Juez de Pivijay intercambia favores y le tenían contratada a su hija en el Hospital local

Jefe Jurídico dice que, el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al Personero Municipal de Pivijay, actuación que, según la administración, pone de presente la falta de garantías judiciales. 

El jefe de la oficina Jurídica de la Gobernación Magdalena, José Humberto Torres, aseguró que hay irregularidades en la denuncia hecha en contra de la Gobernación por parte de la gerente del hospital de Pivijay, Mayra Castro, la cual estaría actuando cobijada por la presunta retribución que le estaría dando el Juez Primero Promiscuo Municipal de esa población.

La denuncia está dirigida contra el togado Juan Carlos Bonnet Pérez, quien actualmente tramita la acción de tutela presentada por la doctora Mayra Castro, presuntamente intercambiando favores con la misma que tenía contratada a su hija en el centro asistencial.

El Jefe Jurídico de la Gobernación denunció que el 26 de mayo de 2021, quince (15) días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, la exgerente Castro Britto, celebró, en representación del Hospital Santander Herrera de Pivijay, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Carolina Collazos Moya, esposa de Álvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay Ernesto Sierra Orozco, funcionario municipal, que el pasado viernes declaró a favor de la exgerente Castro Britto.

Según la denuncia del Jefe Jurídico de la Gobernación del Magdalena, en lo anterior “se evidencia un intercambio de favores con recursos públicos, con la gravedad que el acta de inicio fue firmada por Castro Britto, quien ya no ostentaba la calidad de empleada pública del Hospital”.

También dio a conocer que, la exgerente en su paso por el centro asistencial de Pivijay, suscribió dos contratos con la hija del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Laura María Bonett Daza, por concepto de prestación de servicio profesional como médico especialista en pediatría. El primer contrato fue el número 1995, $1.200.000 por un día de trabajo, el 23 de diciembre 2020; y el otro contrato es el 204 por valor de 8 millones 800 mil pesos, cuya duración fue desde el 21 de enero hasta el 31 de enero del 2021.

En el mismo sentido, advirtió que ´nos encontramos ante una estrategia sistemática y orquestada entre algunas autoridades locales y aquellos sectores que han usufructuado históricamente los recursos de la salud; pues el Juez Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, Edgar Alexander Aponte López, también incurrió en irregularidades sustanciales que violaron el debido proceso  en el trámite de la acción de tutela que falló a favor de la Gerente del Hospital de Nueva Granada, donde el juez desconociendo el principio  de igualdad de armas, procedió a valorar las pruebas presentadas por la accionante y excluyó del proceso, sin argumento alguno, las pruebas aportadas y solicitadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena´, dice el comunicado oficial de la administración departamental.

MÁS IRREGULARIDADES 

Dijo además la administración departamental en su comunicado que ´como prueba de la parcialidad del juez Bonnet Pérez, la Oficina Asesora Jurídica reveló que el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al Personero Municipal de Pivijay, actuación que, según Torres Díaz, pone de presente la falta de garantías judiciales.

Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, a la luz de los postulados constitucionales no es permitido al juez decretar pruebas y después, abstenerse de permitir a la Gobernación, en su calidad de parte demandada, ejercer sus derechos de defensa y contradicción, resultando incontrovertible la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ostensible la arbitrariedad judicial y la parcialidad a favor a la accionante.

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