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Tres de cada diez ciudadanos desconfían de las entidades de justicia

En las últimas horas, se realizó el lanzamiento del informe ‘Justicia cómo vamos’, orientado al monitoreo y seguimiento al acceso y calidad de la justicia en diferentes ciudades de Colombia.

La iniciativa, realizada por la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), busca mostrar la situación de la justicia en Colombia, como una de los principales objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Con este enfoque, se realizó un diagnóstico sobre el conocimiento, acceso, calidad y percepción general de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia en 17 ciudades de Colombia.

Este informe incluye información recolectada entre los años 2018 y 2019, de 17 municipios del país pertenecientes a la Red de Ciudades Cómo Vamos: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá.

En el estudio, se encontró que la falta de confianza y la ineficiencia del sistema son una de las principales razones por las cuales las personas no acuden a la justicia para resolver sus conflictos.

De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, el 43% de los encuestados piensa que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia al considerarlo lento.

Además, que 3 de cada 10 ciudadanos consideran que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades.

Por otro lado, el 52% de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y no acude ante algún tercero o entidad para esos propósitos.

En el estudio, también se llegó a la conclusión que el desconocimiento de las diferentes entidades que componen el sistema de resolución de controversias a nivel local afecta e influye en el debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.

En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, juzgados, fiscalía o las inspecciones de policía y un 89% de los ciudadanos encuestados conoce las estaciones de policía o CAI.

Otro de los grandes retos que tiene la justicia, según este estudio, es la cantidad y la calidad de la infraestructura física de la justicia local, ya que de las ciudades estudiadas varias evidenciaron deficiencias en la infraestructura física para la prestación de los servicios que se manifiestan en espacios reducidos o insuficiente número de puestos de trabajo.

“El hacinamiento carcelario es el principal obstáculo para la resocialización de los internos que, aunado a la carente prestación de servicios esenciales dentro de los establecimientos carcelarios, configuran un detonante para fenómenos como la reincidencia”, concluye el estudio.

En la mayoría de las ciudades se manifestaron dificultades operativas por la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y la excesiva rotación del personal.

De las 17 ciudades y municipios de la Red Cómo Vamos que fueron examinadas, las comisarías de familia cuentan mínimo con un comisario, un trabajador social y un psicólogo; en algunas de ellas este personal no es fijo y no presta sus servicios de manera continua durante todo el año, siendo insuficiente para la carga de trabajo existente.

Así mismo, aseguran que las comisarías de familia no están incorporadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones o en el presupuesto del municipio, careciendo de un rubro que permita un efectivo funcionamiento de las mismas.

Con relación a las comisarías de familia, se evidencia una desarticulación interinstitucional con Policía Nacional, Fiscalía e ICBF, dado que carecen de acceso permanente a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), operado por la Fiscalía, lo cual dificulta el trámite de las denuncias.

Se evidencian retos en el uso de recursos tecnológicos que no sólo afecta el acceso a la información de la gestión de las entidades locales, sino que presenta limitaciones para una prestación más eficaz y ágil de la justicia.

Bogotá (Colprensa).

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