Empresas aportarán $10,5 billones en la reforma tributaria

Además, se les impone a las entidades del Estado la obligación de reducir sus gastos en viáticos, papelería, impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles hasta en un 50% en relación con lo ejecutado en 2019, más los ajustes por inflación. 

El Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de ley de inversión social, una reforma tributaria que será la tercera en la administración de Iván Duque y la número trece de este siglo.

El recaudo esperado de esta nueva propuesta es de $15,2 billones, con los que se le dará continuidad a programas sociales, como Ingreso Solidario y el Paef, y se empezarán a poner en orden las finanzas de la Nación, especialmente, luego de un año en el que fue necesario implementar una política pública expansionista por la pandemia.

Después de tener que retirar la reforma que presentó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el actual jefe de la cartera, José Manuel Restrepo, se centró en llegar a consensos que hagan más oportuna políticamente esta propuesta tributaria en medio de la recuperación económica y que, en ese sentido, la lleven a buen término en su paso por el Congreso de la República.

Uno de los puntos más importantes de este proyecto es que no se implementarán impuestos que afecten a las personas naturales, un punto que dista con lo que planteó Carrasquilla.

Esta vez, el grupo económico del Gobierno no incluyó impuestos que cambien la estructura del IVA, puntos relacionados con el aumento de la base del impuesto de renta a las personas naturales, ni cambios en la tributación de los pensionados.

Por el contrario, y en línea con las propuestas de la Andi y del Consejo Gremial Nacional (CGN), la cartera optó por apelar a la solidaridad empresarial.

Así, se planteó aumentar la tarifa de renta corporativa a 35%. El ministro Restrepo dijo a LR que esta será una fuente permanente de recursos de la que se espera un recaudo de $6,7 billones. Sin embargo, este nivel de tributación empresarial es de los más altos dentro de los países de la Ocde.

De hecho, Felipe Klein, economista de BNP Paribas en Colombia y Chile, señaló que es probable que dentro de los debates en el Congreso se solicite excluir a las pequeñas empresas del aumento de la tarifa.

En esta misma línea, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anotó que si bien el proyecto de ley va en la dirección correcta, la tasa corporativa debería ser diferencial.

“Los nuevos tributos van a recaer en un número considerable de empresas. Esperamos que en el articulado se pueda incluir la tasa diferencial de renta, no a 35% para Mipyme, como lo había prometido el Gobierno”, dijo.

En el impuesto de renta corporativa también se mantendrá la sobretasa de tres puntos porcentuales al sector financiero. Esta es una medida transitoria que, de ser aprobada, se mantendrá hasta 2025 y generará un recaudo de $392.000 millones.

Otro de los impuestos corporativos estipulados en el proyecto es el que mantiene el descuento del ICA en 50%, y no en 100% como se planteó en la Ley de Crecimiento de 2019, generando así un recaudo adicional de $3,9 billones.

Además, a través de la normalización tributaria se recaudarán otros $760.000 millones, una medida con la que se busca regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.

Dentro del articulado también se espera que el Gobierno incluya un punto que reduzca la tarifa la retención en la fuente para los tenedores de bonos extranjeros, de 5% a 0%, con el fin de atraer inversionistas al mercado de deuda pública.

IMPUESTO AL PATRIMONIO 

El jefe de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que dentro del proyecto de Inversión Social no se mantendrá el impuesto al patrimonio, pues este se considera antitécnico.

“Es un impuesto que ha sido de carácter temporal pero se ha convertido prácticamente en definitivo, es antitécnico, es un impuesto que existe en muy pocas naciones en el mundo. En la medida en la cual se convierte en permanente, puede ir deteriorando y destruyendo la construcción de riqueza”, dijo.

 CONTRA LA EVASIÓN 

Uno de los mecanismos principales que utilizará el Gobierno para incrementar el recaudo en los próximos años será disminuir la evasión tributaria. Según cifras de la Dian, los impuestos de renta y de IVA presentan un hueco que asciende a cerca del 4 por ciento, por lo cual es necesario incorporar medidas que faciliten las labores de fiscalización.

En total, el Gobierno espera recaudar en la reforma tributaria que acaba de radicar en el Congreso unos 2,7 billones a través de la lucha contra la evasión.

La reforma incluye en el segundo capítulo del articulado un conjunto de medidas para impulsar la gestión de control de la Dian mediante mecanismos adicionales que le permitirán a la entidad ser más eficiente en el control de la evasión.

En ese sentido, el Registro Único Tributario (RUT) y la factura electrónica serán claves. Además, se crearán incentivos, medidas coercitivas y mayores facultades de la administración tributaria para poder inscribir a las personas en el RUT y encontrar a los evasores.

Facultad para facturar impuesto de renta 

Se propone la incorporación de un mecanismo de facturación del impuesto de renta que se hará a partir de la información validada por medio de la factura electrónica y la información exógena tributaria.

Sumado a ello estará la facultad de la Dian para inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural. Con ello, se podrá conocer los resultados económicos de sus actividades y, por ende, controlar el aporte que deban realizar los posibles evasores al Estado.

Lo anterior permitirá reducir los costos a los ciudadanos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, disminuir la evasión, elevar los niveles de recaudo y agilizar los procesos de cobro.

En el proyecto de ley también se indica que se impulsará la factura electrónica y que será considerada como un título valor que circula en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. También aparece ya la figura del Radian.

En concreto, se indica que las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita la expedición y entrega de la factura electrónica de venta por parte de los usuarios al consumidor final.

LOS INMUEBLES 

Georreferenciación y valor real de inmuebles 

En el proyecto de ley se buscará eliminar la práctica del subregistro o subvaloración en la venta de inmuebles y que los notarios sean sancionados en el caso de no enviar o hacerlo de manera errónea o extemporáneamente la información relacionada con el valor comercial de los bienes.

Para ello, la Dian establecerá un sistema de georreferenciación mediante el cual se podrá determinar el valor comercial en la venta de predios.

Los notarios deberán usar este sistema e informar tanto a los contribuyentes como a la Dian si la venta del inmueble se hace por debajo del 85 por ciento del valor comercial, como está previsto actualmente. De lo contrario, estarán sujetos a sanciones.

COLPRENSA

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