Más de 22 mil subsidios de vivienda vis sin legalizar, encontró la Contraloría

25 hallazgos administrativos, siete de ellos con presunta incidencia fiscal por valor de $ 4.434 millones, encontró la Contraloría General de la República al evaluar la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

18 de los hallazgos tienen posible incidencia disciplinaria, uno que da pie a una indagación preliminar y dos al inicio de procesos administrativos sancionatorios.

Entre las situaciones encontradas por la Contraloría en esta evaluación, se destaca el hallazgo de más de 22 mil subsidios sin legalizar, numerosos proyectos que presentan incumplimientos, obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y recursos depositados en fiducias que no cumplen su destinación, entre otras.

En relación con los subsidios, aunque desde 2012 se concluyó su asignación, aún se encuentran 22.284 Subsidios Familiares de Vivienda (SVF) sin legalizar, lo cual afecta a igual número de familias, que equivalen a más de 90.000 beneficiarios, que se quedaron con la expectativa de acceder a una vivienda.

Además de este hallazgo, la Contraloría encontró proyectos de vivienda paralizados desde hace más de 2 años, incluso alguno hasta más de cinco, sin que Fonvivienda hubiera tomado las medidas administrativas para asegurar su efectiva culminación y entrega a la población beneficiaria o para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías.

También se detectaron subsidios otorgados a favor de personas fallecidas, subsidios sin cumplir el objetivo para el cual fueron asignados, dilación en el tiempo de ejecución de los proyectos y numerosos proyectos en situación de incumplimiento sin que se evidencien las acciones de Fonvivienda para iniciar la correspondiente investigación y determinación de las sanciones pertinentes, entre otros.

Estos subsidios, que hacían parte del programa Bolsas Anteriores fueron asignados antes de la expedición de la Ley 1537 de 2012, que definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.

También se encontraron dos casos significativos de detrimento patrimonial. Uno, por $1.640 millones, con relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (Bolívar), donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de 9 años de viabilizado el proyecto, y otro por más de $939 millones en el proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia. De ellas, no se han iniciado 211 viviendas y 23 se hayan en estado de parálisis, casi una década de haberse viabilizado el proyecto.

BOGOTÁ (Colprensa)

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