“Lo importante fue el consenso político que se logró hace 30 años»

Hasta enero pasado cuando algún visitante ingresaba a la oficina del entonces procurador general Fernando Carrillo hacía una pregunta casi que obligatoria: el significado de una gran fotografía ampliada en la que se veía una reunión de decenas de personas.

La respuesta que de inmediato daba Carrillo obligaba a devolverse 30 años en la historia: Una de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual él hizo parte y en la que se redactó la nueva Constitución Política que reemplazó a la centenaria carta de 1886.

Hoy Carrillo luce ya muy maduro, su cabello está algo canoso, pero su ímpetu para hablar de lo que significó la Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de la Constitución del 1991, sigue tan vigoroso como cuando lideró desde el movimiento estudiantil el proceso de la séptima papeleta, la cual fue el grito ciudadano de la época, que reclamaba cambios sociales y políticos que terminaron en una constituyente y la carta magna.

El exconstituyente habla de los grandes consensos que hubo, de los temas más difíciles de tramitar, de los vacíos, de los pendientes que aún siguen y de la forma como se podrán tramitar las reformas sociales aún pendientes, que en su criterio debe ser con una consulta popular.

– ¿Qué es lo que más recuerda del trabajo que tuvo la constituyente en 1991?

El hecho más importante para destacar es el consenso político y constitucional que se logró hace 30 años, un consenso que nadie se esperaba y fue una senda social con la cual se han logrado grandes cosas, pero también hay grandes asignaturas aún pendientes.

El mensaje a los estudiantes, 30 años después, es que tenemos que revivir el espíritu de la Constitución que fue basada en un estado social de derecho, de la lucha contra la desigualdad. Se debe lograr, por las vías pacíficas, los cambios sociales que no se han hecho en estas tres décadas, fundamentados en el Estado Social de Derecho.

– ¿En qué puntos fue más fácil lograr ese entendimiento, el consenso en los diferentes temas?

En cuatro temas. Primero, en la defensa de los derechos de los colombianos, la enumeración de la carta de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y la estructuración de un estado social de derecho, es decir que tuvieran como propósito fundamental la igualdad y la lucha contra la pobreza y la incorporación de una cantidad de colectivos que en Colombia no eran parte de la sociedad política.

Por otro lado, restablecer algo de equilibrio en las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo; tercero la independencia del poder Judicial; y cuarto, la creación de una banca central, una banca autónoma para dejar de lado todas las políticas populistas que eran la nota característica en América Latina.

– ¿Qué fue lo más difícil de tramitar en la asamblea y lo que usted más recuerda?*

Hay un hecho que fue determinante y fue un error que se cometió al haber inhabilitado a todos los constituyentes, porque como lo dijo Álvaro Gómez Hurtado, era como poner a la constitución que era la criatura en manos de Herodes y fue cuando se revocó el mandato del Congreso con la contraprestación de inhabilitar a todos los constituyentes, es decir permitir que volviera la clase política tradicional a apoderarse de la cultura política en Colombia, y ese ha sido el freno de mano más grande que ha tenido la Constitución del 91.

– ¿Cómo fue el trabajo en la Comisión de Justicia, de la que Usted hizo parte?

Indiscutiblemente el hecho más relevante fue el tema de la extradición. Para quienes veníamos de las filas de Luis Carlos Galán, era clarísimo que nosotros no podíamos aceptar la prohibición en la Constitución como una herramienta además de cooperación judicial fundamental en la lucha contra el narcotráfico, pero sabíamos que la íbamos a perder por varias razones.

Una, por el ambiente de terrorismo que se vivía en el país, que como lo dijeron quienes votaron en favor de la prohibición de la extradición, era la que generaba el terrorismo en Colombia. En segundo lugar, porque había quienes por razones de filosofía jurídica y política no creían en la extradición como un mecanismo de juzgamiento de nacionales en el exterior, es decir, pensaban que era necesario juzgarlos en Colombia, y tercero, porque muchos adujeron que con la justicia que estábamos fortaleciendo íbamos a tener una nueva justicia robustecida, que sería capaz de juzgar a los narcotraficantes y terroristas. Lamentablemente se aprobó esa norma, sólo 13 de los 73 constituyentes votamos en contra de prohibir la extradición. Fue una de las páginas más complejas de la constituyente.

– ¿Qué le quedó faltando a la Constitución del 91?

Le quedó faltando algo que es esencial para quienes están en las regiones de Colombia, es que no cerró esa brecha entre la capital y las regiones, la otra Colombia. Lamentablemente no hubo acuerdo en la Comisión Segunda o de Descentralización y se dejó en manos de una ley de ordenamiento territorial y fue la tarea pendiente. Seguimos asistiendo, y más después de la pandemia, en un proceso de recentralización del Estado, en donde pareciera que el Estado central recupera todas las competencias.

Por eso estamos insistiendo hoy en donde la región recupere sus competencias políticas, administrativas y fiscales. La Constitución del 91 tuvo un retroceso en la descentralización fiscal posterior, por una gran reforma que se hizo a mediados de los años 90, porque se consideró que la Constitución no podía repartir tanto el ingreso a las regiones.

– ¿Qué no se ha podido desarrollar aún de la Constitución del 91?

La puesta de la Constitución del 91 era la transformación de las costumbres políticas del país, pero lamentablemente hay una deuda. Es evidente que no son las normas las que cambian las costumbres, es más, hay constituciones, o naciones que no tienen constitución escrita, porque las costumbres son suficientemente fuertes, pero en Colombia tenemos unas costumbres políticas lamentables como es el clientelismo, la contratación, los nombramientos a la clase política, las que rigen las costumbres políticas entre mandantes y mandatarios, de ahí lo importante de reformar esa costumbres política. Esas prácticas regresaron cuando volvieron los que eran protagonistas antes de la constituyente.

– ¿Qué se ha cumplido bien de la Constitución del 91?

Varias cosas, todo lo relacionado con derechos, fundamentalmente porque la tutela ha sido el instrumento de democratización de la justicia, cuando uno habla de la Constitución del 91 la gente se aferra a la tutela como el recurso más importante de protección y garantía de sus derechos. La constitución se ha vuelto pan de cada día en materia de defensa de los derechos de los ciudadanos. No han podido reformarla, ha habido más de 30 intentos de reformarla, de restricción y no lo han conseguido por la fortaleza que tiene el instrumento, de la forma en que echó raíces en los colombianos.

En materia económica la independencia del banco central ha sido una de las líneas importantes; al comienzo también se consolidaron mecanismos como la pérdida de investidura de los congresistas que tuvo una luna de miel como de unos 15 años, pero luego se empezó a debilitar porque la clase política se dio cuenta de la magnitud que tenía la pérdida de la investidura, pero generó unos grandes efectos.

Y la independencia de la justicia, la creación de las nuevas instituciones de la justicia fue un paso muy adelante, se requería de la Fiscalía, independizar a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo era necesaria y la Corte Constitucional era fundamental crearla y ha sido la que más le ha cumplido a Colombia en la garantía y cumplimiento de los derechos sociales, en especial el de la salud. Se ha hecho más política social por parte de las decisiones de la Corte Constitucional, que por decisiones del poder Legislativo o Ejecutivo.

– ¿Lo que quedó faltando cómo se podría hacer?

Nosotros vivimos lo que los teóricos del derecho constitucional llaman un momento constituyente, hay momentos en la historia de los pueblos que las cosas deben cambiar y deben haber reformas institucionales. Momentos recientes el plebiscito del primero de diciembre de 1957, cuando se iniciaron los acuerdos del Frente Nacional; segundo momento constituyente la séptima papeleta y la Constitución del 91.

Y este es un gran momento constituyente para desarrollar las reformas sociales que no se han hecho en Colombia y que son las que reclama la calle, toda la erupción social, toda la efervescencia social, la pacífica, no la violenta, implica que se hagan las reformas sociales en materia de salud, educación, de justicia, la reforma regional, la renta mínima, los derechos de las mujeres, todo eso debería someterse al constituyente primario a través de una consulta popular, que es lo que hemos venido pregonando con el propósito de que no termine éste proceso tan importante de protesta social en nada, es lo único que no puede aceptar el país, que se derroche esta gran oportunidad de hacer los cambios que necesita Colombia.

– ¿Qué tan vinculante puede llegar a ser esa consulta popular frente a los temas que plantea?

Lo importante es pasar el umbral, se van a necesitar más de 14 millones de votos, en un proceso que no le pertenece a nadie, es alta política ciudadana, es un proceso que como fue la séptima papeleta hace 30 años en donde los colombianos deben poder votar por una idea, que no está en el camino de ninguna candidatura presidencial ni de candidatura al Congreso, es más que no es de izquierda, ni de derecha ni de centro, hay que demostrar en este país que las reformas sociales no tienen color político, las reformas sociales son un compromiso moral y ético que se tienen con los más pobres.

Éste compromiso se materializa acudiendo al constituyente primario no con una constituyente, no necesitamos reformas la constitución. Ahí la constitución del 91 con todas esas metas sociales que tristemente han sido incumplidas, porque no ha habido un desarrollo legislativo, no se han dado las políticas públicas, porque la clase política se ha mantenido al margen de esas reformas que exige la gente en Colombia.

– ¿Quién la debe convocar?

Es una consulta de iniciativa popular, ciudadana, como lo consagramos los constituyentes en 1991, vamos a constituir un comité promotor de la consulta, vamos a recoger por lo menos cinco millones de firmas y el Senado y el Presidente de la República deben darle curso pasándole a la Registraduría para que en un proceso se cuente cuántas decisiones son afirmativas para solicitar esas diez reformas que necesita Colombia. El único antecedente que tenemos es la consulta anticorrupción en 2018 que no pasó el umbral, acá la meta es pasarlo. Se debe crear ese mandato ciudadano que le diga al nuevo Congreso y al nuevo Presidente de la República cuáles son las reformas sociales que necesita Colombia.

– ¿Cuándo se haría esa consulta popular?

Estamos tratando que sea en noviembre, cuando se den las elecciones de los consejos de juventud, es un proceso en que se va a movilizar toda la organización electoral, no queremos que haya un costo adicional, además la ley de la consulta popular impide que se de a la par con las elecciones de Congreso o las presidenciales, no queremos que se incurra en un costo de 350.000 millones de pesos, la idea es aprovechar las urnas como hicimos con la séptima papeleta, en esa época no estaba institucionalizada, pero ahora podemos hacer que se cuenten los votos de los colombianos que reclaman esa reformas.

– ¿Si pasa el umbral, qué se debe hacer entonces?

Pasado el umbral, que es lo importante, se convierte en un mandato ciudadano obligatorio para el próximo Congreso y Gobierno.

BOGOTÁ (Colprensa).