JEP imputa a 11 militares por falsos positivos

La JEP informó que la Sala de Reconocimiento de esa Institución, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas, entre ellos un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, y a un tercero civil, por falsos positivos. 

Esto, en el marco del subcaso Norte de Santander, del caso magro 03, llamado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’ o falsos positivos.

La JEP indicó que estos militares, presuntamente participaron en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.

Lo anterior, para aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar: «la Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil», indicó la JEP.

Los imputados, identificados como máximos responsables, por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Adicionalmente, por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

La sala, emitió un auto de 284 páginas explicando a los imputados los delitos por los cuales son investigados. Por lo cual, los militares, tras ser notificados, tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas (eso se realizará en principio de manera escrita). También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional.

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