Militares simulaban combates para legalizar la muertes de jóvenes

Ocultar las identidades de sus víctimas, alterar sus documentos y simular combates, fueron algunas de las conductas que realizaron los 15 militares imputados, este jueves, por falsos positivos para encubrirse. Además, engañaron y asesinaron a personas con discapacidad y población vulnerable entre 2002 y 2005. 

“Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte, debido a su marginalidad”, dice una de las frases del extenso auto de 397 páginas revelado por la JEP, en donde retrata las conductas de los hoy imputados.

Es decir, de los tenientes coronel Julio Hernán Mejía, comandante del batallón ‘La Popa’ entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa, quien lo sucedió entre 2004 y 2005, como autores. Además de los mayores José Pastor Ruiz, Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez; los sargentos primero Efraín Andrade, Manuel Valentín Padilla y el teniente Carlos Andrés Lora.

Bajo esta misma línea fueron imputados el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda, el subteniente Elkin Leonardo Burgos, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado.

Conductas que tienen relación con el asesinato de por lo menos 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira en estado de indefensión, y que fueron presentadas como bajas en combate entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Crímenes por los que fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el código penal colombiano, así como los crímenes de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.

SE APROVECHARON DE LOS MÁS VULNERABLES 

La Sala de Reconocimiento estableció que los asesinatos y las desapariciones forzadas ocurrieron dentro de un plan criminal que estuvo marcado por dos patrones macrocriminales.

El primero indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común, sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno y en medio de una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares de la zona.

Este patrón operaba bajo una lógica contrainsurgente, en el que se justificó la muerte de personas señaladas de pertenecer al ‘el enemigo’ en eventos fuera de combate. Es decir, que las víctimas eran entregadas por las AUC o por guías e informantes a efectivos del batallón que los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla y luego los asesinaban.

Ese fue el caso de Nohemí Esther Pacheco, una niña indígena de 13 años, el 9 de febrero de 2005, a quien el Ejército la presentó como guerrillera muerta en combate. Esto, según el auto, luego de que un grupo de militares acordara presentar un resultado ilegítimo, comprando incluso las armas que le plantearían a la víctima en Valledupar.

FINGÍAN COMBATES 

Los militares imputados recurrieron al encubrimiento de sus actos a través de la alteración de la escena del crimen, el ocultamiento de la identidad de las víctimas, la transformación en su vestuario, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamiento de cadáveres sin respeto por la cadena de custodia

La JEP reveló, con base en recopilaciones de la Procuraduría, que los perpetradores hacían disparar a las víctimas y alteraban documentos de carácter militar como misiones tácticas, órdenes de operaciones, anexos de inteligencia, informes de patrullaje y actas de gasto de munición. También ejercían presiones sobre testigos.

Al igual que, según este auto, en varios casos se obtuvieron elementos de intendencia que serían empleados en el montaje de la escena del supuesto combate y que, en algunos casos, se hacían colectas entre los miembros de la tropa para comprar dichos materiales.

Entre estos hechos se encuentra el asesinato de Joaquín Contreras Romero, de 42 años, quien salió de su casa vestido con un pantalón azul y una camisa beige, y cuando fue retenido y asesinado apareció con un pantalón camuflado, un pasamontañas, una camisa gris, unas botas pantaneras, dos brazaletes del ELN y una mochila con explosivos, una escopeta calibre 12 y un revolver calibre 38.

¿QUÉ PASARÁ AHORA? 

Tras esta imputación, que está reflejada en un auto que explica a los imputados los delitos por los cuales son investigados, los militares tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos de manera escrita.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de Reconocimiento, la cual contará con la participación de las víctimas.

Las imputaciones en el batallón de Artillería No 2 ‘La Popa’ hacen parte del primer auto que se relaciona con el subcaso Costa Caribe, en el cual de las 127 personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, 58 fueron investigados en la justicia penal ordinaria y 13 permanecieron en la Justicia Penal Militar.

En los siguientes autos que se esperan, se investigará lo ocurrido en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Casanare y el Caribe.

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