Por posibles restos de cadáveres, JEP estudiará suspender obras del Dique

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será la encargada de decidir sobre la solicitud de medida cautelar hecha por los miembros de los Procesos Organizativos Articulados de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales vinculados a la Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano, con respecto al megaproyecto de “Restauración de ecosistemas degradados del canal del Dique”.

La Ruta, que reúne a más de 200 organizaciones del Caribe, incluidas las campesinas de los Montes de María, solicitaron al Tribunal proteger la evidencia de cuerpos de personas que fueron arrojadas y dadas por desaparecidas en el canal del Dique durante más de una década de conflicto armado en la zona, la cual podría verse amenazada por las obras a ejecutar en el mencionado proyecto.

“Por más de diez años, la cuenca del canal del Dique, se convirtió en el cementerio más grande del Caribe Colombiano. A su caudal se arrojaban en promedio de tres a cinco cadáveres diarios, y en los picos más altos, entre ocho y diez cadáveres”, sostuvo la Ruta en su solicitud.

Añadieron que muchos de estos restos llegaban a la bahía de Barbacoas, al golfo de Morrosquillo y a la bahía de Cartagena. Así mismo muchos habitantes dejaron de consumir el agua del canal porque esta mantenía “una grasa espesa y un hedor permanente”.

“Las versiones libres de los ofensores ante Justicia y Paz, y sus testimonios ofrecidos a miembros de la Ruta del Cimarronaje en el marco de las responsabilidades adquiridas en las sentencias, dan cuenta que el frente Canal del Dique de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tenía más de una docena de ‘botaderos’ o lugares en los cuales eran asesinados y arrojados los cuerpos. A esos botaderos, eran conducidos miles de víctimas de diferentes municipios de la cuenca del canal del Dique incluida la ciudad de Cartagena, de donde secuestraron a ciudadanos, y también a excombatientes que fueron asesinados y arrojados a dicho afluente”.

Por este motivo, la Ruta pidió a la JEP ordenar la suspensión de toda obra o actividad del megaproyecto que pueda poner en riesgo las evidencias que estarían dentro del canal y solicitó adoptar un protocolo de exhumaciones, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas en cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

A su vez, pidieron que se desarrolle el proceso de escucha y sanación con los familiares de las víctimas arrojadas a este cuerpo de agua.

Frente a ello la JEP asumió la competencia de resolver la solicitud y pidió mayor información al respecto tanto a la Ruta del Cimarronaje como a las diversas entidades del Estado relacionadas con el megaproyecto.

“Partiendo de lo dicho por los peticionarios, asumiendo su buena fe, con el fin de tener mayores elementos para establecer la urgencia de la situación puesta a consideración, se indagará sobre el estado del megaproyecto y los posibles impactos que este puede tener sobre los derechos de las víctimas”, expuso el Tribunal.

Entre las entidades vinculadas están el Ministerio del Interior, el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las corporaciones autónomas y las gobernaciones de Bolívar, Sucre y Atlántico, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Fiscalía, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y la Defensoría del Pueblo.

La información requerida deberá ser allegada a la JEP en un plazo de 30 días hábiles desde su comunicación.

Las obras

El megaproyecto de “Restauración de ecosistemas degradados del canal del Dique” comprende la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal.

De esta manera se controlará el tránsito de sedimentos, la intrusión salina y se adaptará el espacio para el cambio climático al tratarse de obras que disminuirán el riesgo de inundación en las poblaciones ribereñas.

En total se intervendrán 117 kilómetros desde el río Magdalena hasta la bahía de Barbacoas y la bahía de Cartagena.