Evitan desalojo de más de 400 campesinos víctimas del conflicto armado

Las tierras harían parte de un proceso de reparación a víctimas del conflicto armado, por lo que el proceso de desalojo no podría realizarse, hasta no aclarar la situación.  

El gobierno departamental, defensores de Derechos Humanos y agentes del Ministerio Público, evitaron que, en el municipio de Santa Ana, se adelantara el presunto atropello y vulneración de derechos a más de 400 víctimas del conflicto armado.

Se trata de los siete predios de los que iban a ser desalojados más de 400 personas en el área rural del municipio ubicado al sur del Magdalena.

Los trabajadores del campo ocupan unos predios que estaban totalmente abandonados y que explotan económicamente como señores y dueños desde hace aproximadamente 6 años.; allí tienen sembrados productos como maíz, yuca, plátano, ahuyama, entre otros.

Gran parte de esas tierras tiene medida cautelar por despojo, por lo que harían parte de un proceso de atención a víctimas del conflicto armado.

A la diligencia que era liderada por la Inspección Local de Policía y el alcalde de Santa Ana, Willman Bermúdez, asistieron delegados de la Procuraduría General de la Nación, Restitución de Tierras, Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Magdalena, en cabeza del secretario del Interior, Adolfo Bula, quienes evitaron que se adelantara el presunto atropello a las comunidades.

“El Alcalde al parecer tiene muchas ganas de desalojar a estas comunidades, nunca lo hemos visto preocupado por nuestra situación, trayendo oferta institucional a la comunidad, por el contrario lideraba este fallido desalojo”, dijo Mario Benítez, miembro de la comunidad.

Según varios campesinos, “la medida de desalojo, al parecer, no tuvo en cuenta que algunos predios se encuentran con medidas cautelares porque hacen parte de un proceso victimizante. Esto podría revictimizar a los campesinos que trabajan esos predios que estaban enmontados”.

“Por ejemplo, el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No 226-7990 tiene 400 hectáreas. Aparece como propietario Salomón Ribon Castro, con cédula de ciudadanía No17.844.513. La medida cautelar cautelar de esta propiedad es la No 0482/2015 y hace parte de un proceso de víctimas”, añadió uno de los afectados.

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