Judicializan a 3 militares por obtener pensiones con documentos falsos 

El mayor (r) Óscar Fabián Silva, el teniente (r) Andrés Felipe Pérez y el sargento (r) Danilo José Cervera, fueron judicializados por acudir presuntamente a los servicios ilícitos de una red delictiva para obtener pensiones con documentos falsos.

Estos documentos corresponden a historias clínicas, exámenes médicos, entre otros que eran realizados por la organización criminal y que certificaban disminución física, para poder tramitar millonarias solicitudes salariales y prestacionales.

Las investigaciones lograron determinar que el sargento Cervera Herrera de 32 años recibió la pensión de jubilación vitalicia con una renta mensual de $1.350.000, pero le pagó $18’000.000 a la organización criminal para que le expidiera exámenes de ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría, que acreditaban una disminución de 72% en su condición física. Con esto logró una indemnización de $99’000.000 y una renta de $85’000.000 a mayo de 2020.

Por su parte el mayor Silva, presuntamente en julio de 2015, logró que una junta médica determinó que no era apto para el servicio por tener una disminución de su capacidad laboral de 70,53%. Así, recibió $186’000.000 por prestaciones sociales y $196’000.000 por concepto de jubilación.

En las verificaciones se constató que estos dineros le fueron reconocidos al oficial con diagnósticos falsos de ortopedia, neuropsicología y electromiografía. Por estos documentos la red delincuencial habría recibido el 80% de la indemnización

Respecto al teniente Pérez, la Fiscalía dijo que hay indicios de que le fue acreditada una disminución física de 66,05%. Esto soportado con exámenes falsos de ortopedia, audiometría, y urología. Pérez Ceballos, por lo que logró una mesada vitalicia a los 32 años, con una indemnización de $61’000.000 y una pensión, a mayo del año pasado, por $151’000.000.

Por estos hechos los tres militares en retiro fueron imputados por los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

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