Corte Suprema aún tiene competencia de juzgar aforados

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El procurador le pidió al Gobierno y a Judicatura implementar la doble instancia en el alto tribunal.

 

La Corte Suprema de Justicia se resiste a que los altos aforados de la Nación, entre ellos los congresistas tengan doble instancia ante ese tribunal. La Corte siempre se ha mostrado renuente a ello, por lo que ayer

el procurador general de la Nación Fernando Carrillo le envió un mensaje al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura un mensaje urgente, en el que pide que se implemente de manera inmediata la doble instancia en procesos contra aforados en la Corte Supremas de Justicia.

El 18 de enero pasado, entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2018 que creó las salas de investigación y juzgamiento, y el derecho a impugnar los fallos condenatorios.

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“La Sala Penal no pierde la competencia para continuar con los procesos que tramita actualmente como parte de esta lucha contra la corrupción, y así la mantendrá hasta tanto se implemente y ponga en marcha el nuevo esquema institucional, que debe entrar en funcionamiento a la mayor brevedad posible”, advirtió el Procurador General.

Para Carrillo Flórez es apremiante que la Judicatura abra las 9 convocatorias para proveer los cargos que creó el Acto Legislativo, para la puesta en marcha de las salas de instrucción y de juzgamiento.

La Procuraduría afirmó que seguirá ejerciendo su función de Ministerio Público y garante de los derechos en los más de 460 procesos contra aforados en los que interviene.

Esta semana el Congreso promulgó un acto legislativo que establece la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas y otros aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Se establece la creación de una sala nueva en el interior de dicho alto tribunal, la cual se encargará de conocer en primera instancia los procesos, dejando a la Sala Penal con la responsabilidad de conocerlos en segunda instancia.

Por el principio de favorabilidad, que establece que si una norma nueva es más favorable que la que fue aplicada en el momento a algún procesado, esta también lo cobija, se abrió un debate jurídico para establecer si esta norma va a cobijar a excongresistas ya condenados por casos de parapolítica, de corrupción y de otros delitos.

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