Informe de la CIDH: ¿qué viene ahora para Colombia?

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, levantó ampolla en algunos sectores políticos del país y el propio Gobierno Nacional, que insiste en que algunas de las recomendaciones que trae el extenso documento ya se han implementado, otras las rechaza de tajo. Sin embargo, debido a los compromisos internacionales firmados por el país, de no cumplirse las recomendaciones, la imagen de Colombia en el exterior podría irse a pique.

El tono alto que usó el Gobierno Nacional luego de publicado el informe resonó a nivel internacional. No solo el presidente, como jefe de Estado y de Gobierno, dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con la criminalidad”, sino que la canciller, Marta Lucía Ramírez, llamó la atención del organismo para que “revise sus cifras” y deje de mencionar “temas que no corresponden al objeto de la visita”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que la respuesta del gobierno es lamentable, pues pide a las organizaciones de Derechos Humanos que “tengan muy en cuenta su responsabilidad… en medio de la inestabilidad. Esto es absurdo, pues el rol de los organismos de Derechos Humanos es documentar y denunciar debidamente abusos. El gobierno no puede cargarles responsabilidad por la situación”.

Además, sostiene que, si bien en público el Presidente ha rechazado la violencia, “el récord general de investigaciones por abusos policiales contra manifestantes en 2019 y 2020 es pobre”. Según cifras de la ONG, la Fiscalía, con corte al 4 de junio, había abierto 90 investigaciones por abusos policiales en 2019 y otras 116 por abusos cometidos en 2020. Sin embargo, “la Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en 5 casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de Policía había sido imputado por los abusos cometidos durante las protestas de 2019”.

El funcionario internacional insiste en que mientras el gobierno dice que el uso de la fuerza ha sido “excepcional”, porque resultó “necesaria la intervención, hemos visto decenas, cientos de abusos gravísimos. En muchos casos, la policía reprimió manifestaciones pacíficas de forma arbitraria y brutal”.

A Vivanco no es el único al que le preocupa que la reacción del país no haya sido asertiva. Hace pocos días circuló una carta firmada por 13 senadores, encabezados por el demócrata Bob Menendez y el republicano Marco Rubio, en donde le expresan al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, su solicitud para que adopte un papel más activo frente a Colombia y a la situación de Derechos Humanos.

“Respetuosamente solicitamos que usted direccione al Departamento de Estado y a Usaid, para que prioricen su asistencia a Colombia, para resolver esta crisis”, dice la misiva. Incluso, se ha rumorado que hay iniciativas que se impulsan en los capitolios de Europa y Estados Unidos, que buscan retirar el apoyo de dinero que dirigen los países a la policía colombiana.

UNA MIRADA A FUTURO

Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “el informe tiene dos dimensiones: una de monitoreo de la situación de derechos humanos urgente, hay 84 personas muertas, muchos desaparecidos, lo más urgente entonces es el esclarecimiento de esas muertes y sobre los desaparecidos, hay existe una labor de monitoreo y acompañamiento para que los organismos de control establezcan responsabilidades y hay otras recomendaciones de largo plazo de recomendaciones de política pública, recomendaciones para una reforma de la policía, protocolos frente al manejo de armas, esas quedan en puntos suspensivos y le queda al estado asumirlas o desecharlas”.

Indica que “controvertir este informe de esa manera, como lo hace el gobierno, nos deja muy mal parados. Se parte de la base que todo el monitoreo en materia de derechos humanos deslegitima al Estado colombiano y eso no es cierto, esa es la típica retórica de los estados autoritarios, aquellos que ven con desconfianza ese tipo de monitoreo y acciones. Es grave, contraproducente y contradice la tradición colombiana de respeto a los derechos humanos y nos aísla internacionalmente, porque insisto, la mayoría de estados que son democráticos aceptan esas recomendaciones y tienen un diálogo muy importante con los organismos internacionales”.

Jorge Iván Cuervo, investigador de la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, indicó que “las declaraciones de la Canciller matizan un poco las declaraciones presidenciales y me parece que el gobierno está más enfocado en mirar con más cuidado las recomendaciones de la CIDH, algunas las van a acatar, otras las acatarán a medias y las más fuertes las van a rechazar, por ejemplo, la de sacar a la policía del Mindefensa”.

Según dijo, el gobierno sabe “que un rechazo fuerte y abierto contra la CIDH afecta la imagen del país y al gobierno le interesa cuidar eso. Hay que recordar que en la reunión que tuvo la vicepresidente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, le recordaron de la importancia que para Estados Unidos implica la visita de la CIDH y las recomendaciones. Se van a ir por una línea del medio, el primer día la reacción es lógica, pero no les interesa una pelea abierta contra la CIDH ni contra el gobierno de Estados Unidos”.

Más allá de las consecuencias para la imagen del país, en la opinión pública se ha rumorado que el informe podría traer consecuencias jurídicas a nivel internacional. Pese a que los dos analistas coinciden en que el informe puede ser una de las muchas pruebas presentadas por las víctimas, también indican que es algo que podría pasar en el futuro lejano.

“Esto puede servir en el acervo probatorio para llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quienes quieran acudir a esa instancia. Lo que se pactó con el Estado Colombiano fue que un grupo de trabajo viniera, hiciera una breve visita y publicara resultado. Lo otro es que alguien podría eventualmente demandar al Estado ante la comisión y luego ante la Corte, pero eso solo pasa en casos particulares. Por ejemplo, si los familiares o un colectivo de abogado se encargan de representar a la familia de una de las personas que resultó muerta en las manifestaciones, ahí comenzaría el proceso”, dice Jaramillo.

Asegura que en el futuro “lo que puede pasar es que si la Fiscalía no se decide a investigar el caso, eso nos acerca más a un proceso en la Comisión, además podrían condenar al Estado no solo porque se presume que da la orden, sino porque hay negligencia a la hora de investigar cómo pasó, de hecho, con las víctimas de la UP o en el caso de Jineth Bedoya. Eso depende de la reacción de las víctimas y del Estado para administrar justicia”.

En ese sentido, Jorge Iván Cuervo aclara que “para ir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, las personas deben agotar los recursos internos, es decir, demostrar que pidieron justicia en el país y que el Estado la negó, eso se va a saber en unos años cuando las víctimas de lesiones oculares o los muchachos que murieron, si encuentran que no avanzaron los casos, van a ir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Pero serían 4 o 5 años, directamente no lo pueden hacer y cuando llegue ese momento el informe de la CIDH puede ser tenido en cuenta como un elemento más”.

Por último, llama la atención la negativa del gobierno para aceptar el Mecanismo Especial de seguimiento en materia de derechos humanos propuesto por la CIDH, un mecanismo que incluso llegó a generar un enfrentamiento entre la canciller, Marta Lucía Ramírez, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Según Jaramillo, “la Comisión no emite decisiones vinculantes, todo es si el Estado quiere y respalda eso. La verificación es para que exista confianza entre las partes, hay procesos sensibles donde no hay confianza, hay gente que cree que hay negligencia en la Fiscalía o en la Procuraduría, como no existe suficiente confianza el monitoreo busca garantizar que las instituciones den garantías, un seguimiento más que todo, aquí se ha leído como una imposición, pero no lo es”.

Sin embargo, Jorge Iván Cuervo asegura que este mecanismo está conformado como un comité de expertos que la comisión implementa y no necesita la aprobación de los Estados para su desarrollo. “En Nicaragua se aprobó un mecanismo de esa naturaleza que estuvo seis meses, rechazarlo no implica que no funcione y lo que hace ese comité de expertos es un monitoreo permanente. Puede incluso que no venga a Colombia, pero habilita canales de interlocución, denuncias y en este tiempo no es tan difícil. Eso va a incomodar al gobierno y seguramente ese comité que va a hacer una mirada más puntual sobre el tema de la protesta sacará un informe mucho más detallado sobre recomendaciones muy técnicas. Por ejemplo, frente a la diferencia de cifras de ONG’s, organismos de control y gobierno, ese comité puede decir que el mecanismo de monitoreo que tiene el Estado es inadecuado de forma contundente”.

BOGOTÁ (Colprensa).