250 niños venezolanos fueron acogidos en colegios públicos

Por lo menos 250 niños de nacionalidad venezolana que se encuentra de manera ilegal en la ciudad fueron matriculados en Instituciones Educativas del Distrito para cursar el presente año lectivo.

 

La vinculación de los niños y los jóvenes del vecino país, al Sistema Educativo Distrital ha sido posible en atención a una directriz del Gobierno Nacional que dispuso que se les incorporara a los planteles estatales.

 

Alrededor de 250 niños, de origen venezolano llegados a la ciudad en el último año, reciben su educación en instituciones educativas distritales, IED, informó el directivo de la Secretaría de Educación de Santa Marta, Alexis Varela.

El funcionario precisó que esa es la cifra de infantes y adolescentes con nacionalidad venezolana que el año inmediatamente anterior terminó su año lectivo en colegios públicos de la capital magdalenense.

Varela explicó que la vinculación de los niños y los jóvenes del vecino país al Sistema Educativo Distrital ha sido posible en atención a una directriz del gobierno nacional que dispuso que se les incorporara a los planteles estatales, donde su permanencia se financia con los dineros transferidos a través del Sistema General de Participación para educación.

“Nosotros en ningún momento le estamos negando cupo a los niños y los jóvenes venezolanos que han venidos con sus familias a refugiarse en nuestra ciudad. En el caso de los jóvenes venezolanos sabemos que cerca de un 90 por ciento ingresa al país de manera irregular”, explicó.

Reconoció que a pesar de su estancia de ilegales, el Distrito no le niega el cupo en los colegios, pero sí le pide a sus padres o representantes que firmen un compromiso en el que se responsabilizan, dentro de un plazo determinado, a hacer la gestión necesaria para hacer llegar la documentación que haga falta.

“Nosotros esos datos los remitimos a Migración Colombia que es la entidad que debe verificar la información y proceder, si es el caso, a expedir el respectivo permiso y puedan estudiar. Se les matricula y se les permite asistir a las clases con el compromiso de que los padres tienen que cumplir con los requisitos en un tiempo prudente”, comentó.

La política del Gobierno de la Ciudad del Buen Vivir es asegurarle el cupo a aquellos niños y jóvenes venezolanos que estuvieron en los colegios públicos de la ciudad el año anterior y abrir más para aquellos que siguen llegando.

“Hay mucho venezolano buscando cupo para sus hijos, más que todo en las zonas marginales de la ciudad”, comunicó el directivo de la cartera educativa distrital, quien agregó que la mayor parte de esos niños y jóvenes viene a continuar su educación primaria.

Finalmente, registró que los infantes y adolescentes venezolanos son cobijados por las diversas estrategias de permanencia escolar, entre las que destacó aquella que provee alimentación en los restaurantes escolares, cuyo funcionamiento es auspiciado por la Nación y el Distrito.

 

LO QUE DIJO LA CORTE

La Corte Constitucional determinó que no es irregular ni violatorio de los derechos fundamentales que se les sean exigidos todos los documentos legales a hijos de venezolanos en Colombia en situación irregular, para poder acceder al sistema educativo, esto es, una visa de estudiante.

“Solicitar a las hijas de los accionantes la regularización de su situación migratoria no es un requisito irracional o desproporcionado para brindarles el servicio de educación, pues cumple con la política migratoria del Estado colombiano, exigida a todos los extranjeros que ingresan al país”, señaló la Corte.

En el pronunciamiento, la Sala afirmó que si bien la educación es un derecho del que gozan niños y niñas, tiene una connotación de deber que impone obligaciones no solo al Estado, sino también a la familia y a la sociedad.

“Justamente, una de las cargas que deben asumir y cumplir los familiares es hacer entrega al plantel educativo de todos los documentos que la ley exige para legalizar la matrícula, dentro de los cuales se encuentran, en el caso de los menores extranjeros, la acreditación de la visa estudiantes vigente o la prueba que demuestre la adquisición de la nacionalidad colombiana”, agregó la Corte.

El pronunciamiento se dio a la hora de estudiar una tutela que presentaron dos ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país buscando el reconocimiento como refugiados y que aseguraban que se les desconocía el derecho a la educación a su hija por exigirle visa de estudiante.

Franklin José Chinchilla Rodríguez y Carla Lorena Rivas Gotopo relataron a la Corte que desde el 2014 eran víctimas de extorsiones y amenazas de muerte y que para poder ingresar a Colombia y que una vez, estando en Mérida, hombres armados ingresaron a la fuerza a su casa, por lo que decidieron huir del país.

La Corte les indicó en el fallo que deberán realizar los trámites necesarios para regularizar su situación migratoria y hacer llegar al plantel educativo la documentación que así lo acredite, para de esta forma normalizar su condición ante el sistema educativo oficial.

Igualmente, la Corte indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el debido proceso de uno de los integrantes de la pareja.