CIDH ‘suaviza’ ataque de los vándalos y bloqueos de vías

Como era de esperarse, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington publicó el informe sobre la situación de Derechos Humanos de Colombia en el marco de las protestas. En la rueda de prensa entregada por la comisionada y presidente de ese organismo Antonia Urrejola el organismo confirmó que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza” e hizo un llamado para superar la polarización. 

 “Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11% de los eventos de protesta se derivaron en disturbios la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo Urrejola.

Además sostuvo que hay en el país un clima de extrema polarización “que está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La comisión encuentra dichos recursos muy preocupantes cuando provienen de las autoridades públicas”.

Según el informe durante las protestas se presentaron varias violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia de género, violencia basada en discriminación étnica, violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición, uso de la asistencia militar de forma inadecuada, aplicación de las facultades disciplinarias en contra de personas electas para cargos públicos y el uso del uso de la jurisdicción penal militar.

 “La comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, constató que de manera reiterada la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal. La comisión recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en la protesta especialmente en Cali”, dijo la presidente de esa comisión.

Además condenó el alto número de pérdidas de vidas en el marco de las protestas, “sin perjuicio de las diferencias existentes en las cifras reportadas por el Estado y la sociedad Civil. Mientras que el sistema Nacional de Información de Derechos Humanos reportó 54 personas fallecidas hasta el 24 de junio, la sociedad civil da cuenta de 84. La comisión condena toda muerte de un manifestante como resultado del uso de la fuerza por parte de agentes estatales”.

Frente a los hechos sucedidos durante la protesta la comisión manifestó su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, “es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho”.

Asimismo, anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia “que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.

Además, la CIDH critica que el decreto de asistencia militar no tiene una temporalidad y que por su amplia redacción “sugiere la priorización del uso de las fuerzas armadas con tal finalidad, sin que la intervención esté justificada a la luz de los parámetros que exige el derecho internacional”.

Frente a los bloqueos la Comisión indica que estos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo y habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible.

La CIDH encuentra preocupante que las “inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta lleven a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo”.

LOS AUTORES

La delegación de la visita de trabajo de la CIDH estuvo conformada por su Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola, los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de la Relatoría de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, quienes visitaron las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán.

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