigamos detrimento y en 20 días tendremos resultados’

La Contraloría del Departamento tiene la ´lupa´ puesta en el contrato de producción, comercialización y venta de los productos de la Industria Licorera del Magdalena. ´Pronto se conocerán los resultados de la investigación´, aseguró el contralor Ricardo Salinas Vega.

 

Para el órgano de control, el contrato tiene ´cosas que no están claras´. En el Departamento avanza la investigación para determinar si se termina o no el contrato y establecer qué cantidad de plata no entró a las arcas del Magdalena.

 

El contralor general del departamento Ricardo Alonso Salinas Vega le prometió a la opinión pública a través de HOY DIARIO DEL MAGDALENA, que el organismo de control bajo su cargo aperturó una investigación por presunto detrimento patrimonial en la producción comercialización y distribución de los productos de la firma Industria Licorera del Magdalena SAS, y advirtió que ´ahí hay muchas cosas que no están claras´

Luego de la denuncia hecha por este periódico hace unos días donde se puso de presente que el departamento tendría un enorme ´hueco´ financiero como consecuencia del desfalco continuado a las rentas del Magdalena sin cuantificar hasta el momento, la Contraloría reconoció que dicho contrato (el suscrito inicialmente con Santana Licores y luego absorbido por Industria Licorera del Magdalena SAS) tiene condiciones que le son desventajosas para el departamento.

´Venimos investigando lo que el periódico ha denunciado. Se recopiló toda la información necesaria, estamos a la espera que la Secretaría de Hacienda nos aporte información importante sobre el pago de los impuestos, relación de cajas de producción, comercialización y ventas´, señaló el contralor Salinas Vega.

Fue enfático en afirmar que, ´la opinión pública debe tener presente y sin equívoco alguno, que nuestro propósito es la defensa de los intereses del departamento. Aquí tenemos por norma única la transparencia y la legalidad, estamos investigando y queremos salvaguardar los intereses del departamento. Actuamos con apego a la ley y a las normas legales´, señaló.

Por otro lado, el contralor Ricardo Salinas Vega compartió la opinión que el contrato de marras se ha convertido en un ´dolor de cabeza´ para la actual administración de la gobernadora Rosa Cotes. ´Muy seguramente en el departamento, mas concretamente en la Secretaría de Hacienda tuvieron elementos de juicio para ordenar un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa titular del contrato. Esperamos que nos remitan toda la información que esa investigación administrativa arroje por cuanto será de mucha importancia para la que se adelanta desde el punto de vista fiscal´, anotó

Para la Contraloría del Magdalena la información que se ha recibido es que hasta el momento es reiterativo el incumplimiento de los términos que se depositaron en el contrato. ´Eso es lo que queremos establecer para evaluar si hay daño patrimonial´, declaró el doctor Salinas.

Para quienes ha hecho un análisis a fondo del contrato en cuestión, no hay dudas que sus oprobiosas cláusulas terminan beneficiando al concesionario en perjuicio del departamento.

Lo que se ha podido conocer en fuentes próximas al proceso que se adelanta en el departamento, es que la administración de la gobernadora Rosa Cotes es partidaria de dar por terminado el mencionado contrato e iniciar las acciones legales, administrativas, fiscales y penales a que eventualmente haya lugar.

´Es un contrato que no resiste una revisión legal a fondo, nadie se interesó por hacerle un seguimiento a su cumplimiento, ni tampoco había trascendido a la opinión pública hasta que HOY DIARIO DEL MAGDALENA se ocupó del mismo´, anotó la fuente consultada.

 

Ricardo Alonso Salinas Vega, contralor general de Magdalena

 

LA ACTUACIÓN DE HACIENDA

Por su parte, el secretario de Hacienda del Magdalena Gonzalo Gutiérrez Diazgranados, dijo en una declaración entregada a este diario, que en la Oficina Jurídica del Departamento avanza el proceso administrativo sancionatorio contra la firma Industria Licorera del Magdalena SAS, para determinar si se le impone o no, una sanción, por un eventual incumplimiento del contrato de producción, distribución y comercialización del Ron Caña.

´No podemos hacer conjeturas, ni anticiparnos al proceso que se cumple. En su debido momento la investigación arrojará los resultados que deba arrojar y entonces la administración procederá de conformidad con la ley y las normas legales´, manifestó.

El doctor Gutiérrez reconoció que ´en la administración estamos preocupados, el Gobierno lo que desearía es que todas sus fuentes de ingresos crecieran para poder invertir en la misma proporción en lo social y atender los compromisos del Gobierno. De tal manera que queremos ir al fondo, ver el desarrollo de la comercialización de los productos, sus ventas y el pago de impuestos´, explicó.

 

Gonzalo Gutiérrez Diazgranados, secretario de Hacienda del Magdalena.

 

EL CONTRATO

El contrato entre Santana Licores y el departamento del Magdalena comenzó el 28 de marzo de 2003 y por el término de 20 años. A dicha empresa se le otorgó la producción, distribución y comercialización del Ron Caña.

En dicho contrato se estableció una producción de 19.200 cajas en botellas de 750 cc, con un crecimiento anual del 3 por ciento, de las cuales el 30 por ciento de la producción se comercializaba en el Departamento del Magdalena y el 70 por ciento restante en los demás departamentos con los cuales se suscribió contrato de introducción e intercambio de licores.

En noviembre del 2014, las partes acordaron que la firma que produce, distribuye y comercializa el Ron Caña y sus derivados, cambiaría de razón social y de Santana Licores pasó a llamarse Industria de Licores del Magdalena SAS.

Sorpresivamente en abril del año 2007 por medio de un otro sí, se modificó el contrato y se redujo sustancialmente en un 54 por ciento la producción de cajas, que pasó de 19.200 cajas a la mitad de lo pactado

Según datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda Departamental, durante el actual gobierno, la producción en 2016 fue de 11.817 cajas que pagaron por impuestos la suma de un mil 32 millones de pesos, mientras que en el 2017, la producción parcial arrojó 17.478 cajas que pagaron por impuesto la suma de 2 mil 110 millones de pesos, y la producción se incrementó en un 48 por ciento con relación al año anterior.

La Secretaría de Hacienda confirmó que en los años anteriores a la actual administración se pudo evidenciar un comportamiento que no estaba acorde con los mínimos establecido o pactado.

“Hasta el momento no han cumplido con todo lo que se había pactado en un inicio en el contrato de concesión, porque eso tenía unos mínimos; sin embargo en estos últimos dos años se ha visto un incremento que no quiere decir que vayan a cumplir, porque lo que ha dejado de pagar es bastante grande”, explicó en su momento el secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez.