La visita

Cuando Colombia suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, lo hizo convencida de la necesidad de defender los derechos fundamentales del hombre. Qué mejor para un país decidido a dejar atrás la violencia bipartidista que comprometer al Estado en un fin tan loable. Lo que no anticipó fue que dicho tratado se convertiría en un instrumento político de la izquierda, con la aquiescencia de un órgano en ella creado.

Eso es lo que ha sucedido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, uno de los órganos de la OEA, encargado de velar por la observancia de la Convención. Con los años y contadas excepciones ha terminado sirviendo a los intereses políticos de quienes buscan en Colombia socavar el Estado de derecho y los valores democráticos, utilizando la defensa y promoción de los derechos humanos como un Caballo de Troya.

No es culpa de los derechos humanos ni de la Convención Americana. Lo es, del sesgo entronizado en la CIDH, de reciente visita al país y a la que se le ha rendido singular reverencia. Ni el propio Fernando VII hubiese sido recibido con igual genuflexión en la Nueva Granada tras ser defenestrado. Todas las entidades del Estado sin excepción y las más diversas organizaciones sociales, le tendieron tapete rojo a tan ilustre comitiva.

En el caso del Gobierno Nacional y de algunas entidades y organizaciones, pensaría que no tenían mayor opción: debían darle a la CIDH información objetiva de lo que sucede. Urgía que entendieran que nuestra Policía no es asesina y que los casos de excesos son puntuales, que los bloqueos son ilegales, que no pueden entenderse como protesta, que han atropellado los derechos de la mayoría, y que los del “paro” no representan al país.

Pero deja una sensación harta la relevancia excesiva hacia una comisión que llegó al país cual Tribunal de la Inquisición, a juzgar a vivos y muertos. No recuerdo algo similar en ningún país democrático que se respete y haga respetar. Más cuando de antemano hay razones para dudar de la objetividad del informe a rendir, pues la CIDH llegó con una opinión preconcebida de los hechos, y de quienes serán los herejes y los absueltos.

Considero así será, porque la CIDH interpreta y aplica la Convención con la estrechez propia de su sesgo ideológico. Por eso, se enfocará en la responsabilidad del Estado: le dará como a violín prestado a la fuerza pública señalándola de mil atrocidades, estén o no probadas. Y le dará palo, también, paradójicamente, por no restablecer el orden y evitar la violación de los derechos del resto de ciudadanos. Perderá con cara y con sello.

Es de esperar, además, una reflexión entibiada de los bloqueos; dirán que son un medio válido de la protesta si no genera desabastecimiento, es decir, si cuenta con “corredores humanitarios”; recuérdese que para la presidenta de la CIDH solo causan “molestias”. Y no se meterá con el Comité del Paro ni con Gustavo Petro -el gran incitador a la violencia y corresponsable de los perjuicios causados- o con su palafrenero de ilustre apellido.

Ojalá la comisión enmiende la plana y presente un informe objetivo. Pero al revisar el currículo de sus integrantes y la agenda desbalanceada que llevaron a cabo, no es de esperar; abrieron a regañadientes espacios a las víctimas de los desmanes y los bloqueos. Si no lo es, Colombia debe denunciar la Convención: retirarse de la CIDH. La promoción y defensa de los derechos humanos es fundamental, de la mano de agentes imparciales. No podemos seguir entregando a pedazos nuestra soberanía a organismos politizados.​Sigue en Twitter @FcoLloreda

ExMinistro de Estado