Ante la Corte, presentan demanda para ampliar periodo de Comisión de la Verdad

La Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentaron ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017, que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la Comisión de la Verdad.

Las organizaciones aseguran que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia y que, desde que Colombia entró en emergencia sanitaria, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha visto profundamente afectado.

«La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.

La demanda fue admitida por la Corte, corporación que tendrá que analizar los argumentos de las entidades, quienes aseguran que estos tres años de trabajo de la Comisión, deben ser efectivos para cumplir con lo dispuesto en el acuerdo, lo cual “la pandemia ha impedido”.

Las Corporaciones argumentan que la Comisión de la Verdad, solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40% de su periodo, «el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades».

Los demandantes aseguran que si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición.

Agregan que la pandemia ha dificultado la recolección de información, por cuanto hay zonas rurales en donde ocurrieron hechos graves de conflicto, que no tienen acceso a internet y hay zonas como las cárceles donde ha sido imposible recoger los testimonios.

Gloria Elcy Ramírez, una de las demandantes y representante de Asovida aseguró que: “A algunas personas del municipio (Granada, Antioquia) se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”.

De otro lado Edgar Bermúdez, representante de Percadi y uno de los demandantes dijo que, “si queremos cumplir el mandato de que las víctimas somos el centro, como se dijo en los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional debería contemplar esta demanda para que la Comisión pueda hacer un informe contundente, enriquecido por todas las víctimas del conflicto”.

La Corte Constitucional deberá estudiar los artículos demandados y con ello emitir un concepto sobre la continuación de la Comisión.

“Una posibilidad para calcular ese tiempo adicional es tener en cuenta el periodo de un año y dos meses comprendido desde el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica”, aseguran los demandantes.

Cabe mencionar que, sobre este tema, el Consejo de Estado emitió un concepto hace pocos días, bajo el argumento de que el periodo de tres años contemplado por el Decreto 588 no tuvo en cuenta el tiempo que necesita la Comisión de la Verdad para socializar el informe final con la ciudadanía, ni el tiempo necesario para liquidar correctamente la institución.

BOGOTÁ (Colprensa).