En defensa de la Circunscripción Nacional

Estamos celebrando los primeros 30 años de la proclamación de la Constitución de 1991, aunque en rigor fue solo en la madrugada del 7 del mismo mes y año cuando entró en vigencia con su publicación de su texto en la Gaceta Constitucional, porque lo otro sólo había sido una pantomima, con toda su parafernalia, que tuvo por escenario el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, en la que se firmó por parte del triunvirato que presidió la Asamblea Constituye un manojo de papeles en blanco, como lo ha delatado su Secretario general Jacobo Pérez Escobar (¡!).

Entre las novedades que nos trajo la Constitución de 1991 se destaca la elección “en circunscripción nacional” de los senadores de la República, que hasta entonces lo eran por circunscripción departamental, al igual que los representantes a la Cámara. Analizaremos los pros y los contras, las razones de conveniencia e inconveniencia que se esgrimen por parte de quienes la defienden y de quienes la cuestionan.

Un paso muy importante que se dio con la Constitución de 1991 fue el de la profundización de la democracia representativa, llevándola más lejos al establecer desde el preámbulo mismo su espíritu participativo e incluyente, el cual amplía en su artículo 270. Es en este contexto en el que se entiende y hace sentido la apertura democrática que significó la circunscripción nacional para elegir senadores, abriéndole espacio a la renovación de la dirigencia política y a la representación en el Congreso de las fuerzas políticas minoritarias, hasta entonces excluidas.

Con la circunscripción nacional se rompieron, así fuera parcialmente, los denominados con justa razón feudos podridos, los se gestaron y consolidaron al amparo del régimen bipartidista que se entronizó en el país con el Frente Nacional, creado en 1958. Ello le cerraba el paso al disenso, a los nuevos liderazgos, pues los ciudadanos se tenían que resignar a votar siempre por los mismos con las mismas, puesto que la red clientelar tejida por los gamonales de la región se lo impedía. Quien quisiera aspirar al Congreso de la República, ya fuera al Senado o a la Cámara, tenía que jurarles bandera a ellos y someterse a sus reglas y ominosas condiciones.

Ahora, el ciudadano puede votar por el candidato de su predilección, escogiendo entre una amplia gama de aspirantes, simplemente marcándolo en un tarjetón, en lugar de acudir a las urnas como borregos a depositar una papeleta contentiva de su voto, sirviendo como gancho ciego de los proditorios designios de los caciques políticos de turno. Por otra parte, al abrirse el abanico de posibilidades, quien quiera que quisiera aspirar al Senado de la República ahora lo podía hacer sin contar con la aquiescencia de quienes dominaban a su antojo la “plaza”, inscribiéndose en la lista del partido o movimiento reconocido mediante personería jurídica, que son muchos, que mejor le parezca y con el que más se identificara ideológicamente.

Además de romper los feudos podridos, con esta nueva modalidad, además, se posibilitó la proyección a nivel nacional de los liderazgos regionales, dado que para hacerse elegir los aspirantes al Senado de la República deben recorrerse el país, conocer la problemática de las distintas regiones y ocuparse de ella y de esta manera hacerse al reconocimiento del electorado a nivel nacional, no sólo durante la campaña proselitista para hacerse elegir sino en ejercicio de su gestión como parlamentario. Desde luego, que este es el deber ser, que no siempre se cumple.

No han faltado quienes plantean la necesidad de reversarla y volver a la circunscripción territorial para la elección de senadores, debido a los vicios que desvirtúan la letra y el espíritu de la Constituyente, debido a los altos costos en los que se incurre en las campañas electorales y la filtración de recursos non sanctos para su financiación.

Se alega, además, que, en la práctica, no pocos aspirantes consiguen su elección al Senado apelando casi exclusivamente a la cauda electoral de su región de origen, como también a ciertas prácticas a las que se recurre para ir a “pescar” votos, sin compromiso alguno, convirtiendo al electorado en un verdadero mercado persa. Ello ha conducido, además, a que diez de los 32 departamentos se hayan quedado sin representación en el Senado. Por ello nos parece razonable y conducente la propuesta de reforma que cursa en el Congreso de la República que busca garantizar la elección de un senador por Departamento y que el resto se siga eligiendo por circunscripción nacional.

Pero, la verdad sea dicha, muchos de esos vicios que enturbian el proceso de elección de los senadores se replican y se repiten en la elección de los representantes a la Cámara, particularmente lo que hace relación al financiamiento de las campañas, los cuales no se van a erradicar hasta tanto no se adopte su financiación estatal. No se puede seguir cogiendo el rábano por las hojas, los correctivos necesarios para rescatar el espíritu de la Constituyente y proscribir las taras que han venido degradando a la política y al ejercicio de la misma pasan por una reforma política y del régimen electoral de fondo, tal y como lo propuso la Misión Electoral Especial (MEE) en sus recomendaciones.

*Exministro de Estado 

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