Vargas Lleras solicita cerrar la Procuraduría

El vicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió al Gobierno objetar las dos reformas aprobadas por el Congreso, la de Justicia y el Código Disciplinario, cuyas leyes las consideró ´rechimbas´ y como un engaño a la política de austeridad en los gastos del Estado. 

En su acostumbrada columna en el periódico El Tiempo, Vargas Lleras se fue con todo y censuró al Ministro de Justicia por afirmar que ´esta reforma (la de la justicia) era la que el país estaba esperando. Qué descaro. De lo que sí se ocupó en extenso, y por eso fue aprobada, fue de la creación de más burocracia y de “garantizar recursos” por la vía de crear un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la justicia, a todas luces inconstitucional. Pierde, además, con esta ley la Contraloría su capacidad para inhabilitar a los funcionarios fiscalmente responsables, hasta que sus decisiones no sean confirmadas por autoridad judicial. Aplauden los corruptos´, escribió Vargas Lleras.

Pero el exvicepresidente fue más allá y pidió acabar con la Procuraduría General de la Nación, de la que afirma, Colombia es el único país del mundo donde existe un engendro de esta naturaleza´.

Al analizar el caso de la Procuraduría Vargas Lleras escribió: ´Pero la pregunta de fondo es para qué sirve la Procuraduría. Hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año. Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno´

El exvicepresidente Vargas Lleras hizo además en su escrito una reveladora confidencia: el Ministro de Justicia no atendió la sugerencia del Ministerio de Hacienda que no avaló la creación de más burocracia en la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Sobre el particular escribió:´ Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales? La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El Minhacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al Minjusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?´

LA PROCURADURÍA 

Sobre la Procuraduría Vargas Lleras dijo: ¿Y qué tal la reforma de la Procuraduría? Con la excusa de incorporar a nuestra legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, inició su trámite este proyecto. Lo primero sea decir que discrepo sobre la obligatoriedad del país de aceptar que esta corte esté facultada para reformar o interpretar con carácter vinculante nuestra Constitución. Yo creo que al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, deberíamos sustraernos de esta jurisdicción. Pero si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente. Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley´, concluyó.